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Domingo, 16 de mayo de 2021. Última actualización: Hoy

Señores de vidas y haciendas

El lunes 24 junio, 2013 a las 9:02 pm

Ayer domingo en sus ediciones dominicales, los periodistas Daniel Coronell (Semana.com) y Alfredo Molano (Elespectador.com) coincidieron al opinar sobre uno de los problemas más graves que aquejan socialmente a nuestro país y que a pesar de las denuncias no se ve salida por la connivencia de las autoridades: el problema de tierras y su acaparamiento, a la fuerza, por “pulpos” económicos. Por otra parte, me llamó la atención la columna de Ramiro Bejarano la crítica que hace a la gestión de la ministra de Justicia y por eso la comparto.

Señor de vidas y haciendas

Daniel coronellPor Daniel Coronell

¿Por qué unos empresarios respetables se le midieron a hacer un negocio en contravía de la ley e involucrando una tierra en la que han pasado cosas terribles?

El supuesto ejemplo de productividad agroindustrial en los Llanos orientales está construido sobre una sucesión de crímenes que muchas autoridades se niegan a ver. La gigantesca propiedad donde opera La Fazenda fue escenario de entrenamientos, torturas, desapariciones y asesinatos por parte de los paramilitares.

Además, los predios fueron comprados ilegalmente por allegados a Víctor Carranza y englobados también ilegalmente para crear una hacienda de las dimensiones requeridas para el proyecto. La seguidilla de irregularidades es de tal dimensión que, incluso, uno de los firmantes estampó su rúbrica en un papel cuando habían pasado casi tres años desde su muerte.

Dos investigaciones periodísticas y una de control político no han sido suficientes para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Buena parte de los hechos ha salido a flote por el trabajo del portal verdadabierta.com, de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo y del congresista Iván Cepeda, quien adelantó un debate sobre el tema en la Cámara de Representantes.

La tierra en la que crece el proyecto más productivo de la altillanura sirvió como base de entrenamiento de los paramilitares conocidos en esa zona como Los Carranceros. Esa finca llamada entonces El Brasil era el centro de la operación paramilitar de esa región. Así lo han confesado los paramilitares Deiber Bolaños, alias 520; Delfín Villalobos, alias Alfa Uno; Elkin Casarribia, alias el Cura y Dúmar Guerrero, alias Carecuchillo.

En la casa principal de la finca se acondicionaron habitaciones para que sirvieran de celdas y cuartos de interrogatorio. Al lado funcionaba un taller donde se desarmaban carros robados. Cerca del río fue construida una pista de entrenamiento y un polígono donde se prepararon los autores de varias masacres. Allí pernoctó un grupo que reforzó a los asesinos que vinieron de Urabá a efectuar la masacre de Mapiripán.

Cinco fosas con restos humanos han sido encontradas por la Fiscalía en los predios de la hacienda.

Según testimonios entregados a los tribunales de Justicia y Paz el dueño de la tierra ha sido Víctor Carranza y detrás hay una historia de apropiación de antiguos baldíos, es decir de tierras del Estado por las que antes se movían los indígenas sikuani.

Todo empezó en 2007 cuando varios adjudicatarios de baldíos en Puerto Gaitán decidieron otorgarle un a poder a un abogado de Valledupar, llamado Fernandel Alfonso, para que cruzara medio país y fuera hasta una notaría en Villavicencio a englobar sus parcelas con las tierras de un hijo de Víctor Carranza.

Varias de las firmas que aparecen en los documentos de englobe no corresponden con las que figuran en la diligencia de titulación de la tierra. Aparentemente son falsas.

Uno de los adjudicatarios, llamado Segundo Luis Gaitán, le otorgó poder en 2007 a Julio Pérez Niño para que hiciera el englobe. Lo raro es que hay un certificado de defunción que demuestra que Segundo Luis había muerto en diciembre de 2004, casi tres años antes de firmar el poder.

Las tierras no se podían agrupar. La ley prohíbe sumar antiguos baldíos para crear grandes haciendas. Sin embargo, con la firma del muerto, las otras que no coincidían y en franca contradicción con la ley prosiguió el proceso.

Como consecuencia del englobe de tierras, en la misma notaría fue creada una empresa llamada Agualinda Inversiones S.A., cuyos gerentes son un ingeniero llamado Sergei Andrei Poveda y la esposa de Víctor Carranza, doña María Blanca Carranza de Carranza.

Pocos días después de su creación, la empresa de la señora Carranza de Carranza –a través de un contrato de fiducia– le entregó la tierra al Banco Helm. El contrato establece que la propiedad debe ser administrada por La Fazenda del Grupo Aliar, cuya cabeza visible es el empresario bumangués Jaime Liévano Camargo.

