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Tentáculos de la minería ilegal

El viernes 26 mayo, 2017 a las 11:08 am

Según informe de Proclama del Cauca, acaban de firmar en Cali un convenio los gobernadores del Cauca, Óscar Campo y Valle, Dilian Francisca Toro, para combatir la minería ilegal, en compañía de la fuerza pública y otras entidades del Estado.

Este acuerdo es importante y complementario al proceso de pacificación y desarme de las Farc y sometimiento de otras guerrillas y cárteles, que aprovechando la tardanza de la fuerza pública, luchan por ocupar el territorio dejado por los integrantes de diversos frentes que operaban en ambos departamentos.

Buscan continuar explotando el cultivo, procesamiento y transporte de coca y otras drogas, el contrabando de insumos químicos y combustibles y de armas, la minería ilegal y el control sobre políticos y administraciones municipales en las que tienen fichas claves para facilitarles legalmente o con complicidad por omisión, sus actividades y de paso influir en las licitaciones y contratos, con el objetivo de ‘capturar’ los municipios, para el beneficio de mafias locales y regionales que financiando sus campañas electorales pretenden perpetuarse en el poder por interpuestas personas y políticos.

Es un asunto delicado teniendo en cuenta que la mayoría de líderes campesinos e indígenas asesinados desde el año pasado en el Cauca y otros departamentos del país, se han opuesto a la minería ilegal y que en años anteriores, cuando funcionarios como el exalcalde y exsecretario de Gobierno de Santander de Quilichao, durante la administración de Eduardo Grijalba, se enfrentaron directamente a las bandas de mineros ilegales, éstas lo amenazaron de muerte, al negarse a recibir sobornos y al exigir la destitución de altos funcionarios municipales que tenían vínculos familiares y de negocios con los dueños de retroexcavadoras y minas ilegales como la de San Antonio, donde murieron trece personas al derrumbarse un socavón

La influencia de la minería ilegal, gracias al poder del oro abriendo puertas, ha orientado sus tentáculos a integrantes de la fuerza pública y el poder judicial, para anestesiar la persecución a sus integrantes y dormir su judicialización, sin olvidar a las alcaldías de municipios de la costa pacífica, el sur, norte y centro del departamento, donde se han evidenciado casos como por el que están investigados un concejal de Popayán y el ex asesor jurídico de la Alcaldía, por gestionar la devolución de oro decomisado en otro municipio a los propietarios de una mina ilegal o en Santander de Quilichao a quien irregularmente devolvió maquinaria pesada que les habían decomisado a los ilegales.

Los daños de la economía ilegal y de la minería ilegal no sólo acaban con los ríos y sus cuencas hidrográficas, con bosques protectores incluidos. También envenenan con mercurio y cianuro las aguas que consumimos todos los seres vivos, incluidos los humanos -convertidos en la peor plaga que lo que no se come lo daña, fomentan el soborno, la violencia y asesinatos contra quienes se opongan a sus designios, favorecen la consolidación de un “Estado mafioso” e impiden que los escasos presupuestos públicos sean invertidos en obras de beneficio social, mediante licitaciones públicas abiertas y transparentes.

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