
Resucitan los campesinos.
El historiador británico Eric Hobsbawm escribió en su libro Historia del Siglo XX: “El cambio social más drástico y de mayor alcance de la segunda mitad de este siglo, y el que nos separa para siempre del mundo del pasado, es la muerte del campesinado”. Si no fuera una observación, se trataría de una imagen lamentable. Los campesinos no murieron, los desplazaron y otra vida inició para ellos.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para el primer trimestre de 2023 la población total campesina fue de más de 15,2 millones, es decir casi 30% del total de los colombianos.
La mayor parte del campesinado se concentra en Boyacá (301.994), Nariño (212.489), Cundinamarca (173.517), Cauca (109.364), Santander (91.887), Antioquia (95.543), Tolima (87.934), Huila (65.901), Putumayo (20.586) y Norte de Santander (46.293).
Las cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) indican que, de la población total rural, 5,8 millones son mujeres (un 48,2%). En suma: por cada 10 mujeres, tres son campesinas.
La Upra tiene registro de 1,5 millones de hombres dedicados a este tipo de actividades, mientras hay 529.968 mujeres que se dedican al campo. De esas cifras, poco más de un millón son productores campesinos y 395.906 productoras campesinas. En Cauca, 74.670 son campesinos y 34.694 campesinas, todos productores.
En Colombia, el campo ha sido un espacio de violencia, pobreza y reformas fallidas. Según datos del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes, el 94% del territorio es rural y el 32% de la población vive allí.
Actualmente el 77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el 30% de la tierra. De esta manera, la concentración de la tierra y la desigualdad en el campo han crecido en la última década.
Al mismo tiempo, el 60% del empleo rural es informal. El 83% de la población rural está en el régimen subsidiado de salud. El 55% de los campesinos pobres nunca ha recibido asistencia técnica. El 11% no tiene vivienda y el 16% tiene vivienda en mal estado. El 85% de la población carece de alcantarillado. El 60% no tiene agua potable.
El crecimiento del PIB rural en la última década fue de 2,8%. Es irónico, pero una de las enseñanzas más grandes que dejó la pandemia es que el campesino y los productores del agro son una base fundamental de la economía. En ese momento, mientras hubo un decrecimiento del PIB real nacional de 7%, este sector creció 2,3%.
Del 100% del campesinado colombiano, el 71,2% no logra ganarse un salario mínimo mensual. El analfabetismo es del 18,5%. El índice Gini rural, que mide la desigualdad, pasó de 0,74 a 0,88. La mayor concentración de la tierra está en Córdoba y Caquetá. La mayor desigualdad está en Antioquia y Valle.
La movilización social en Colombia no es nueva. Desde los principios del siglo XX con la persistencia de un problema agrario, aún no resuelto, se vive un creciente clima de movilización social. Entre el 2013 y el 2019 se han registrado tres grandes paros nacionales. Las causas son diversas y todas están ligadas a las reivindicaciones sociales, políticas y económicas de campesinos, afros e indígenas.
El Congreso de la República acaba de reconocer al campesinado como sujeto político de derechos y de especial protección constitucional. El proyecto de acto legislativo modifica el artículo 64 de la Constitución Política.
Este acto histórico es demasiado importante para fortalecer la seguridad alimentaria del país, son los campesinos quienes producen el 70% de los alimentos en Colombia. Es necesario trabajar en políticas que promuevan su desarrollo, mejoren sus condiciones de vida y les brinden oportunidades de crecimiento económico.
La frase Hobsbawm sirve para comprender que tal vez los campesinos en Colombia no han muerto, pero sí es posible que estén agonizando gracias al modelo neoliberal. Las cifras sirven para comprender que más que pobreza en el campo colombiano, hay miseria. Pero, ante todo, las cifras sirven para mostrar que la situación de la Colombia rural es el resultado de décadas de abandono y olvido por parte de los gobiernos de turno.
La posta, de un lado, la tienen los gobernantes para garantizar que este reconocimiento constitucional se convierta en políticas públicas reales que mejoren la calidad de vida de los campesinos y promuevan su desarrollo integral. Y de otro lado, la sociedad civil para exigir que este reconocimiento sea posible.
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