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Una mirada crítica del acuerdo sobre participación política entre el gobierno y las FARC

El viernes 8 noviembre, 2013 a las 7:15 am

¿“NUEVA APERTURA DEMOCRÁTICA” O CONTENCIÓN DE LA INCONFORMIDAD POPULAR?

paro

Por Fernando Dorado Gómez – Popayán, 7 de noviembre de 2013

Las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC presentan un importante avance en el tema de la participación política. La delegación del gobierno lo presenta como una “nueva apertura democrática” y el comandante insurgente Iván Márquez afirma que “el acuerdo anunciado nos coloca a los colombianos en la posibilidad de abrir las puertas de una verdadera democracia”[1].

Es una buena noticia que el proceso de Paz entre en una fase irreversible. Que las FARC decidan desmovilizarse y ejercer su acción política sin recurrir a las armas, es una nueva y buena circunstancia para el fortalecimiento del movimiento popular (social y político). La oligarquía ya no va a tener la excusa de los “infiltrados subversivos” para reprimir y asesinar a los dirigentes populares, aunque seguramente lo seguirá haciendo.

El grueso de los acuerdos pactados va en la dirección de ampliar los espacios de participación política y ciudadana. Se aprueba crear circunscripciones electorales especiales para que la población de las zonas afectadas por el conflicto armado pueda elegir sus representantes a la Cámara de Representantes, un Estatuto para ejercer la oposición política, y otras medidas dirigidas a garantizar la participación política de los movimientos sociales y de la ciudadanía en general. Se plantea una reforma en el sistema electoral y acceso a los medios de comunicación para los proyectos políticos que surjan del proceso de Paz.

Todo lo pactado hace parte de las reivindicaciones políticas que el movimiento popular colombiano ha planteado desde los tiempos de Rafael Uribe Uribe (1914) y Jorge Eliécer Gaitán (1948). Sin embargo, cabe preguntarse ¿por qué en este instante la burguesía colombiana está dispuesta a concederlas?

Dicha pregunta se plantea no con el ánimo de rechazar los cambios y transformaciones que en el marco de la democracia formal (burguesa) se puedan concretar, sino para tratar de ir más allá, de alertar sobre la posibilidad de que nos ilusionemos con dichos cambios y creamos ingenuamente que la burguesía los concede sin ningún interés.

En el acuerdo se dice: “En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada.” Y más arriba señala: “Al respecto, en el texto se dice que las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana. Se busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación.”[2]

Es bien evidente que la burguesía colombiana aspira a canalizar la inconformidad popular hacia la institucionalidad democrática. En su intervención Humberto de La Calle Lombana plantea que se trata de “lograr que la garantía del derecho a la protesta no implique el menoscabo de los derechos de quienes no participan en ella”[3]. Esa es la esencia de un proyecto de “domesticación” de la protesta popular, de encauzarla hacia los derechos y deberes que traza – y controla – la democracia burguesa.

¿A qué viene lo anterior? Los grandes capitalistas nacionales y extranjeros (burguesía transnacionalizada) saben que la crisis económica global los está obligando a profundizar la política neoliberal en Colombia. El modelo neoliberal de segunda generación – que se ha aplicado en el Sudeste Asiático[4] – es lo que está diseñado para ser aplicado en nuestro país.

Las grandes transnacionales capitalistas vienen por todo. El territorio, petróleo, oro, coltán, biodiversidad, turismo, mercado interno, aguas, energía eléctrica, servicios públicos y demás. El despojo de tierras, la des-territorialización de pueblos y comunidades y la súper-explotación de los trabajadores están a la orden del día. La tercerización de las relaciones laborales, la desvalorización de la fuerza de trabajo y el impulso de “sindicatos propositivos” controlados por los empresarios (ej. UTEN[5]), serán sus herramientas.

Las engañosas y ventajosas “asociaciones productivas” entre pequeños productores y grandes empresarios siguiendo los modelos de Smurfit Kappa (Cartón de Colombia) e Indupalma para la producción de agro-combustibles (caña de azúcar, palma africana, soja, maíz, etc.) y cultivos forestales, están entre las fórmulas preferidas por el gran capital para ser implementadas en el campo.

