Domingo, 16 de junio de 2019. Última actualización: Hoy

Reacciones en el Cauca sobre objeciones de la JEP

El lunes 11 marzo, 2019 a las 6:29 pm

El presidente Iván Duque Márquez decidió ayer domingo 10 de marzo de 2019, objetar parcialmente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, que regula el sistema de justicia transicional.

“He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, señaló el presidente.

¿Qué objetó Duque?

Duque presentó sus reparos al artículo 7, porque no determina claramente “la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas”. “Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas”, expresó el mandatario.

Presentó, asimismo, objeciones al inciso octavo del artículo 63 porque no determina el alcance de la competencia del alto comisionado para la Paz para verificar las listas de quienes son reconocidos como miembros de grupos armados ilegales y que se sometan a un proceso de paz. Según Duque, este proceso debe ser competencia del alto comisionado y “no es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que los delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad”.

También se objetó el inciso tercero del literal J del artículo 79 porque “no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar”. Para el primer mandatario, esto genera una situación en contra de los intereses de las víctimas y desperdicia “valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad”.

Otra objeción fue al parágrafo 2 del artículo 19 “que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad”. Duque expresó que “el Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos sus esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad.

El presidente también objetó el artículo 150 porque, a su juicio, es inconveniente al no precisar lo establecido en la Ley de Procedimiento de la JEP “cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas” en cuanto a las solicitudes de extradición de personas, que se hubiesen acogido al proceso de paz y que cometieron crímenes con posterioridad a la firma del acuerdo.

Por último, objetó el artículo 153 “porque se condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Según Duque, eso produce un incentivo perverso para el ingreso de terceros a la JEP “bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados.

Reacciones en el Cauca

“Cabal cumplimiento de la JEP certificará los derechos de las víctimas en materia de justicia, de verdad, de reparación y garantía de no repetición”: Carlos Julio Bonilla Soto.

Históricamente, nuestro Departamento del Cauca ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado interno, la guerra ha marcado generaciones, y la violencia está inmersa en nuestras mentes. Los acuerdos de Paz con las FARC son una de las mayores esperanzas y la Jurisdicción Especial de Paz – JEP es un elemento imperativo para garantizar justicia, reparación y no repetición en el cese de este conflicto de más de 50 años.

Como Liberal y miembro de nuestro Partido rechazo la decisión de objetar así sea parcialmente seis puntos de la Ley Estatutaria de la JEP, tratándose de una ley que fue de iniciativa gubernamental, que se tramitó con la participación de los representantes del Gobierno y que la Corte Constitucional revisó el proyecto y lo encontró Constitucional; esta decisión pone en riesgo lo avanzado en materia de terminación del conflicto con las FARC, se constituye en un incumplimiento grave por parte del Estado de las obligaciones derivadas del acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de miles de excombatientes.

Mis colegas tanto de Cámara de Representantes como de Senado de la República adoptaremos una decisión en conjunto, una postura unánime en ambas cámaras sobre la aceptación o el rechazo de las objeciones planteadas por el Presidente de la República.

Desde el Cauca y como activista liberal insisto que la falta de ley estatutaria no genera sino incertidumbre, no le sirve a nadie y pone en riesgo los avances en materia de terminación del conflicto que tanto ha golpeado a nuestro departamento, el Cauca merece estar en Paz y para lograrlo, la Justicia Transicional es una de las salidas para la reconciliación.

Carlos Julio Bonilla Soto, representante a la Cámara, por el Departamento del Cauca.

ABC de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también conocida como Justicia Especial para la Paz es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el Conflicto armado colombiano. Su presidenta es la abogada Patricia Linares, designada en septiembre de 2017 por el Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición

La JEP está compuesta por 51 magistrados (38 de ellos son titulares y los demás suplentes) y tiene 14 juristas extranjeros en calidad de ‘amicus curiae’, amigos de la corte. Además, tiene cinco órganos y una Secretaría Ejecutiva:

  • Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.
  • Sala de Amnistía e Indulto.
  • Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
  • Unidad de Investigación y Acusación.
  • El Tribunal para la Paz. Que está conformado por cinco secciones.

Allí llegarán todas las personas vinculadas a delitos en medio del conflicto armado. Según el último informe de la Secretaría Ejecutiva, están firmadas el 99 por ciento de las actas de compromiso de integrantes de la Fuerza Pública y el 93 por ciento de las de desmovilizados de las Farc. Así, más de 3.500 exguerrilleros y cerca de 1.750 uniformados ya están listos para ser llamados por la Sala de Reconocimiento de la Verdad. Los civiles que financiaron la guerra solo irán voluntariamente a esa jurisdicción.

La Corte Constitucional le puso límites a la duración de la Justicia Especial para la Paz y estableció que tendrá una vida inicial de quince años, prorrogables mediante ley estatutaria por cinco años más. Se ocupará de delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

Con información de la JEP, El Espectador y Proclama del Cauca
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