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• Esta es la Ley 1712 de 2014: de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• La norma establece que todas las entidades del Estado estarán obligadas a contarles a los ciudadanos qué están haciendo.
• Lucha anticorrupción implica difundir cultura de la legalidad desde el colegio y los hogares, señaló el presidente Juan Manuel Santos.

“Tener fácil acceso a la información permite la realización del derecho a la igualdad y es un instrumento para combatir la corrupción, porque permite que la información sobre proyectos de desarrollo, préstamos, convocatorias, licitaciones, pliegos de condiciones, concursos de méritos, presupuestos y ejecuciones presupuestales, agendas oficiales, decisiones gubernamentales, becas, esté oportunamente disponible en páginas web de las entidades públicas y deje de ser un privilegio de quienes son cercanos a la administración. La única restricción aceptada universalmente al derecho de acceso a la información pública es que se ponga en riesgo la seguridad nacional o se amenace el derecho a la intimidad de las personas. La ley exige que los documentos que constituyen “reserva”, previamente deben ser señalados como tales y no cuando los ciudadanos o los periodistas los soliciten, como argucia para impedir el cumplimiento de un derecho fundamental”: Autor: Jorge Alberto Velásquez Betancur / http://www.elmundo.com/ 13 de Junio de 2013.

El presidente Juan Manuel Santos afirmó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por él sancionada el pasado jueves, es “verdaderamente revolucionaria” y constituye “un paso más en la lucha” contra la corrupción. Es una norma que unifica las diferentes garantías que se han logrado en las cortes Constitucional e Interamericana de Derechos Humanos.

El mandatario durante el acto cumplido en la Casa de Nariño sostuvo que la información “es un derecho, no un privilegio. Por eso los ciudadanos ya no tendrán que acercarse a pedir la información, sino que el Estado estará en la obligación de brindársela”. Este logro se debe gracias a la alianza Más Información, Más Derechos, grupo de la sociedad civil conformado actualmente por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Transparencia por Colombia, Dejusticia, el Proyecto Antonio Nariño y Corporación Ocasa.

El presidente Santos agregó que “la ley es garantista para todas las personas y tiene los “dientes” necesarios para garantizar el acceso a la información”. Explicó que de acuerdo con la norma se invierte la carga de la prueba en favor del ciudadano, “quien ya no tendrá que explicar por qué requiere información del Estado –algo inaudito pues ¡ese es precisamente su derecho!–, sino serán los funcionarios quienes deban justificar si la información es reservada o clasificada, en caso de negarla”.

Subrayó que se termina con “el ‘confunde y reinarás’, pues toda la información deberá entregarse en un lenguaje comprensible para todos –repito: todos– los colombianos”.

También aseveró que con la ley “los órganos de control, los partidos políticos, los movimientos significativos de ciudadanos, los contratistas del Estado y las prestadoras de servicios públicos –y todo aquel particular que gestione recursos públicos, como las cámaras de comercio o las EPS– TAMBIÉN estarán obligados a brindar información”. Es decir que gracias a ese trabajo pudieron lograrse avances importantes, como la claridad sobre quiénes deben entregar información. No sólo serán todas las entidades del Estado, sino los privados que presten servicios públicos, los contratistas del Estado, los partidos políticos y los movimientos significativos de ciudadanos. Todos ellos llegaron a negar información muchas veces bajo el argumento de que no estaban obligados a hacerlo.

El jefe de Estado afirmó que “una ley de esta naturaleza, además de reconocer los derechos de los ciudadanos, también les impone el deber de ayudarnos a cuidar los recursos de todos”. E insistió en que la batalla contra la corrupción no solo compete al Estado y “es urgente que la sociedad esté comprometida a todo nivel con la erradicación de todas las prácticas de corrupción”. Es “una lucha que implica también difundir la cultura de la legalidad desde el colegio, desde los hogares, y fomentar la participación de la comunidad”, concluyó el Presidente.

“Este triunfo de la sociedad civil no puede quedarse en el papel. Las entidades encargadas de reglamentar, de aplicar las garantías y de poner en marcha esta norma deben pisar el acelerador para que los obligados a entregar información cumplan desde el primer día de vigencia de la ley dentro de seis meses para el nivel nacional y un año para el territorial” editorializó Elespectador.com. La exigencia se debe a que pese a la existencia de mecanismos legales aparentemente efectivos como el Derecho de Petición, contemplado en el Decreto Ley 01 de 1984 y modificado por la Ley 1437 de 2011, los ciudadanos y los periodistas todavía encuentran muchas trabas para acceder a la información, por acciones y omisiones de los funcionarios que interpretan la norma a su manera o dilatan el cumplimiento de las solicitudes presentadas, para que finalmente tenga que recurrirse a la Acción de Tutela por vulneración del derecho a la información o por incumplimiento del debido proceso.

LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 by Alfonso Jose Luna Geller