Viernes, 22 de septiembre de 2023. Última actualización: Hoy
Regresó el conflicto armado al norte del Cauca
Regresó el conflicto armado al norte del Cauca
La realidad ilusoria y la existencia auténtica
A pesar de los resultados electorales que le permitieron a la nación colombiana un respiro en la tendencia fanática e intolerante de quienes detentan el poder de manera excluyente y quienes a él aspiran desde el otro extremo, ambos perniciosos para una sana convivencia social, se sigue imponiendo en nuestra región una espantosa demostración de poder armado ilegal, pero totalmente diferente al cuasi-eterno conflicto que masacró a la región norte del Cauca y que por corto tiempo habíamos superado con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en el año 2016.
A los criminales que hoy actúan no los inspira una razón ideológica ni los motiva la toma del poder, por su absoluta incompetencia política y social.
Aquí, nos avasallan bandas criminales que se disfrazan a veces de derecha, a veces de izquierda, según la calentura del día. Todas sólo buscan dinero rápido a montones, aprovechándose de la incapacidad del Gobierno para ejercer control territorial y para aplicar eficaces y oportunas inversiones sociales que eliminen las causas estructurales de esta nueva ola de aterradora violencia.
También se valen de unas comunidades indígenas que las enfrenta únicamente con su cultura ancestral y deseos de supervivencia, pero que sin las herramientas apropiadas para asegurar el orden público, tampoco aceptan la actuación de la Fuerza Pública como parte de la presencia institucional en su jurisdicción.
Parcialmente, podrían tener razón las autoridades indígenas en su negativa, porque son muchas las evidencias por las que las comunidades desconfían de la responsabilidad social de las tropas oficiales; pero estos asuntos podrían conciliarse, para avanzar en compromisos conjuntos.
Lo grave hoy es que las comunidades rurales se quedaron solas sometidas al terror criminal, con la única salida que les ofrece el Gobierno: el exterminio militar del enemigo, opción que nunca ha resultado eficaz en la historia del conflicto armado colombiano.
Es más, la situación del norte del Cauca es bastante compleja principalmente porque las comunidades indígenas y afros evidentemente son estigmatizadas y presionadas a aceptar esa exclusiva opción que les trata de imponer una burocracia atornillada en la carrera séptima de Bogotá, constituida por señoritos V.I.P. («very important person»), que desconociendo realidades íntimas de la vida rural cotidiana de los habitantes del norte del Cauca, los revictimizan condenándolos a vivir en luto permanente.
El narcotráfico sí es una de las causas, nadie lo niega, inclusive creo que es la única. También es cierto que se origina en el norte del Cauca por los cultivos ilícitos, sobre los cuales se pactaron algunas soluciones en los incumplidos Acuerdos de Paz. Aquí las comunidades indígenas y campesinas aceptaron la sustitución de los cultivos ilícitos, quien no la aceptó fue el Gobierno nacional.
Y es cierto que aquí se sembró otra peligrosa frustración: la expedición de la Ley que legaliza la marihuana para usos medicinales se socializó en Corinto con todo el Gobierno nacional a bordo, pero al final dejó ilusionados a todos los cultivadores, que los organizaron en cooperativas, con cuentos “científicos” según los cuales la marihuana de Corinto sólo sirve para fines recreativos. Es decir, la marihuana de Corinto, quedó “científicamente” condenada para el narcotráfico, para la guerra.
Entonces, los señoritos se olvidan, o se hacen los locos para entender que la cadena de producción, tráfico, comercialización, consumo e inversiones ilegales de toda esa economía subterránea se realiza por fuera de los territorios masacrados, con la pasmosa permisividad del Gobierno nacional que es ocultada y justificada, infortunadamente, por el genocidio que se está produciendo en el origen, pero que no afectará para nada los astronómicos beneficios económicos que se producen por fuera, a lo largo de la cadena.
Está comprobado que la coca y la marihuana más puras que se están comercializando en Europa y en Estados Unidos, las sacan, incluso, a través de corredores aéreos y pistas clandestinas, ubicadas en grandes haciendas en donde funcionan laboratorios y en donde se ocultan los emisarios del cartel de Sinaloa, de los Zetas, de Jalisco Nueva Generación, y de los capos tradicionales locales, o a través de sofisticados sistemas implementados en el Pacífico (submarinos), procesos en los que ninguna participación tienen como organización social los negros, indígenas ni campesinos del norte del Cauca.
Pero somos víctimas de la doble moral y de la incapacidad que demuestra el Gobierno nacional, y sus regalados fanáticos, que entonces, les echan toda la culpa a las mismas víctimas que padecen la situación.
El asesinato por razones económicas se volvió un deporte en esta región, aunque la plata del narcotráfico evidentemente no está, ni se queda en el norte del Cauca. Tampoco la de la minería legal o ilegal. En el norte del Cauca tampoco hay fábricas de armas, ni de maquinaria pesada para la minería esquilmadora, que llegan de afuera y ninguna autoridad legítima tiene ni idea de cómo las ingresan ni pueden controlarlas.
Pero insisten en que las víctimas son las culpables.
Por eso, el norte del Cauca es donde se testimonia con crudeza la existencia de dos Colombias, totalmente distintas, dos realidades, ambas con argumentos contundentes que supuestamente las hace defendibles pero con apasionados intereses de clase: la de los señoritos V.I.P. que manejan las herramientas del poder, y la de las comunidades nativas y ancestrales. La de quienes quieren imponer la manipulación para continuar disfrutando de las utilidades del conflicto armado interno, y la del resto de colombianos víctimas directas o indirectas. La realidad ilusoria y la existencia auténtica.
Por eso regresó el conflicto armado al norte del Cauca, así mi concepto vaya en contravía de la mirada simbólica e ideológica del Gobierno; aquí permanece aún secuestrado el hermano del alcalde de Corinto, aquí han asesinado a 126 personas en los últimos 14 meses, aquí se masacró a Karina García, a su madre y a otros acompañantes, aquí se masacró a la gobernadora Bautista, y a otros acompañantes… y como van las cosas, faltan más.
En resumidas cuentas, el Gobierno Nacional no ha querido, o no le conviene, escuchar a las comunidades del Cauca, que piden una intervención integral, obviamente con actuación contundente de la herramienta militar para el control territorial, pero complementariamente con la implementación de los Acuerdos de Paz (principalmente sustitución de cultivos ilícitos, que sí acabaría en parte con el “gran negocio” -que no quieren acabar-) y de proyectos sociales productivos.
La aplicación exclusiva y excluyente de la Fuerza Pública sólo es una dramática salida que no soluciona los problemas ancestrales del departamento del Cauca. En Bogotá, en la Casa de Nariño, debieran escuchar atentamente al gobernador Campo Hurtado, que sí la tiene clara.
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