El doctor Liévano es empresario avícola. Su firma Avidesa es dueña de Mac Pollo. En su proyecto de La Fazenda está asociado, además, con el grupo Contegral de Antioquia, dueño de la marca de concentrados Finca.

¿Por qué unos empresarios respetables, se le midieron a hacer un negocio con semejantes personas, en contravía de lo ordenado por la ley e involucrando una tierra en la que han pasado cosas tan terribles?

Le escribí un mensaje al doctor Liévano y lo llamé por teléfono para preguntárselo. Hasta ahora no ha respondido.

Juega la bolita

Alfredo molanoPor: Alfredo Molano Bravo

El caso de Riopaila ha puesto sobre la mesa la mesa los entresijos de una práctica usada desde siempre por los latifundistas: comprar mejoras hechas por los colonos campesinos a fuerza, juntarlas y hacer una gran propiedad, cuyo nombre podría ser en este caso Hacienda Luxemburgo.

Se suelen bautizar con nombres de países los grandes predios: La Holanda, Germania, La Francia, y la pretensión no es vana. Son estas, sí, repúblicas independientes de toda norma laboral, hechas a la fuerza, es decir, torciéndoles el cuello a las leyes. Es una vieja historia, vieja como la panela. El ser una truculencia armada por una conocida empresa azucarera y una firma de abogados prestigiosa no cambia para nada el formato. Lo nuevo es que el registro de la propiedad –40.000 hectáreas– haya sido firmado en Luxemburgo por otra empresa, Asturias Holding, que les hace el testaferrato. No falta ninguna pieza. Ni siquiera el antecedente: el paso de los paramilitares –los Carranceros, los Buitragueños, los Martín Llanos, los Cuchillos– por la región asesinando sospechosos de colaborar, haber colaborado o estar dispuestos a colaborar –a la buena o a la mala– con las guerrillas. Se ha contado la sangre que han costado estas acciones intrépidas, cuyo objetivo deliberado ha sido sacar a los viejos llaneros de sus fundos y poner la tierra a precio de huevo, para rematar la vuelta con la entrada de las fuerzas de consolidación de la causa a refundar la patria y para que los nuevos inversores se llenen los bolsillos cultivando caña, palma africana, sorgo, acacia magnum. ¡Todo tan legal! Tan legal como se hicieron los ingenios en el Valle del Cauca durante la Violencia de los 50; como se hicieron las grandes haciendas bautizadas desde entonces Ranchos, al estilo tejano, en Puerto Boyacá, La Dorada y Puerto Berrío, o las “propiedades” adquiridas por Jorge 40 en Sabanas de Santo Ángel, Plato Pivijay. Un método patentado de hacer latifundios, de limpiar platas, de hacer política. Yo quisiera conocer a un solo hacendado en todo el país que de colono –a fuerza de trabajo– se haya convertido en gran propietario. Ese salto requiere platas de otros lados, buenos o malos, pero de afuera. Lo que no está mal. Sería lo correcto. Es lo que no ha pasado en el país en los últimos 25 años: las platas de afuera vienen en dólares y las garantías de inversión son los fusiles del paramilitarismo.

El modelo de acumulación de tierras en baldíos es conocido de marras. La Ley 160 del 94 fue hecha para atravesársele e impedir que lo que quedaba por repartir cayera en manos de los latifundistas. Es el espíritu y la letra que crea la figura de las Zonas de Reserva Campesina y por estar destinada a esa función, la de impedir en determinas zonas la concentración de tierras, han sido calificadas con deliberada perversidad como “repúblicas independientes” por generales, ganaderos y ministros. La Ley 160 creó la figura de Unidad Agrícola Familiar (UAF) –que no es otra cosa que lo que siempre se ha llamado finca campesina, estancia, fundo– y determinó que los baldíos que aún quedaban por la época fueran asignados a campesinos. Se trataba de que el problema agrario no continuara echándole leña a la hoguera. En el fondo era la misma filosofía de la Ley 200 del 36: Defender una manera de vivir, una forma de ganarse su propio salario, de abastecer mercados de alimentos, de levantar una talanquera legal contra el despojo, de no depender del patrón. En fin, de defender la propiedad privada. Sobre la mesa están pues dos modelos: el de las Zonas de Reserva Campesina y el de Riopaila, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Pachito Santos, Manuelita, los nuevos llaneros. En el oriente del país, desde el piedemonte hasta el Orinoco, se están enfrentando dos medios de apropiación de los pocos baldíos que quedan y en el fondo de dos formas de usar la tierra, la campesina y la empresarial. El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y cumplir la Sentencia C-255/12, que declara exequible el artículo 72 de la Ley 160: “No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional”. Del respeto o no que el Gobierno tenga frente a esta sentencia dependerá la suerte de la letra menuda del acuerdo cocinado en La Habana sobre tierras.

