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Santander de Quilichao debe pagar Alumbrado Público

El martes 27 diciembre, 2022 a las 6:53 pm
Santander de Quilichao debe pagar Alumbrado Público

Santander de Quilichao debe pagar Alumbrado Público

Alfonso J Luna Geller

La semana anterior a la Navidad circularon en Santander de Quilichao hipotéticas alertas sobre la supuesta “privatización de Emquilichao”, como consecuencia de la gestión previa que hace la empresa en la búsqueda de soluciones para el depósito final de las basuras que producen las comunidades quilichagueñas. Igualmente, sobre la decisión jurídica que obliga a pagar el suministro de alumbrado público y la deuda contraída con la Compañía Energética de Occidente –CEO-, desde septiembre de 2010.

Lo curioso o irónico del asunto es que quienes aparecen firmando las comunicaciones que desinforman, precisamente asesoraron y sirvieron a la Administración Municipal que privatizó la disposición final de los residuos sólidos luego del cierre de la celda de contingencia de Quitapereza en el 2014, y a la que reconoció legalmente la deuda por alumbrado público, que viene acumulándose hasta niveles angustiosos desde que se tomó esa infortunada decisión en el año 2003.

Santander de Quilichao debe pagar Alumbrado Público

Jerónimo Velasco en carta abierta dirigida a la alcaldesa Lucy Amparo Guzmán González le pidió que no vaya a privatizar la empresa Emquilichao E.S.P., asunto no previsto, obviamente, sin recordar que cuando él se desempeñaba como funcionario de la Oficina de Planeación Municipal, fue cuando se privatizó la disposición final de los residuos sólidos, a través de un contrato firmado con Interaseo, empresa propietaria de la estación de transferencia de Palmira y del relleno sanitario de Yotoco, a 125 kilómetros de distancia de Santander de Quilichao, donde hoy todavía se depositan los residuos sólidos del municipio. Esta medida fue la que “incrementó ostensiblemente los costos de prestación del servicio y que llevó a Emquilichao a subir considerablemente la tarifa de aseo en 2014, afectando consigo la economía de la comunidad quilichagüeña”, según explicó en el Concejo Municipal el gerente de Emquilichao, Luis Antonio Velasco Valcke.

Lo que realmente se estudia ahora es la posibilidad de constituir una alianza estratégica que le permita a Emquilichao contar con una segunda alternativa para la disposición final de sus basuras, teniendo en cuenta las vulnerabilidades evidenciadas en la operación del relleno sanitario de Yotoco. El Plan B, es decir, el plan de contingencia, según Velasco Valcke, podría ser en el relleno sanitario Los Picachos ubicado en la vía Popayán – El Tambo, en el Km 18, vereda La Yunga, cuyo operador es la empresa Urbaser.

“Emquilichao y Urbaser han planteado como una posible solución el montaje de una estación de transferencia en Santander de Quilichao, que utilice las tecnologías más avanzadas, en la que se puedan transbordar los residuos sólidos de los vehículos pequeños, con los que cuentan los municipios de la región nortecaucana, a vehículos grandes, tipo tractocamiones, y se lleven diariamente al relleno sanitario que mejor oportunidad brinde para cada ocasión, bien sea el relleno sanitario Los Picachos, o el relleno sanitario en Yotoco”. Nada tiene que ver esta gestión administrativa de la empresa con una supuesta “privatización de Emquilichao”, asunto no previsto.

Santander de Quilichao debe pagar Alumbrado Público

Simultáneamente, como en acuerdo tácito, Néstor Pardo, también publica un comunicado advirtiendo que es militante del Pacto Histórico, en el cual pretende impugnar la solución legítima al problema del alumbrado público que presentó la alcaldesa al Concejo Municipal, tras fallo del 29 de julio de 2022 del Juzgado Octavo Administrativo de Popayán en cual declarara que las controversias jurídicas y económicas entre la Alcaldía de Santander de Quilichao y la CEO hicieron tránsito a cosa juzgada, y sentenció que el “Municipio de Santander de Quilichao tiene el deber de pagar a la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. el valor de la energía eléctrica facturada con destino al alumbrado público, así como el precio por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica a dependencias municipales y establecimientos educativos del municipio, desde el mes de agosto de 2010, con los intereses establecidos en el contrato de condiciones uniforme de dicha Compañía”. La deuda, a 31 de mayo de 2021, era de más de 42.266 millones de pesos.

Néstor Pardo se pregunta si la alcaldesa y el Concejo Municipal podrían incurrir en el delito de Fraude a Resolución Judicial al desconocer una sentencia del 2 de mayo de 2017, del Consejo de Estado que dejó vigente la Escritura Pública 1572 de 1962.

Habría que explicarle a la ciudadanía que efectivamente la Escritura Pública 1572 de 1962 quedó vigente en lo que hace a referencia a los compromisos y derechos de Santander de Quilichao como socio minoritario de Cedelca (el 2 de octubre de 1962, cuando se firmó la escritura pública 1572 en la Notaría Primera de Popayán, Santander de Quilichao compró de 178.458 acciones; el 10 de febrero de 2016 tenía un total de 1’060.805.720 acciones, con un porcentaje de participación del 2,8 %), pero no es cierto que por esa razón tenga hoy la obligación de suministrar la energía con destino al alumbrado público. El Consejo de Estado en la misma providencia dictada el 5 de octubre de 2020 precisó que la cláusula tercera de la mentada escritura debería atemperarse a las nuevas exigencias del régimen de competencia de los servicios públicos domiciliarios y que el contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio debía incorporar, como lo hizo, las disposiciones para ajustar la forma de pago del servicio a la nueva regulación vigente.

Eso ya es cosa juzgada, en consecuencia, la alcaldesa y el Concejo Municipal sí podrían estar incursos delito de Fraude a Resolución Judicial (práctica de ciertas maniobras, argucias o artimañas para evitar el cumplimiento de una obligación impuesta mediante resolución judicial), si mal asesorados de nuevo, desconocen la sentencia del 29 de julio de 2022. Por esa razón, tampoco es cierto que pudiera haber doble contratación para el mismo objeto. Para este delito hay una pena de hasta cuatro años de prisión y una multa de hasta 50 salarios mínimos mensuales, si no se cumplen las sentencias judiciales.

En resumen, el proyecto de acuerdo dará cumplimiento, además de las sentencias judiciales, a lo dispuesto en la Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, Ley 136 de 1994, Ley 697 de 2001, Decreto 2424 de 2006, Ley 1150 de 2007, Ley 1073 de 2015, Ley 1819 de 2016, Decreto 943 de 2018 y demás normas concordantes, que establecen la metodología para la prestación del servicio de alumbrado público y en consecuencia, la creación del impuesto destinado a cubrir los costos de la prestación, mantenimiento y expansión del sistema.

Además, y contrario a lo que dice Néstor, quienes se encuentran al frente de la Administración Municipal (alcaldesa y concejales), si no cumplen las normas legales y las sentencias judiciales, también se verán abocados a investigaciones judiciales y disciplinarias, acciones preventivas por parte del Ministerio Público (Procuraduría y Personería) y a las competencias de los diferentes órganos de control, de acuerdo con sus obligaciones fiscales.

Para los estudiosos de este asunto, aquí les dejo la información que ha venido publicando Proclama del Cauca y Valle sobre este asunto del alumbrado público en los últimos 13 años:

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