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Lunes, 3 de octubre de 2022. Última actualización: Hoy

Superintendencia se niega a informar sobre traslado de archivos de las ORIP del Cauca a Funza

El martes 13 diciembre, 2016 a las 10:34 pm
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    Por Alfonso J. Luna Geller


    Director administrativo y financiero de la Superintendencia de Notariado y Registro se reconoció no autorizado para dar declaraciones a la prensa.

  • Archivo General de la Nación ordenó, provisionalmente, suspender el traslado de los archivos a Funza.

En la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao, ubicada en la carrera 11 # 5-47, se llevó a cabo en la mañana de este martes 13 una reunión con funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro quienes antes de iniciar la reunión advirtieron que no podían dar declaraciones para la prensa, en una actitud intimidatoria y displicente para con los medios de comunicación y servidores oficiales presentes, que tienen la obligación de mantener informadas a las comunidades sobre lo que ocurre en sus respectivos entornos con lo referente a los asuntos públicos.

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Ilusos, creímos que la reunión era para escuchar explicaciones sobre la decisión, aún oscura y sospechosa, de trasladar todos los archivos vivos e históricos de Santander de Quilichao, y otros municipios del Cauca, entre ellos Puerto Tejada, Caloto, Silvia, El Bordo y Popayán, al municipio de Funza, en Cundinamarca, dizque para cuidarlos a nombre de la ciudadanía del Cauca, decisión que hace suponer una manipulación documental que no se practicaba ni en la Colonia, considerando a los caucanos eunucos mentales, menores de edad, o no liberados aún de aquel centralismo o sometimiento que equivocadamente se creía superado. La visita fue sólo para expedir órdenes de indiscutible cumplimiento, sin oportunidad de preguntar por qué, ni para qué.

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Oscar Aníbal Luna Olivera, director administrativo y financiero de la Superintendencia de Notariado y Registro, lanzó la ofensiva con la amonestación previa que los periodistas-abogados Hardy Ambuila Rodríguez y Diego Luis Carabalí, y el director de la red de medios Proclama del Cauca, éramos convidados de piedra. Simplemente argumentó que toda la documentación, escrituras de predios, certificados de tradición y libertad, todos los archivos de gestión cotidiana sobre asuntos de tierras en el Departamento del Cauca, y de otras regiones del país (en total son 16, incluyendo a Cartagena e Ibagué), serán trasladados a una bodega de Funza, para que un desconocido operador en gestión y digitalización documental haga lo que históricamente, según, al parecer, cree el funcionario, nunca se pudo hacer en el Cauca, y sólo la empresa Procesos y Servicios SAS, de Bogotá, podría hacer con los archivos: “limpiarlos y cuidarlos”.

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También estuvieron presentes en la reunión Libardo Rafael Sierra Pacheco, director técnico de registro, quien de entrada llegó increpando al director de Proclama del Cauca, dizque por haber publicado unas declaraciones concedidas a este medio sobre asuntos de interés público (el traslado de los archivos de la ORIP hacia la población de Funza), que él se creyó era una supuesta conversación privada y que según él, había sido un secreto entre los dos. Lo vine a saber hoy. Además asistieron Juan G. Londoño González, gerente de riesgo en Tetra Tech ARD Colombia, del Programa LRDP (Desarrollo Rural y de Tierras, Colombia); Mary Stella Hurtado Urbano, registradora seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; Gladys Carmenza León Larrahondo, personera municipal de Santander de Quilichao; Oscar Erazo, delegado de la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, los concejales Luis Alberto Villamizar González, presidente; Leonel Villota, Dubby Alejandra Orejuela Agudelo, Edgar Orlando Melo Portilla, German Adolfo Jiménez Valencia y el secretario del Cabildo, abogado Neiver Mezú; hubo otros funcionarios de Tetra Tech ARD.