Alfredo Molano Bravo | Elespectador.com

 

Notas de Buhardilla

Las caras duras

ramiro bejaranoPor: Ramiro Bejarano Guzmán

El presidente Santos desautoriza en público a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, ordenándole que retire del Código Penitenciario la odiosa norma que prohibía a los medios entrevistar a personas sindicadas, y la errática funcionaria ni siquiera ofrece excusas.

Claro, tampoco podía pedir disculpas, porque desde hace meses ella había ordenado al Inpec que impidiera a los medios entrevistar a internos que no estuvieran condenados. Es decir, la señora Correa, sin facultad legal alguna, decidió, por sí y ante sí, censurar la prensa, y eso explica su empeño en que se aprobara la norma con la que obviamente buscaba legalizar su arbitrariedad.

El Sr. Wilson Ruiz Orejuela, magistrado del Consejo de la Judicatura, me envía una carta con la que aspira desmentir varios de los comentarios que hice en su contra desde esta misma columna. Todas sus explicaciones son sinuosas y elusivas, sustentadas en providencias inhibitorias precarias y acomodadas. Lo cierto es que él sabe que entre sus muchos “logros” están, por ejemplo, haber participado de unas conversaciones comprometedoras con varios subalternos del Consejo de Estado que dan cuenta de un descarado tráfico de influencias. Esas piezas probatorias hacen parte de un importante expediente al que han querido echarle tierra las autoridades competentes, porque, hay que decirlo, cuando en la Procuraduría o en la Fiscalía se trata de investigar a uno de los suyos, como lo era Ruiz, opera la solidaridad de cuerpo. Es decir, impunidad e injusticia. Pero como Ruiz es además vivo, confía en que nadie recuerde que por sentencia del juez 16 administrativo de Cali fue sancionado como un abogado litigante de mala fe. Es decir, la cabeza de la justicia encargada de disciplinar y sancionar a los jueces y abogados es un profesional del derecho que mereció el reproche de un juez de la República, por el ejercicio temerario de su profesión.

Correa nada hizo para impedir que el Gobierno incluyera a Ruiz en la lista de candidatos al Consejo de la Judicatura, y este último supo aceitar la maquinaria política de sus amigotes Carlos Holguín y Juan Carlos Martínez —relaciones sobre las cuales prefiere guardar silencio— para convertirse en el mandamás de la justicia disciplinaria.

Esa corruptela ha conseguido el milagro de que por primera vez en la historia el establecimiento y la insurgencia estén coincidiendo en la necesidad de hacer una reforma estructural y seria de la justicia, no como la que impulsó el gobierno de Santos y luego abandonó lavándose las manos que siempre tuvo sucias.

Lo más grave es que el derrumbe moral de la justicia no se da solamente porque una camarilla se haya apoderado de todos los puestos, sino en que toda esa podredumbre hizo metástasis en los propios expedientes. En efecto, quienes pertenecen a la cuadrilla que manda en el poder judicial, ganan pleitos y consiguen de todo, hasta una que otra decisión legítima. No les importa que ciertos magistrados sean defendidos por abogados que litigan en sus despachos o que ellos mismos absuelven.

¿Cuál la salida a esta mala hora de la justicia? No la hay en el inmediato futuro. Tampoco se ve mientras siga siendo ministra la señora Ruth Stella Correa, hija y benefactora de este estado de cosas.

Adenda N° 1. A la contratadora Morelli se le están cayendo todos los juicios de responsabilidad fiscal que arbitrariamente inició para darse publicidad y rendirles culto a sus odios. Ante el descalabro jurídico reiterado no hay ruedas de prensa, ni declaraciones. Todas esas equivocaciones costarán al erario, cuando los afectados demanden a la Nación. A propósito de despilfarro, la Contraloría ha pagado $797’345.855 por concepto de gastos de administración de un edificio —la vieja sede— que está desocupado. Lo que no nos cuesta volvámoslo fiesta, como con los recursos de la caja menor invertidos en almuerzos y cenas de la Contratadora.

Adenda No 2. Cualquiera sea la defensa de Petro en la Procuraduría, el corrupto Alejandro Ordóñez lo destituirá para sacarlo de la vida pública. Eso está cantado.

notasdebuhardilla@hotmail.com
Ramiro Bejarano Guzmán | Elespectador.com

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