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Senado pide a la Corte decisión sobre objeciones

El jueves 2 mayo, 2019 a las 10:43 pm
Senado pide a la Corte decisión sobre objeciones

Fotografía y parte de la información extraída de: https://www.semana.com

Trasladan a la Corte Constitucional decisión final sobre objeciones a la JEP

Tras varios días de discusiones y la falta de un acuerdo definitivo sobre el quórum necesario para tomar decisiones sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, el Senado de la República decidió este jueves que sea la Corte Constitucional la entidad que resuelva definitivamente si la votación alcanzada el pasado martes es decisoria para negar las objeciones presentadas por el presidente Duque, por competencia legal, pero sugeridas e impulsadas por el senador Álvaro Uribe, y por el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Lo ocurrido hoy en el Senado fue la consecuencia de un acuerdo político entre los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y La U, para salir de la polarización que tiene agotado al país sobre este asunto, que ya había tenido trámite en la Cámara de Representantes, donde, sin mayores problemas, el 8 de abril se negaron las objeciones al evaluarse que los seis artículos objetados por el Gobierno buscan dilatar y entorpecer la implementación del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC y restarle competencias al tribunal de paz, creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana.

El pasado martes, en el Senado se logró una votación de 47 votos en favor de la ponencia que pedía tumbarlas y 34 legisladores votaron en contra de esa posibilidad, pero para el presidente del Senado, Ernesto Macías, no se logró la mayoría requería que era 48.

Sobre estas cuentas se inició una ardua discusión que duró hasta hoy cuando en el empantanamiento sin salida, se decidió la intervención de la Corte Constitucional.

El senador Macías argumentaba que el Senado está integrado por 108 congresistas; menos 14 que se declararon impedidos, quedaron habilitados para votar 94, lo que da como mayoría absoluta 48, que es la mitad más uno.

Pero en su estrategia, el senador presidente del Congreso no restó dos curules que no han sido ocupadas desde el inicio de este nuevo Congreso: la de Aída Merlano -quien está privada de la libertad mientras la investigan por presunta corrupción-, y la de Iván Márquez – que nunca se posesionó-. Argumentó que no las resta porque formalmente no se ha declarado que son ‘sillas vacías’.

No tuvo en cuenta el presidente del Senado que la Corte Constitucional ya había decidido sobre esta duda frente al quórum (¿108 o 106?) en el pronunciamiento que precisamente hizo al revisar la misma Ley Estatutaria. Dijo que efectivamente se tiene que descontar del quórum a quienes se les declaró ‘silla vacía’, pero también, a los que no tienen capacidad jurídica para participar de las deliberaciones. En este caso los senadores Aída Merlano e Iván Márquez.

“El quórum y la mayoría se configuran en relación con la misma composición de la corporación de que se trate, integrada por congresistas con capacidad jurídica para participar en las deliberaciones y en las votaciones, capacidad de la que carecen los congresistas respecto de los cuales se configuran las faltas absolutas o temporales a que se refiere el inciso segundo del artículo 134, esto es la condena por delitos comunes relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o con actividades de narcotráfico”, se lee en la sentencia C-080 de 2018.

Y continúa “por delitos dolosos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática, o de lesa humanidad; igualmente quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente a procesos penales por la comisión de tales delitos, o se profiera contra ellos orden de captura dentro de los respectivos procesos; causales que dan lugar a vacancias absolutas o temporales que no pueden ser reemplazadas”.

Ahí estaba la respuesta a las dudas pero el señor Macías decidió ejercer su autoridad y no aceptó, o no conocía de primera mano esta disposición de la Corte Constitucional. Habrá que esperar, entonces, la nueva revisión de este caso en particular.

Las objeciones

El 10 de marzo el presidente Duque anunció la objeción a seis de los 159 artículos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del histórico pacto suscrito en 2016, por considerarlos inconvenientes, según le indicaron Álvaro Uribe y Néstor Humberto Martínez. Estas son las objeciones y sus inconveniencias:

1. Reparación de las víctimas: Objeción al artículo 7, inspirada el fiscal. La norma objetada: “Reparar integralmente a las víctimas está en el centro del ‘Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera‘ del 24 de noviembre de 2016, firmado por el Gobierno nacional y la organización rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (Farc-EP), por lo que en cumplimiento de dicho acuerdo final se procede a regular el funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Según el presidente esta norma no establece con claridad la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas con sus bienes y activos.

2. Falta de determinación de la suspensión de los procesos: objeción del inciso tercero del literal j del artículo 79 (del fiscal). La norma objetada: “Atendiendo a la competencia exclusiva de la JEP sobre las conductas cometidas con anterioridad al 1o de diciembre de 2016, conforme se establece en el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, los órganos y servidores públicos que continúen las anteriores investigaciones solo podrán realizar actos de indagación e investigación según el procedimiento que se trate absteniéndose de proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, ordenar capturas o cumplir las que previamente se hayan ordenado, que involucren a personas cuyas conductas son competencia de la JEP”.

Esta objeción desarrolla una de las más fuertes críticas del fiscal general de la nación. El presidente objeta esta norma porque no determina las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar, lo cual –según él- produciría una situación que va en desmedro de los intereses de las víctimas y desperdiciaría valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad.

3. Máximos responsables: objeción al parágrafo 2 del artículo 19 (del fiscal y de Uribe). La norma objetada: “PARÁGRAFO 2o. En ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables, según lo establecido en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016”.

El presidente desarrolla una crítica del fiscal general y objeta este parágrafo porque permitiría la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables.

4. La extradición: objeción al artículo 150 (de Uribe). Esta objeción ha sido una de las más fuertes críticas del expresidente Uribe, quien cuestiona que se puedan practicar pruebas en el trámite llevado por la JEP en relación con la extradición.

En virtud del acuerdo final y del Acto Legislativo 01 de 2017, la sección de revisión de la JEP debe determinar si el delito por el cual se pide en extradición a una persona se cometió antes o después del 1º de diciembre de 2016. Si se cometió con anterioridad a esta fecha la persona no puede ser extraditada.

El debate de fondo consiste en establecer si la sección de revisión de la JEP puede practicar pruebas en el procedimiento de extradición, pues la Ley 1922 de 2018 no lo permite. El artículo 150 del proyecto de ley estatutaria no dice si la JEP puede o no practicar pruebas en el trámite de extradición, lo cual es criticado por el presidente, quien señala que debió haberse prohibido esta práctica pues afecta la cooperación internacional.

5. Limitación de la competencia del alto comisionado para la paz: objeción al artículo 63 (de Duque). La norma objetada: “(…) La Sala de Amnistía e Indulto podrá excepcionalmente estudiar e incorporar los nombres de las personas que por motivos de fuerza mayor no fueron incluidos en el listado de acreditados por el Gobierno nacional (…)”.

Esta norma se refiere a las personas a las que se les podrá aplicar el sistema de la JEP y lo cuestionado es que un organismo de esta (la Sala de Amnistía e Indulto) también pueda calificar cuando una persona haya hecho parte de un grupo al margen de la ley.

El presidente objetó el artículo 63 porque no determina el alcance de la competencia del alto comisionado de paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz.

6. No extradición de terceros. Objeción del Artículo 153 (de Uribe) La norma objetada: “No se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, antes de que terminen de ofrecer verdad”.

El presidente critica esta norma porque produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esta objeción ha sido una de las principales críticas del uribismo al proyecto de ley estatutaria.

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En estas condiciones, en el cuarto día de plenaria en el Senado se logró un acuerdo político para desenredar el debate para que la decisión del trámite, incluyendo si hubo o no votación, pase a manos de la Corte Constitucional.

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