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La personera municipal abrió la conversación ratificando las preocupaciones ciudadanas sobre la manipulación de los documentos por fuera de la sede oficial de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quilichao, los traumatismos que se causarán con unos expedientes que se pasarían viajando, si hubiera buena voluntad, entre Funza y Santander de Quilichao, a pesar de ser necesarios para todo tipo de trámites de manera cotidiana, y pidió copia de un contrato sobre manejo de ésos archivos que nunca se puso en evidencia. También dijo que no es posible que se lleven carpetas o folios que no tienen sus páginas numeradas y que por tanto pueden estar sometidas a pérdidas, adulteraciones o inclusiones indebidas o ilegales de documentos. Igual inquietud mostró el concejal Jiménez Valencia.

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Oscar Luna, el funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro, entonces tuvo que aclarar que no se trataba de la simple organización, limpieza y cuidado de archivos, como se había venido diciendo desde que se encendieron las alarmas, sino que todo tenía que ver era con el proceso de paz y el conflicto armado; que se recogerían los archivos de 16 oficinas (dijo que inicialmente eran 24) con el fin de adaptar todo para la implementación de lo correspondiente a tierras en el Acuerdo Final de Paz. Quedó en evidencia la presunta mentira inicial, lo que estaba oculto, pero que con “suspicacia” habíamos presentido en este medio de comunicación.

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Es más, se supo que el contrato se firmó con Tetra Tech ARD Colombia y que asciende a unos 13.047 millones de pesos para ejecutar el “Proyecto de Desarrollo Rural y de Tierras, Colombia”, empresa internacional que argumenta que “La inseguridad en la posesión de tierras y los derechos de propiedad, así como la débil presencia estatal en las regiones rurales, son el origen del conflicto en Colombia. Durante décadas, las políticas e instituciones del gobierno de este país posibilitaron la acumulación de tierras privadas y estatales por parte de grupos armados y caudillos influyentes, quienes desplazaron a millones de granjeros y pobladores de minorías étnicas valiéndose de amenazas y acciones violentas. Al consiguiente declive rural siguió una reducción en los ingresos fiscales de origen inmobiliario, lo que contribuyó a la debilidad de los gobiernos, la falta de inversión en infraestructura rural, la carencia de servicios gubernamentales y el uso ocioso o poco eficiente de la tierra. El objetivo del Proyecto de Desarrollo Rural y de Tierras (LRDP, por sus siglas en inglés) es fortalecer la capacidad de las instituciones del gobierno de Colombia y de otros actores para desarrollar herramientas, sistemas y habilidades que permitan al gobierno cumplir con su obligación de resolver los problemas de desarrollo rural y de tierras en el corazón del extenso conflicto interno del país”.

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En resumidas cuentas, Tetra Tech, que le presta servicios técnicos para el Organismo Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) en reformas de posesión de tierras y derechos de propiedad, trabajará con el fin de aumentar la capacidad del gobierno para restituir tierras a las víctimas del conflicto; fortalecer la capacidad gubernamental de formalizar los derechos de propiedad rural; aumentar las oportunidades de desarrollar medios de vida lícitos en contextos rurales dentro de las zonas en conflicto y fortalecer la capacidad gubernamental de monitorear y evaluar los programas de restitución, formalización y desarrollo rural. Pero a los de la Superintendencia les dijeron que era para hacer aseo en las oficinas ancladas en los territorios que fueron escenarios del conflicto armado. Sin embargo, Tetra Tech insiste: “Ayudamos a establecer marcos y procesos legales que garanticen a los individuos locales el derecho oficial a sus tierras. Aplicando una tecnología de cartografía geoespacial, garantizamos que las comunidades sean conscientes de la titularidad exacta de sus tierras. Tetra Tech capacita a las comunidades locales en cuestiones tales como el registro de tierras, la agrimensura catastral, la administración de oficinas de registro de tierras y la planificación de la información relativa a las tierras y el uso de estas”.

