El país no deja de asombrarse por las revelaciones que paulatinamente se han hecho sobre el pago de coimas para ser beneficiados de la contratación pública durante los gobiernos de Uribe y de Santos.

Pero causa aún más estupor cómo a la opinión pública la manipulan de un lado para otro, como si ellos fueran diferentes en su forma de gobernar y sin que nadie tenga la entereza de asumir la responsabilidad política de los hechos demostrados y aceptados por el mismo establecimiento. Ni se sonrojan, sólo se contrapuntean a ver cuál fue peor.

Por ejemplo, se pregunta uno ¿Con qué autoridad moral el expresidente Uribe le pide la renuncia a su candidato en el 2.010 por haber permitido el ingreso de dineros de su contratista Odebrecht? Y ¿con qué autoridad el presidente Santos señala a Uribe y con el mayor cinismo dice que a esa empresa le fue como a “los perros en misa” cuando su gobierno no tuvo empacho en adjudicar a dedo un contrato por más de $670.000 millones de pesos a la firma que ayudaba a financiar campañas? Tal vez él creyó y sigue creyendo que por haber logrado la dejación de las armas de las Farc automáticamente se le otorgaba una patente de corso para hacer lo que le venga en gana con éste país.

Y sobre éste maremágnum de noticias no sale de ninguna de las dos “bandas” propuesta alguna para frenar los crímenes cometidos con los dineros públicos.

La corrupción hay que enfrentarla con medidas estructurales, con una política de Estado que involucre todas las ramas del poder. Absurdo creer que la corrupción se va acabar con reducir el salario de los congresistas, esto no es suficiente. Quienes ya tenemos unos años recordamos cómo a principios de los años 90 creyó el país que con la revocatoria del Congreso era suficiente para acabarla, nos toca recordarle a las nuevas generaciones que por allí no es la cosa. Tampoco lo es, como la han propuesto algunos facilistas, que para evitar la corrupción, el país tiene que ser más centralista y controlar el gasto público desde allá, cuando se ha demostrado que los grandes robos a éste país se han cometido precisamente en Bogotá.

Por supuesto que en las regiones hay corrupción y también hay nuestros “odebrechitos”, la gente no es boba y sabe que hace rato se están eligiendo gobernadores, alcaldes y congresistas con los dineros de los carteles de la salud, de las obras civiles y eléctricas, de los contratistas que proveen los suministros de la alimentación escolar, trasportadores, medios de comunicación y en fin, de otras tantas cosas, pero eso no quiere decir que se deba desandar lo andado en el proceso de regionalización que tanta falta le hace al país.

Hay que proponer cosas diferentes, tal vez colegiar más las decisiones, fortalecer las contralorías, que éstas estén en manos del partido vencido en las elecciones y por qué no, volver al Control Previo pues el tiempo demostró que el Control Posterior no tuvo efecto en la celeridad del Estado y los hechos de corrupción demostraron que nuestra sociedad no tiene la madurez para éste tipo de vigilancia post, el cual se hace de manera selectiva y en muchos casos ex tempore.

Aquí sabemos cómo muchos gobernantes creen que pueden hacer lo que quieran y malversar los recursos públicos, incluso en la mayoría de los casos salen sin ningún problema legal, pero olvidan que tarde o temprano se termina sabiendo, para vergüenza de ellos y de sus familias.

Así y todo, sabiendo lo dicho y que “curiosamente” las personas o empresas que apoyan las campañas políticas son los que monopolizan los más jugosos contratos, no podemos permitir que por los hechos criminales recientemente expuestos a la luz pública, sea el argumento que triunfe para centralizar aún más éste país.

Una última reflexión. ¿Cuántas cosas no sabremos en lo nacional y en lo local, que nuestros entes de control no quieren ver?, pues recordemos por ejemplo, que lo de Odebrecht lo supimos por Estados Unidos.

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Santiago Zambrano Simmonds: zambrano_santiago@hotmail.com