Miércoles, 29 de marzo de 2023. Última actualización: Hoy
¿Todos contra los indígenas?
Tomada de: http://bit.ly/2rhtsZD
¿Todos contra los indígenas?
Mientras se fusionan dos grandes compañías internacionales para fortalecerse en el multimillonario negocio de la cannabis medicinal, recreativa y comercial, el tratamiento preferencial dado a los cultivos de marihuana del área de Corinto, Toribio y sus alrededores sigue siendo el de la persecución total, según la política de guerra a las drogas trazada por el presidente Nixon, en los años que el super-armado ejército gringo perdía la guerra del Vietnam.
El mismo trato se le ha dado a la coca, cuyo uso ancestral por las comunidades indígenas estaba asociado a su cultura y espiritualidad, como también a su alimentación.
El que gracias a la prohibición de estas sustancias y de sus derivados químicos, se hayan convertido en fuentes de riquezas desbordadas, -tal como sucedió con el alcohol en los Estados Unidos de hace un siglo-, y alimenten la conformación de poderosas mafias armadas que con enormes fortunas contaminan y por debajo de cuerda financian la industria, el comercio, la política y la banca, no quiere decir que la prohibición sea una receta infalible y eterna para afrontar una plaga de tales dimensiones, pues en la práctica ha demostrado su inutilidad y antes ha servido de más gasolina intentando apagar el fuego.
Ante las críticas hechas al gobierno Duque y a su ministro de Defensa por su inoperancia al no poder controlar la masacre de los dirigentes indígenas y líderes comunitarios, primero responden anunciando reforzar el pie de fuerza con 2.500 hombres del ejército y en su segundo viaje el presidente anuncia el cumplimiento de puntos claves de los acuerdos firmados después de la Minga Indígena con inversiones cercanas a $700.000 millones, y la puesta en marcha de los PDET en algunos municipios del Cauca, para emprender obras públicas, proyectos sociales y productivos en cultivos, como el café, la caña, la producción de leche y sus derivados, entre otros productos, a los que ofrecen asegurar su comercialización a largo plazo.
Son salidas de emergencia, pero paños de agua tibia, en un panorama mucho más complejo en el que se enmarca el boicoteo a la aplicación velada al proceso de paz, desde que no coparon las áreas dejadas por las FARC y sobre todo en lo relacionado con el freno a la Reforma Agraria Integral y reconocimiento de territorios colectivos a las comunidades indígenas y afros, en momentos que en el Cauca y otros departamentos del país grandes empresas nacionales e internacionales les han puesto el ojo a esos a regiones apartadas para desarrollar grandes proyectos madereros, agro-industriales y minero-energéticos.
Aunque las disidencias ligadas al narcotráfico son los principales asesinos de dirigentes indígenas, no hay que ignorar que desde tiempo atrás paramilitares como las Águilas negras y otros grupos que cambian de nombres para despistar, han asesinado y divulgado comunicados amenazando a dirigentes indígenas y campesinos del norte y otras regiones del Cauca, que disputan la propiedad de la tierra a poderosos empresarios y grupos económicos interesados en grandes proyectos agroindustriales y mineros.
Tanto a los grupos armados ligados al narcotráfico, minería ilegal, legal y extorsión, les conviene que haya profusión de bandas para tirar la piedra y esconder la mano, matando entre todos a los dirigentes sociales de las comunidades, indígenas, afro-descendientes, campesinas, populares y defensoras de los derechos humanos.
Parece que junto a las ‘disidencias’, el Bloque Calima de las AUC resucitó 20 años después, pero matando selectivamente a líderes claves de las comunidades y esta vez, las tales ‘disidencias’, les hacen el juego perfecto como la otra tapa del sándwich envenenado.
La desconfianza de los indígenas con integrantes de la Policía y el Ejército se agudiza, cuando a pesar de la profusa militarización de vías y numerosos retenes, transitan a su antojo caravanas de la muerte como las que asesinaron a cinco indígenas en Tacueyó, a cuatro contratistas en Corinto, y además siguen saliendo cargamentos de marihuana y coca.
¿Qué saben u ocultan al respecto los organismos de inteligencia del Estado, cuando históricamente han trabajado en llave con los paramilitares, cómo sucedió hace 20 años, apoyando al Bloque Calima tal como lo demostró el informe publicado en julio de 2018, por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, antes que llegara Darío Acevedo a frenar sus investigaciones y publicaciones?
No hay que olvidar, como lo divulgó recientemente Semana, que un alto mando militar de la actual cúpula que promovió Duque expresó que, sí para mejorar los resultado (léase bajas, incluidos falsos positivos), había que aliarse con paramilitares, lo harían.
Al actual gobierno le interesa: ¿sacar adelante el proceso de paz o desmontarlo debilitando, por sustracción de líderes a los movimientos sociales, incluidos los indígenas, que se oponen a la ejecución en sus territorios de grandes proyectos agroindustriales, mineros y energéticos?
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