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Unicauca y el Naya

El viernes 13 febrero, 2015 a las 4:32 pm
Felipe Solarte Nates

Por: Felipe Solarte Nates

Leyendo el completo informe del periodista egresado de Unicauca, Edison Bolaños, publicado en El Nuevo Liberal, el lunes de febrero, donde el fallo del Consejo de Estado despoja a la Universidad del Cauca de 97.000 hectáreas, que desde el siglo XIX le había cedido el libertador Simón Bolívar y fueron legalizadas en 1937, parece no tener reversa y evidencia las limitaciones institucionales, administrativas, de planeación, académicas, jurídicas, de dotación en infraestructura y proyectos de investigación, entre otras carencias, que predominaron en la casi bicentenaria institución de educación superior durante el siglo XX e inicios de este milenio, cuando con algunos programas académicos de regionalización en Santander de Quilichao, Miranda y otros municipios del sur y la costa pacífica del Cauca, inició la descentralización, saliendo del centro histórico de Popayán, donde estuvo enclaustrada, más viviendo de las glorias de los numerosos presidentes del país feudal que pasaron por sus aulas, que de la mediocre realidad.

La errónea estrategia jurídica para defender los derechos de la universidad, más enfocada a argucias leguleyas -algunas propias de tinterillos, fáciles de controvertir y desvirtuar- que a un serio análisis constitucional, socioeconómico e histórico y el no tener en cuenta el novedoso ordenamiento trazado por la Constitución del 91, más enfocado a satisfacer reivindicaciones de las comunidades marginadas, como los afros e indígenas, contribuyeron a que el Consejo de Estado concediera los derechos de propiedad al Consejo Comunitario del Naya, en representación de comunidades afrodescendientes desperdigadas en la vasta región desde el siglo XVII, sin que la universidad ejerciera sus derechos y funciones de propietario.

Fue vergonzoso para una institución con una Facultad de Derecho orgullosa de su tradición y antiguos maestros, el alegar que “no es cierto que exista una falta de explotación minera, así como también, emprendimientos tecnológicos”, refiriéndose a una que otra mina legal y a las numerosas ilegales explotadas en el territorio en cuestión desde décadas atrás por particulares, sin conocimiento de las directivas universitarias y “así como emprendimientos y trabajos de apoyo a la comunidad”, aludiendo a la reciente instalación de la tecnología Wifi, para facilitar la comunicación por internet y a ‘futuros’ proyectos forestales.

Unicauca y El Naya

También se vio ridículo el defender los derechos de propiedad de la universidad argumentando que “en caso de que se considerara que no ha habido explotación económica del bien, ello está excusado porque es difícil la situación de orden público en la zona, hecho que constituye una causa de fuerza mayor que impide que se prosiga con la extinción de dominio”. A este pobre alegato en la entrevista concedida a El Nuevo Liberal, el magistrado Danilo Rojas Betancourt, ponente del fallo respondió: “pero nosotros constatamos que esa situación de orden público, más que a la Universidad a quienes afectó realmente fue a las comunidades afrodescendientes que aquí están asentadas”.

Al argumentar que ya era caso juzgado por fallo a favor de la Universidad, proferido por el Consejo de Estado en 1976 y que se le violó el debido proceso, “al no notificársele sobre la diligencia técnica que adelantó desde el 2005 la UNAT, para verificar la explotación de las tierras”, el magistrado Rojas declaró: “si en el proceso del año 76 el Consejo de Estado pudo fallar a favor de la universidad, ésta debió asegurarse de la explotación de esos terrenos con base en la tesis constitucional de la función social de la propiedad. La Universidad no demostró que hubiese hecho esa explotación, en cambio sí quedó demostrado que la comunidad afrodescendiente que puebla la zona sí está haciendo esa explotación”. Además, el abogado de Unicauca, teniendo la posibilidad de alegar la extinción de dominio no lo hizo, sino hasta quedar en firme la resolución expedida por Incoder, por lo que no hubo violación del debido proceso.

En fin, ni ante tribunales nacionales e internacionales parece tener futuro el alegato de la universidad por recuperar las tierras del Naya; pero según algunos profesores, tanto las directivas y estamentos universitarios, las autoridades departamentales y municipales, los congresistas caucanos y los gremios empresariales y sociales deben unirse para exigirle al gobierno nacional en contraprestación por el despojo de las 97.000 hectáreas, mayor presupuesto para la Universidad del Cauca, enfocado a desarrollar proyectos de investigación orientados por doctores, magister y estudiantes de las diferentes facultades, buscando cualificar en el terreno mediante convenio con universidades nacionales y extranjeras, al personal vinculado en los programas de pre y posgrado de las diferentes carreras que ofrece Unicauca, como Ciencias naturales y biológicas y ambientales que estudien los ecosistemas y conozcan el potencial agrícola, farmacéutico e industrial de las numerosas especies vegetales vinculando los programas de ciencias agropecuarias. También en Ingenierías: civil, electrónica y telemática; Ciencias de la educación, Comunicación, Geografía, Humanidades con antropólogos, historiadores y literatos, practicando en el terreno, etc.

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