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Domingo, 9 de mayo de 2021. Última actualización: Hoy

¿Seguirá la corrupción en sus injustas proporciones?

El martes 3 noviembre, 2015 a las 9:31 pm
Alfonso J. Luna Geller

Por Alfonso J. Luna Geller

No es extraño que muchos ciudadanos crean que la corrupción es una práctica reglamentaria en la administración pública. El ‘CVY’ se impone en toda decisión que involucra recursos oficiales, sin importar el nivel de mando de quien pueda resolver algo dentro del proceso administrativo. La gente parece convencida de que eso no es criminal por la comodidad con que algunos funcionarios se dedican a desfalcar a sus comunidades después de elegidos o nombrados. Y el perverso fenómeno es revalidado por las leguleyadas que enredan la administración pública y facilitan el delito, y peor, por la incompetencia de los entes de control, inclusive, por la apariencia de estimular la corrupción con su insuficiencia para sancionarla, y que, en consecuencia, la han convertido en el más común y ya nada infame delito.

Y es que se justifican, porque en la historia de la política colombiana han habido casos que influyen notablemente en esa creencia popular. Las personas de mi edad, por ejemplo, deben recordar perfectamente que el presidente Julio César Turbay desde 1978 perpetuó su memoria cuando prometió, incumplidamente, “reducir la corrupción a sus justas proporciones». O para no ir tan lejos, basta recordar la bien asimilada cátedra del deshonesto patrón, el ingeniero Miguel Nule Velilla, quien sentenció que «la corrupción en Colombia, como en cualquier país del mundo, es inherente a la naturaleza humana». O la del ingenuo alcalde, no recuerdo de qué pueblo nortecaucano, que ante una visita del alto gobierno se ufanaba de que no había corrupción en su Municipio, porque nunca sobrepasaba el 10% ‘reglamentario’ que aceptaba o solicitaba para su lucro personal a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo o al adjudicar un contrato.

En estas circunstancias, los corruptos, y los lambones que los defienden, también están convencidos de que la actitud retorcida que adoptan contra los ciudadanos comunes y corrientes, y con mayor razón contra los sectores más vulnerables de la población, no puede hacerlos sentirse delincuentes, sino solo habilidosos empresarios que manejan los dineros públicos guiados por la filosofía capitalista que valida el ánimo de lucro personal, la competencia interna y el egoísmo individual en las instituciones públicas.

Pasadas las elecciones llegarán los nuevos mandatarios a los escritorios oficiales. Muchos heredarán un sistema que cada período se hace más corrupto, por los caudales cada vez mayores que se “invierten” y acepta el candidato para asegurar el triunfo. Cada vez llegan más interesados en los presupuestos de las comunidades, desde quienes hacen los aportes legales hasta los de pequeños o grandes narcotraficantes, de mineros ilegales e invasores de espacios públicos comerciales o para vivienda ilegal, que luego tendrán que legalizar, del cartel de contratistas, de codiciosos prestamistas que saben a qué palo trepan, además de los recursos públicos “invertidos” habilidosamente por la administración saliente para que le guarden la espalda, o los que llegan de proveedores de alimentación para el sector educativo o de la salud. Esa gigantesca inyección de dinero en campaña producirá luego inestabilidad política en el gobierno, socava la confianza en las instituciones e impide que el mandatario ejecute las políticas públicas diseñadas para generar crecimiento económico y justicia social. Por eso se ha comprobado que definitivamente la corrupción y el buen gobierno son excluyentes.

Muchas veces el candidato beneficiario ha sido buena gente, nada que reprocharle, pero convertido en un mandatario atrapado, afrontará una administración empeñada, que lo obligará a utilizar los recursos públicos para pagar los compromisos de campaña.

Lo grave del asunto es que charlatanes y vocingleros apasionados se hacen sentir días antes de las elecciones pero pasado el calentamiento, con la posesión de la nueva administración, aunque parece que renacen las esperanzas, que llega la hora de la gente; es efímero pues poco después aparecerá el “quemeimportismo”, la falta de compromiso, la indiferencia comunitaria, cuando todo comienza a pasar porque simplemente no es un problema de nadie en particular, no obstante sea de todos. La solidaridad cívica se deteriora por falta de organización. Cada cual camina por su lado sin importarle lo que pasa en las oficinas públicas cuando esa situación puede revertirse en su contra en cualquier momento.

¿Qué hacer entonces? No es con la retórica rimbombante de siempre ni con actividades aisladas, como se combatirá la corrupción, es con una buena estrategia debidamente diseñada y coordinada con los diferentes estamentos, y al más alto nivel político.

De primera mano habría que pensar en organizar una Veeduría Ciudadana, mecanismo que les permite a los ciudadanos ejercer vigilancia sobre la gestión pública, recaudar indicios y pruebas de corrupción o ineficacia, denunciar irregularidades de los funcionarios y fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones, la gestión de asuntos que los afectan y el seguimiento y control de proyectos de inversión, y de otro lado, cuidar los intereses de las comunidades beneficiarias de la acción pública.

De acuerdo con Ley 850 de 2003, la Veeduría vigila la constitucionalidad y participación de la comunidad en la planeación, en el proceso de contratación, en la ejecución y calidad técnica de la gestión, y también recibe informes, observaciones y sugerencias de ciudadanos y organizaciones.

Pero debe organizarse: inscribirse en la Cámara de Comercio o en la Personería, llevar un manejo ordenado de los recursos, rendirle cuentas a la comunidad que representa y dejarse examinar por cualquier ciudadano o entidad.

En fin, es la propuesta precisa y clara, para contribuir al futuro de la ciudad y apoyar a quien como mandatario de la ciudad, dejó de ser el candidato de un grupo político o social, que no puede dejarse solo frente a la jauría. Estamos a tiempo, o ¿será mejor permitir la corrupción en sus injustas proporciones?

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