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Sábado, 28 de mayo de 2022. Última actualización: Hoy

¡Reclámele a CEO, pero hágalo bien!

El jueves 30 abril, 2020 a las 12:55 pm
¡Reclámele a CEO, pero hágalo bien!
Imagen de referencia: https://www.portafolio.co/

¡Reclámele a CEO, pero hágalo bien!

A las dificultades socio-económicas que genera la situación de cuarentena por causa del COVID-19, a los caucanos se les sumó un nuevo ‘ingrediente’: el incremento del servicio de energía eléctrica, sin importar que los usuarios no estén trabajando y que lo que necesitan es ayudas por parte del Estado.

Como se informó oportunamente, en el departamento del Cauca se han venido presentando protestas de usuarios de energía eléctrica por el incremento de los valores totales a pagar a la Compañía Energética de Occidente, CEO, hechos que fueron afrontados principalmente por los personeros municipales, quienes en representación de las comunidades diligenciaron comunicados y peticiones a la Presidencia de la República y a la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios, SSPD, con el fin de obtener respuestas y soluciones efectivas y oportunas a las masivas peticiones.

La chispa de las exigencias a las autoridades y a la CEO se dio por la inconformidad popular ante el alza confusa y abrupta de las tarifas de energía eléctrica, el enredo de los estratos y de las tarifas diferenciales frente a unas decisiones de la CEO, obviamente irreprochables para ellos en el papel, pero que provocaron reacciones iracundas en los usuarios.

Proclama del Cauca y Valle, considerando que aun dentro de los juicios técnicos que esgrimen la empresa y funcionarios del Gobierno para probar que sus decisiones son prácticamente inapelables, decidió ponerse en los zapatos de consumidores y usuarios, porque la sensibilidad pública lo ameritaba.

¡Reclámele a CEO, pero hágalo bien!

En consecuencia, el director de la red de medios de comunicación dialogó con el economista David Alonso Andrade Córdoba, director territorial Suroccidente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien es la autoridad encargada de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica en esta sección del país.

Además, tuvimos en cuenta que a Andrade Córdoba le corresponde legalmente promover y proteger los derechos de los usuarios para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, por lo cual trasladamos las inquietudes de la ciudadanía, cuyas respuestas se presentan en este reportaje.

En términos generales, la SSPD compartió conocimiento técnico sobre el sector e insistió en la necesidad de que los ciudadanos potencialicen la participación cívica y el control social en la prestación de los servicios públicos.

Andrade responde en esta entrevista las inquietudes de los ciudadanos sobre:

Alza en tarifa de energía, nueva preocupación de la comunidad y la legalidad de las tarifas.

Las jornadas de los personeros municipales en defensa y representación de los ciudadanos de sus respectivos municipios.

Procedimientos que la gente debe seguir para hacer reclamaciones individuales a través de la asesoría de veedores y de la SSPD luego de revisar los consumos y confrontarlos con las tarifas autorizadas, teniendo en cuenta todos los componentes de la tarifa, que es la suma de los costos en los que incurren las empresas prestadoras para brindar el servicio y que deben pagar los clientes por cada kWh de energía que consuman.

¡Reclámele a CEO, pero hágalo bien!

Al respecto, Andrade Córdoba dijo que la SSPD orienta, acompaña, y asiste al ciudadano para hacer la reclamación ante los gestores territoriales. Dijo que en norte del Cauca, en Santander de Quilichao, funciona una oficina virtual en la entrada a la Alcaldía que está a cargo de Diana Reyes, celular 3127204083, correo dpreyes@superservicios.gov.co funcionaria que actúa asesorando al usuario para que interponga reclamación con recurso de reposición en subsidio de apelación.

También se dialogó sobre el asunto de diferir el cobro de los servicios acueducto aseo alcantarillado, y en energía y gas. Sobre estos últimos dijo que es optativo, y solo deben hacerlo obligatoriamente cuando las empresas se acojan a unas líneas de crédito que les ofrece el Gobierno, y cuyos intereses no pueden ser superiores a los autorizados por el Gobierno en dichas líneas de crédito.

Igualmente habló el superintendente territorial sobre la manipulación fraudulenta de la energía eléctrica, ratificando que la CEO tiene un reto técnico para implementar nuevas tecnologías que la eviten y “le exigimos las adecuaciones en circuitos para aislar oportunamente las actividades ilícitas sin afectar a los usuarios legalizados”.

Andrade Córdoba también advirtió que, en este sentido, la responsabilidad es de todos los protagonistas del Estado: ciudadanos usuarios, empresas energéticas, autoridades administrativas, funcionarios, porque los gastos, costos, inversiones, en que se incurran para garantizar la calidad del servicio (reparaciones, mantenimiento, vigilancia y control, manipulaciones fraudulentas, atentados contra la infraestructura que dañan la red), encarecen el servicio para todos, es decir, que afectan la facturación y el daño es para todos.