Para realizar el conjunto de ésta política económica la burguesía transnacionalizada ya ha creado las condiciones óptimas por medio de la aprobación de los TLCs con innumerables países, principalmente con los EE.UU. y la Comunidad Europea (CE). Ellos sabían que la quiebra de los caficultores, paperos, lecheros, arroceros y demás productores agropecuarios, era un mal necesario. Estaba en sus cálculos porque es una de las formas de despejar el territorio y de garantizarse los nuevos “socios” para el nuevo modelo.

Igualmente, aspiran a integrar al mercado de tierras y a los procesos productivos de “nueva generación”, a todos aquellos colonos y campesinos medios y ricos que en zonas de colonización han logrado acumular ciertos capitales provenientes de la economía del narcotráfico. Para este sector no tienen inconvenientes en diseñar una etapa de transición que está contemplada en los acuerdos de La Habana para el “desarrollo rural integrado”. Definitivamente vienen por todo.

Y es que en el marco de lo que ocurre a nivel global con el poder omnipotente del capital financiero, los poderes ejecutivos y legislativos formales (e incluso, la justicia), están subordinados a los verdaderos ejes del poder monopolizados por las élites económicas. La burguesía ya se da el lujo de compartir el poder formal con expresiones políticas de los trabajadores (Lula y Rousseff en Brasil), y la pequeña-burguesía (Chávez-Maduro, Correa, Evo, Mujica, Ortega, en los países latinoamericanos), sobre la base de que administren su capitalismo en el marco de la democracia formal.

Sólo los sectores más obtusos y retrógrados de las oligarquías latifundistas de América Latina – entre ellos Uribe – no entienden la nueva política confeccionada por las burguesías transnacionalizadas que se amoldan al cambio de los tiempos, que han aprendido a convivir y negociar con “partidos comunistas” como el de China o con “partidos nacionalistas” como los de Egipto, Túnez y demás países árabes.

En Colombia, al lado de la “Paz” la burguesía necesita fórmulas políticas que le permitan engañar una vez más al pueblo y a los trabajadores. La “nueva apertura democrática” está hecha para adormecer la inconformidad popular como lo hicieron con la Constitución de 1991, en donde se aprobaron en el papel numerosos derechos fundamentales que fueron anulados por la lógica neoliberal que impone los intereses del capital por encima de todo.

Los trabajadores y el pueblo colombiano tenemos de ejemplo lo que está sucediendo con los gobiernos llamados progresistas y revolucionarios de América Latina. Esa experiencia no puede ser obviada. Las insurrecciones populares protagonizadas por los pueblos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, han sido “canalizadas” hacia la institucionalidad democrática (formal y burguesa), quitándoles su filo revolucionario y anti-capitalista. El apoyo popular a partidos de los trabajadores y el pueblo (PT en Brasil; Frente Amplio en Uruguay; peronismo en Argentina) ha terminado por ser encauzado hacia una alianza con la burguesía sin que se ponga en riesgo – para nada – el poder del gran capital financiero.

Lo único que se ha hecho es renegociar algunos contratos con las grandes transnacionales del gas y del petróleo y de esa renta derivar algunos recursos estatales hacia los sectores de la población (política diseñada por los teóricos neoliberales desde la década de los años 90s del siglo XX con el nombre de “programas de transferencias monetarias condicionadas para poblaciones vulnerables”), mejorar los servicios de salud y educación pero sin afectar la lógica capitalista, cooptar a los dirigentes de los movimientos populares para “gestionar la revolución desde arriba” – desde el Estado –, pero a la vez, garantizarle a los capitalistas un alto margen de ganancias sin derrotar el gran latifundio y los grandes monopolios.

En Colombia esa estrategia ya fue implementada al calor de los procesos de Paz de los años 1989 (M-19) y 1990 (EPL, PRT, Quintín Lame). Ya debería ser parte de las “lecciones aprendidas” por los trabajadores y el pueblo. No obstante, el debate ideológico y político se redujo durante estos 22 años a “defender las conquistas de la Constitución de 1991” sin profundizar en el carácter de esa estrategia y del “Estado garantista”.

