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Un nuevo «Día nacional de lucha contra la corrupción», se cumple este martes 18 de agosto: todo sigue igual o peor

El lunes 17 agosto, 2015 a las 11:48 pm
Alfonso J. Luna Geller
Por Alfonso J. Luna Geller

El flagelo de la corrupción en la administración pública está tan arraigado, que ya no se nota, pasa desapercibido, para mucha gente es algo que se volvió normal, no es de interés cívico, aunque sea el ciudadano la víctima directa de las prácticas corruptas. Las organizaciones sociales y los mismos ciudadanos creen que la responsabilidad de control sobre los recursos de todos los habitantes corresponde sólo a alguna entidad del Estado y no es cierto, porque a quien se le está empobreciendo y quien sufre el menoscabo directo en su calidad de vida es precisamente aquel que cree que la adecuada inversión de los dineros públicos es un gran favor de algún esporádico mandatario, gerente o director. Por eso, cuando un medio de comunicación, como Proclama del Cauca, se ha comprometido en revelar el flagelo, el mundo se le ha venido encima y no solo por la reacción de los corruptos, sino por la de algunos ciudadanos que lo justifican por miedo, cuando han vendido su voto, son subalternos, o con el cuento de que quien denuncia tiene de por medio algún interés político de poca monta.

Y como dije, no corresponde de manera exclusiva la vigilancia a instancias del Estado porque, a pesar de que existe infinidad de normas jurídicas que pretenden fiscalizar, el corrupto siempre sabe cómo pasárselas por la faja para burlarlas: cada vez se inventa formas más sofisticadas y sutiles que superan el control legal; y es cuando ése gobernador, alcalde, concejal o diputado, que ha sido puesto en evidencia, reta insolente a que no se le realice control cívico, sino a que se le instauren las denuncias ante organismos competentes, sin tratar mínimamente de explicar su actuación irregular a la ciudadanía; “para eso están los órganos fiscales, disciplinarios o penales”, desafía con cinismo. Esa escapatoria recurrente la esgrime porque sabe de antemano que esas entidades, ajustadas estrictamente a la normatividad, se eternizan en descubrir la maturranga, el desfalco, o simplemente por asuntos “legales” deben archivarlas. Hay suficientes diagnósticos que indican un bajo porcentaje de hallazgos fiscales, sanciones disciplinarias y actuaciones penales contundentes y definitivas. Entonces, sigue la fiesta, o la burla contra las comunidades, si el ciudadano no hace lo que debe hacer para cuidar su propia estabilidad social y la sostenibilidad económica pública. Por lo dicho, y demostrado, el corrupto no le teme a las “ías”, le tiene pavor es al control ciudadano o a los medios de comunicación, por lo que los convierten en su principal enemigo, cuando no los pueden también corromper.

Se pregunta entonces uno: ¿Será que no hay nadie que haga algo para combatir la corrupción? ¿Por qué tanta indiferencia de parte de la ciudadanía? Y me he respondido: porque la comunidad está mal educada, ya no hay instrucción cívica, el ciudadano común no sabe exactamente para qué elige a un alcalde, a un concejal, o a un diputado… Cree, equivocadamente, que el “mandatario” es el que manda, siendo lo contrario. Claro está que el concejal o el diputado generalmente tampoco lo sabe y es entonces cuando debieran operar, por ejemplo, los comités de seguimiento a la inversión de regalías, el rastreo a todas las inversiones que desarrolla el Municipio, la Gobernación, la corporación autónoma, la Lotería, Licorera, Indeportes, y hasta la misma Contraloría, porque según el estudio de ‘Transparencia Departamental y Municipal 2013-2014’, se destaca como “curioso” el hecho de que las contralorías departamentales, que se supone son los organismos de control encargados de velar por la transparencia en el manejo de los recursos públicos de los entes territoriales, tienen en promedio una calificación inferior a las entidades que deben vigilar y controlar.

Frente a este panorama, la conclusión de Transparencia por Colombia no puede ser más pesimista: “Los resultados globales que presentan los Índices de Transparencia de 2015 son preocupantes y encienden las alarmas acerca de la eficacia de una institucionalidad que dice prepararse para afrontar los inmensos retos de transparencia, integridad y anticorrupción, que demandará un manejo acertado del Estado y de la sociedad en general una vez se llegue a la etapa del acuerdo de paz y el llamado postconflicto”.

En Colombia se han dispuesto medios para el fortalecimiento del Estado en aras de evitar la materialización de riesgos de corrupción, que no han servido, según lo demostrado por el estudio de Transparencia. En estas circunstancias, no queda sino la responsabilidad de la sociedad civil para garantizar la efectiva vigilancia y ejecución de los diferentes recursos, a través del voluntariado de juventudes y algunas otras acciones de participación. Pero principalmente, sabiendo a quién y para qué se va a elegir el próximo 25 de octubre, día de la gran oportunidad cívica para contribuir a la eliminación del flagelo de la corrupción y de garantías para el futuro que todos deseamos.

Pero, se me acabó el espacio, hace rato, y lo que quería resaltar es que la Ley 668 de julio de 2001 declaró el 18 de agosto como el Día nacional de lucha contra la corrupción y aunque han transcurrido 14 años, esa “lucha” ha pasado con muy bajo perfil, al parecer producto de la falta de conciencia ciudadana, por eso, debemos permitirnos la reflexión en torno a la importancia de poner en manos de la sociedad civil herramientas que despierten el interés y mejoren las capacidades en la vigilancia del cuidado que las entidades del Estado hacen de los recursos públicos, en procura de cerrarle las puertas al flagelo de la corrupción.

Imposición de medallas de lucha contra la corrupción

Y en desarrollo de ésa Ley, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco y el presidente de la Comisión de Ética, Antonio Navarro Wolff, imponen las medallas de lucha contra la corrupción a las personas que se han destacado en combatir este flagelo en el evento llevado a cabo este martes 18 de agosto, en el salón Boyacá. La medalla «Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción» al dirigente Juan Gómez Martínez y la «Pedro Pascasio Martínez de ética republicana» a Mileidy Panaifo Amia, patrullera de Policía del departamento del Amazonas.

Gómez Martínez se ha desempeñado como profesor universitario, concejal de Medellín y alcalde de esta ciudad, por elección en dos períodos; gobernador de Antioquia, Senador de la República, director del diario El Colombiano; miembro de la Asamblea nacional Constituyente, Ministro de Transporte y Obras Públicas, Embajador ante las Naciones Unidas y la Santa Sede.

Por su parte, Panaifo es una joven comprometida con la realización de actividades culturales y educativas en los barrios de Leticia, destacándose por su desempeño en el grupo institucional de «Prevención y Educación Ciudadana» a través de campañas cívico-infantil y la implementación de la biblioteca móvil o biblio-van.

Reconocimiento especial a los finalistas

El Congreso de la República, a través de las Comisiones de Ética, entrega especial reconocimiento público a cuatro finalistas de la medalla «Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción»; son ellos: Camilo Enciso Vanegas, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República; Karem Labrador Araújo, Directora Ejecutiva de Colombia Líder; Jorge Orlando Rodas Garay, patrullero de Armenia y a la Agencia ITRC, Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector Nacional de tributos, rentas y contribuciones parafiscales del Ministerio de Hacienda.

Los finalistas de la Medalla «Pedro Pascasio Martínez» son: Albeiro Marrugo Padilla, de la universidad de Cartagena y Neider Alegría Ruiz, estudiante de bachillerato de 16 años de edad.

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