Además, el funcionario fue consultado sobre los continuos altibajos en el voltaje suministrado a los usuarios que afectan toda clase de equipos. Respondió que además de las responsabilidades de la empresa comercializadora de energía, también son responsables de la calidad del servicio el comercio, la industria, los hogares, las oficinas, pues están obligados a hacer las inversiones en equipos y tecnologías en la red interna para que funcione con todas las especificaciones técnicas de protección que regule internamente el voltaje servido.

El funcionario fue enfático al manifestar que es evidente el desconocimiento de mecanismos ágiles para el trámite de quejas y peticiones, y de procedimientos legales, como el derecho de petición y de los términos fijados en la Ley 142 de 1994.

En el ejercicio del derecho a la participación, los usuarios pueden ejercer la función de gestión y fiscalización de las empresas prestadoras del servicio, directamente o a través de los Comités de Desarrollo y Control Social, los cuales deben funcionar conforme lo señala la Ley 142 de 1994 en cada municipio. Estos miembros pueden promover, entre el municipio y las empresas prestadoras de los servicios, la expansión o mejora de los servicios públicos domiciliarios.

Andrade Córdoba dijo al respecto que, cerca del 70% de las reclamaciones debidamente soportadas revocan o modifican las decisiones de la empresa en favor del usuario, pero la comunidad debe organizarse en comités de desarrollo y control social, con sus respectivos veedores, como dispone la ley 142 sobre la vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

Por otra parte, es importante tener en cuenta además que la Defensoría del Pueblo es otra institución a la cual se debe acudir en protección porque utiliza un modelo de seguimiento y evaluación de los derechos humanos, por el concepto según el cual todo ciudadano tiene derecho a una eficiente y oportuna prestación de los servicios públicos por su relación directa con otros derechos que aseguran el desarrollo humano y la calidad de vida digna.

La acción de la Defensoría es la de mediación en los conflictos generados entre la empresa prestadora y los usuarios y el asesoramiento legal para la interposición reclamos y de acciones judiciales, pues la institución tiene claro que el inadecuado y deficiente suministro de energía atenta contra el deber constitucional de asegurar la calidad de vida de los habitantes, en la medida en que su prestación está directamente relacionada con otros derechos como son la salud, la educación, la recreación y la integridad física de los individuos.

¡Reclámele a CEO, pero hágalo bien!

Mientras dialogábamos con David Alonso Andrade Córdoba, director territorial Suroccidente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, simultáneamente, Natasha Avendaño, superintendente de servicios públicos, en declaraciones al diario El Tiempo sentenciaba: “Es inevitable que las facturas se encarezcan”.

Avendaño aclaró que “todos los servicios públicos que pagamos hoy corresponden a los consumos de hace más o menos mes y medio. Hay varios factores que implicaron esa alza: el primero es que para las facturas de finales de marzo y principios de abril el valor del kilovatio tenía el impacto de lo que pasó a finales de febrero, momentos en los que por la situación de los embalses hidroeléctricos el precio en bolsa del kilovatio alcanzó a superar los 600 pesos… Vamos a empezar a recibir facturas que reflejen ese aumento del consumo en el aislamiento obligatorio. Los recibos van a aumentar, no hay forma de que no aumenten”.

Consultada: ¿Pero las tarifas no estaban congeladas por el Gobierno? Respondió: Si bien uno de los primeros anuncios del Gobierno al declarar el estado de emergencia el 17 de marzo fue que quedaban congelados los incrementos en las tarifas de acueducto, esa medida no aplicó para energía y gas. El congelamiento en las tarifas de energía y gas solamente se vio materializado con las resoluciones de la CREG del 14 de abril.

Consultada: En las regiones hay quienes denuncian abuso por parte de las empresas de servicios públicos, ¿tienen investigaciones abiertas? Respondió: Nos han llegado quejas por todos los lados. De Personería, de congresistas, de los municipios. En los controles tarifarios que hacemos no hemos encontrado ninguna desviación. Más que investigaciones, hemos hecho requerimientos a las empresas de energía. Esto debido a que algunas están facturando no por el valor consumido, sino por el promedio de los consumos anteriores, entre otras razones, para evitar sacar a los empleados a mirar los contadores. Esto para los usuarios comerciales es muy duro, porque no han tenido consumo y mucho menos ingresos para pagar. Requerimos a las empresas que especifiquen si están cobrando por promedio, para que solo lo hagan si no hay otra posibilidad. Y en caso de que sí, que lo reversen. Con base en esa información procederemos a evaluar si hay méritos para abrir investigación contra esos prestadores.

Sobre el Acueducto Afrocaucana de Aguas la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indicó:

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