Ahora, a la sombra del nuevo proceso de Paz con las FARC, la burguesía retoma la misma fórmula, agregándole nuevos ingredientes pero manteniendo su esencia. Se compromete a ampliar los espacios políticos de participación ciudadana para mantener el control. Incluso, es capaz de compartir los escenarios legislativos y de gobiernos locales con fuerzas de “oposición” para hacerle creer a los trabajadores y al pueblo que se ha implementado en Colombia una “nueva apertura democrática”.

Mientras la soberanía nacional esté hipotecada a los intereses de las todopoderosas transnacionales y mientras el gran latifundio sea la herramienta para monopolizar la tierra, no puede haber “verdadera democracia”. Lo que se está implementando es una falsa “apertura democrática” para enfrentar la creciente inconformidad popular que se ha expresado en el año 2013 con importantes movilizaciones populares que hasta ahora son la punta del iceberg de la rebelión de las masas populares en Colombia que se avecina en el próximo futuro.

De todas maneras estamos frente a un nuevo momento político en Colombia. El proceso de Paz entra en una dinámica imparable. El movimiento popular (social y político) va a encontrar mejores condiciones para actuar. Hay que rescatar el sentido de los cambios estructurales. El capitalismo – con todos los retoques que quieran hacerle – no es solución para los trabajadores y el pueblo. De allí la necesidad de agrupar a los revolucionarios para construir un «instrumento político de los trabajadores».

La unificación del movimiento popular sigue siendo la tarea más urgente. La lucha por soberanía nacional, contra el gran latifundio y por la autonomía política de los trabajadores y el pueblo, siguen siendo las banderas que hay que levantar. La falsa democracia burguesa rápidamente va a mostrar su naturaleza autoritaria y dictatorial frente a la rebelión popular que no se va a contentar con “bombones democráticos”.

Nuevos contingentes de luchadores sociales se están levantando en toda América Latina para profundizar los cambios revolucionarios que han sido momentáneamente abortados. En Brasil y Argentina, en Perú y México, los imperios transnacionales del gran capital están siendo enfrentados por nuevos movimientos populares que van a transitar necesariamente hacia caminos anti y post-capitalistas.

Colombia puede entrar en esa fase de la lucha si los trabajadores y el pueblo no caen en la trampa del democratismo de apariencia. El centro de la lucha está en recuperar la soberanía nacional y popular sobre nuestros recursos naturales y derrotar plenamente a la oligarquía imperial.

NOTA: Como todo en la vida, este acuerdo tiene dos caras. Una, es una apertura democrática en el papel que crea posibilidades de participación en el marco de la democracia burguesa. Es un intento de evitar que la insurgencia social se desborde hacia dinámicas revolucionarias anti-oligárquicas y anti-capitalistas. Otra, es a la vez (dialéctica, complejidad no lineal), una conquista popular en aras de ampliar las posibilidades para que el movimiento popular (social y político) pueda organizarse para avanzar hacia caminos realmente transformadores. Es fundamental comprender esa “dualidad”.



[1] Revista Semana. Iván Márquez: “Vamos por una verdadera democracia”: http://www.semana.com/nacion/articulo/ivan-marquez-farc-acuerdo-politica/363709-3

[2] Comunicado conjunto Nº 27. Acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC sobre la participación política de la oposición. Delegaciones de Paz del Gobierno y las FARC-EP

[4] Sudeste Asiático, Sudeste de Asia o Asia Sudoriental es la subregión de Asia situada al sur de China y al este de la India. Suele considerarse parte del Extremo Oriente y los países tienen entre sí cierta unidad cultural e histórica, y comprende dos divisiones: la de Indochina (parte continental) y el Archipiélago malayo (parte insular).

[5] UTEN: Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional. Sindicato patronal surgido de un “contrato colectivo sindical” durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se define a sí mismo como “Sindicalismo Alternativo hacia un nuevo esquema empresarial”. Ha sido utilizado en Puerto Gaitán contra la Unión Sindical Obrera “USO” y se presta a todo tipo de convenios con las empresas transnacionales, entre ellas Pacific Rubiales.

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