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Una reflexión para el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras

El martes 11 junio, 2024 a las 12:04 pm
Una reflexión para el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras

Es muy preocupante la falta de profundidad en los conceptos que enmarcan lo que debe ser una reforma agraria promisoria y eficaz, que lleve bienestar y desarrollo a todos los beneficiarios y al país.

El mandato constitucional de permitir el acceso a la tierra de los trabajadores agrarios es el primer gran interrogante en el sentido que el gobierno y la ANT confunden los trabajadores agrarios con los pobladores rurales; prueba de ello es la instalación de mesas interétnicas en el norte del Cauca para que se pongan de acuerdo en la repartición de las haciendas compradas La Emperatriz y Canaima teniendo por entendido que la reforma nada tiene que ver con diferencias raciales y territoriales de un entorno rural.

Los trabajadores agrarios, como estipula la Constitución, los encontramos en las cadenas productivas del café, maíz, cereales como el arroz, frutas, hortalizas y actividades pecuarias, como la producción de leche, carne, la avicultura y porcicultura, para poner unos ejemplos.

Los pobladores rurales no siempre tienen actividades pecuarias y, por el contrario, se dedican a actividades diversas como jornaleros de construcción, trasporte, comercio, informalidad, etc. y solo 2 de cada 10 habitantes rurales se dedican a labores agrícolas y pecuarias en general.

Esta falta de análisis conceptual, sumado a traer un conflicto interétnico territorial para resolverlo con la entrega de tierras destinadas a la reforma agraria, no puede convertirse en los objetivos primarios de una reforma agraria efectiva y próspera, que los campesinos esperan con ansiedad.

De otro lado, la lucha por el territorio por parte de indígenas y los consejos comunitarios afros, es eminentemente orientada y focalizada en principios de “hábitat-ancestralidad”, con elementos culturales y tradicionales de preexistencia y ocupación de espacios territoriales que les garantizan su permanecía allí, sin que esto tenga que ver ni garantice que se trata de trabajadores agrarios como lo establece la Constitución. Por lo tanto, la entrega de tierras debe estar libre de presiones y opiniones de resolución de conflictos y orientarla a los verdaderos propósitos de producción de alimentos y bienestar derivados de estas actividades productivas, por lo menos, es lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo aprobado pue el Congreso, y que es ley de la república.

El desespero del gobierno de cumplir la meta de entregar y comprar 500 mil hectáreas en este año, está inmerso en estos interrogantes catastróficos conceptuales y compromisos políticos que garantizan un rotundo fracaso de lo que se entiende por una verdadera Reforma Agraria Integral y productiva y los verdaderos actores que deben participar y beneficiarse de esta política pública con el espíritu constitucional.

La reforma agraria nada tiene que ver con la liberación de la madre tierra. Esta corresponde a narrativas de deudas históricas de desplazamiento, por la Conquista y la Colonia a los habitantes preexistentes al Descubrimiento.

De otro lado, la política pública indígena está concentrada en centro de poder y de decisión en Bogotá, en el Ministerio del Interior (jefatura de asuntos indígenas y étnicos) que se canalizan a través de la compra de tierras para creación, ampliación, y saneamiento de resguardos y la constitución de consejos comunitarios en firma de propiedad colectiva.

Solamente en norte del Cauca en los dos últimos gobiernos se adquirieron predios importantes para estos fines en Corcovado, Barrancón, Guadualito, Nuevo México, La Pirinola, Gualanday, La Emperatriz, Canaima, La Esmeralda, y otras en trámite de compra, sin que corresponda ninguna a temas de reforma agraria y por el contrario, a aspectos étnicos territoriales con el protagonismo de la Agencia Nacional de Tierras que autoriza a las comunidades para adelantar los procedimientos de oferta voluntaria no libre de presiones, identificación de predios, estudio de títulos hasta la compra, tal como sucedió en las últimas negociaciones, que nada tienen que ver con la reforma agraria ni la producción de alimentos sino con la creación de inmensos territorios étnicos abandonados e improductivos.

Si continuamos por este camino, no me desprendería que el Cauca sea el pago de las tales deudas históricas ancestrales, con la excusa de una reforma agraria tal como lo predican los ministerios de la Igualdad y de Agricultura, pero todos sabemos que los compromisos políticos de permanecer en el gobierno pueden más que lo que debería ser la verdadera reforma agraria que necesita nuestro país. Los privilegios étnicos desdibujan totalmente al verdadero campesino, lo vulneran y segregan de todos los derechos que pregona nuestra Constitución.

Para terminar, lo más grave y significativo es que nadie lo dice, nadie lo analiza, nadie lo discute ni nadie se opone a esta absurda política, la lucha gremial no debe enfocarse solo a la defensa de la propiedad; así se llene el territorio de fuerza pública y fiscales no cambiará la equivocada política pública, ni la voluntad política de favorecer a aliados electorales indígenas.

Nunca antes había tanto presupuesto ni tantos recursos dilapidados en un engaño revestido del cambio social, de equidad y justicia social y de información periodística que no tiene ni idea de los efectos catastróficos a que estamos sometidos.

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