La ministra Corcho, más que nadie, conoce los pros y contras del sistema de salud colombiano, pues le tocó sufrirlo: como médica con sus pacientes, a quienes no podía prescribir los procedimientos y medicinas adecuadas; y como empleada, de las EPS, que por medio de falsas cooperativas, los contrataron por cortas temporadas, con bajos sueldos y sin prestaciones sociales, -incluida la salud que debían pagar de su bolsillo- y sometidos a jornadas extenuantes donde atendían pacientes en carrera contra-reloj.

Ese conocimiento de la realidad llevó a que la ministra Corcho fuera dirigente sindical de los médicos y asesorara a los senadores que redactaron la Ley Estatutaria de Salud de 2015, en la que se reconoció a la Salud como un Derecho y no un Servicio, en manos de negociantes.

En la reforma a la salud propuesta por la ministra Corcho, el Estado, sin el colador de las EPS como intermediarias, girará directamente los recursos a clínicas y hospitales públicos y  recuperarán los programas de prevención y promoción abandonadas por las EPS, ya que no eran negocio, y trazan mecanismos para abaratar el costo de los medicamentos, acordando con los laboratorios o fabricando drogas genéricas y vacunas, siguiendo la senda que trazó Alejandro Gaviria, cuando fue ministro de salud.

También se reforzará la atención primaria, construyendo puestos de salud y hospitales en regiones apartadas atendidos por médicos generales enfermeras y salubristas enfocados en la prevención, sin descuidar la atención especializada que será remitida a hospitales de mayor nivel.

Entendiendo que la buena salud no sólo depende de la atención médica y los tratamientos para combatir las enfermedades cuando se presenten, sino que hay que hacer énfasis en la prevención,  el ministerio de salud también coordinara con el de obras, educación, deportes cultura y con municipios y departamentos para la construcción y dotación de puestos de salud en municipios y veredas apartadas, acueductos, alcantarillados, sistemas de disposición de residuos sólidos y orgánicos, canchas, restaurantes escolares, que tienen que son factores condicionantes de la buena o mala salud de la población.

No es cierto que el presupuesto de la salud la vaya a manejar alcaldes y gobernadores.

“El régimen será centralizado en lo financiero desde la Adres y descentralizado en el servicio. La junta directiva de este órgano será tripartita, integrada por empresarios, Gobierno y trabajadores. Se vinculará a estos últimos mediante contrato laboral formal. Por razones de eficiencia y de transparencia, se creará un sistema único de información que operará en línea y en tiempo real. Y se adoptarán los sistemas más desarrollados de vigilancia, participación y control”, escribe Cristina de la Latorre, en El Espectador.

En la reforma también debe incluirse el control que a los hospitales y ESE dependientes de gobernaciones y alcaldías hacen los gobernadores y alcaldes que las administran, pues desde hace décadas, camarillas políticas que mandan en las regiones los han convertido en botín burocrático, llenándolos de empleados innecesarios y fuente de enriquecimiento ilícito por medio de los contratos para adquirir drogas, equipos médicos e insumos para su dotación.