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Luego, Tetra Tech subcontrató a Procesos y Servicios SAS, una pequeña empresa capaz de “administrar la información de terceros, por tanto nuestras políticas se orientan a garantizar la confidencialidad de la misma. Las actividades que desarrollamos en virtud de nuestro objeto social son: …Gestión documental, de operaciones y archivo… Certificación de calidad de información y depuración de bases de datos… Control de correspondencia y mesa de control… Digitación o data entry (formato físico o imagen)… Diseño y reproducción de formatos para toma de datos… Captura óptica interpretación… Minería de datos…

Procesos y Servicios SAS hoy, y el 8 de diciembre publicó estos avisos, en los que a última hora sale en avisos clasificados a buscar el «personal especializado» que le haga el trabajo sub-sub-contratado. Serán los «especialistas» que van a manejar los archivos históricos y vivos de las ORIP de 16 municipios que comprenden tierras ubicadas en las zonas de conflicto….

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Mientras transcurría la reunión, se conoció que el Archivo General de la Nación se había pronunciado desde el pasado 25 de noviembre ordenando la suspensión inmediata del traslado de los archivos de 16 oficinas de registro de instrumentos públicos hasta tanto la Superintendencia haya mitigado los riesgos enunciados. Sin embargo, Oscar Luna acababa de informarnos: “estoy pendiente que el Archivo General se pronuncie sobre las observaciones que ustedes hicieron…”. Es decir que, presuntamente, no sabía lo que había ocurrido 15 días antes en sus oficinas.

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Simultáneamente se iban conociendo algunas reacciones en las redes sociales (Textos SIC – A propósito, se omiten los nombres de los comentaristas):

Desafortunadamente se escudan en la »ley» para pasar por encima de todos. Vayan ustedes cuál es el trasfondo del asunto”.

“El trasfondo es la repartición de la tierra y van a expropiar a los más débiles para cumplir con los acuerdos de La Habana, la gran mayoría de norte caucanos sobre todo los negros, tienen la tierra a través del proceso de sana posesión, dado que la heredaron de sus padres y no tienen escrituras”.

“Las tierras planas deben ser investigadas en el sano propósito de respetar la Propiedad Privada Ancestral. Aquí no valen títulos eclesiásticos de propiedad ni virreinales”.

“Pues si a eso nos vamos la tribu de Sam del África puede reclamar el mundo entero”.

“Muy delicado, eso podría llevar a otra guerra civil”.

“Si, eso es para cumplirle a unos terroristas que ahora son una ONG, es decir una organización nacional de guerra, nunca podrán quitarse esa chapa sus manos seguirán untadas de sangre de inocentes, esto es el colmo este gobierno arrodillado el mensaje que se deja este proceso de paz es que delinquir paga, que desilusión, pero pronto veremos la justicia divina actuar esa es imposible de evadir”.

“Entramos en la onda del «exprópiese».

“Al igual que aprobación de figura Fast Track, aquí se pasaron las peticiones del pueblo en cabeza de los funcionarios nombrados y competentes para tal efecto; por la faja. Otra jugadora del «Gobierno » Santos”.

“A mitad de diciembre del año pasado, el Congreso de la República, en uno de sus últimos días para terminar su primer periodo de la legislatura, aprobó una Ley que busca relajar los procesos de expropiación de predios para la creación de proyectos de inversión en transporte, agua potable, puertos y demás sectores. Se trata de la Ley 1742 de 2014, la cual fue promulgada el 26 de diciembre y la cual se encuentra en aplicación actualmente.

«La pregunta del millón: ¿por qué se contrató con la Usaid y no con una universidad Colombiana, con la Esap u otra institución Nacional? ¿Será un sofisma de distracción para entregarle a los gringos nuestra información privada?

En fin. Hasta luego.

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En contexto:

https://www.proclamadelcauca.com/2016/11/alerta-santander-quilichao-otras-ciudades-traslado-memoria-documental-funza.html

https://www.proclamadelcauca.com/2016/12/archivos-y-suspicacias.html

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