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Domingo, 12 de julio de 2020. Última actualización: Hoy

Qué hizo el Estado con la tierra del Cauca

El lunes 29 abril, 2019 a las 3:35 pm

Crónica de Gustavo Adolfo Caicedo Muñoz

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Lectores y amigos insisten en continuar en forma de crónicas, que permiten contar el cuento completo, con fundamentos históricos y jurídicos ilustrando el pasado y futuro tendencial del departamento del Cauca y el sur-occidente colombiano. Si la política indígena no tiene un viraje trascendental, que no se vislumbra en el horizonte regional, estamos estancados en un gravísimo problema social que compromete la existencia del departamento del Cauca y la agricultura empresarial en esta región.

De la misma manera las comunidades indígenas deben estar atentas a liderazgos y jefaturas que echen al traste sus logros, la armonía con la cosmovisión y planes de vida, la autonomía de llevar a los comuneros de su pueblo a destinos de bienestar que conserven sus tradiciones y cultura sin radicalismos ideológicos que los preñen de la cultura del delito, del separatismo estatal, del odio racial y de la convivencia pacífica con sus vecinos.

Gustavo Adolfo Caicedo Muñoz

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El mercado de la tierra en Colombia

El país lleva sin resolver por más de 40 Años el problema de una estructura agraria trunca.

Mal diseñada, mal implementada, asistida desde oficinas de Bogotá con criterios paternalistas y redistributivos con una reforma agraria fallida que nunca creó condiciones para la productividad ni para el desarrollo económico.

De otro lado, es preocupante saber que nos encontramos comprometidos con los acuerdos de La Habana, en un proceso de legalización y titulación de más de 6 millones de hectáreas y otra reforma agraria de cerca de 3 millones, con resultados imprevisibles.

Refresca un poco saber también, que mentes jóvenes nacionales y extranjeras trabajan decididamente en corregir los errores del pasado, orientar un mercado de tierras dinámico, moderno, participativo, la reestructuración dada al Incoder cuya misión es el ordenamiento del territorio, la restitución las tierras, dinamizar el mercado, caracterizar el suelo y su uso, proyectar la productividad, la asistencia técnica, el mercadeo con la participación activa de las comunidades campesinas y sus problemas de infraestructura, trasporte, vías, etc.

Faltan aún muchos elementos técnicos y una cartografía que refleje la distribución de la tierra en el mercado, sus potencialidades, los proyectos de infraestructura en curso y proyectados a futuro, las limitaciones, la frontera económica y la frontera agropecuaria y en general, las tierras protegidas y por fuera del mercado (consultar El Mercado de Tierra en Colombia: ¿una alternativa viable? Absalón Machado, Ruth Suarez).

Desafortunadamente, en estos cruentos esfuerzos por corregir errores del pasado, actualizar la estructura agraria encaminarla a destinos promisorios, el departamento del Cauca va en contra vía a la actualización del uso del suelo y sus potencialidades productivas y la política pública insiste en llevar la tierra al mercado terminal para sumergirlo en el atraso y la pobreza, ante el silencio de sus gentes, de sus voceros políticos y privados, sin salida de un laboratorio de conflictos sociales en que nos hemos convertido, agravado por la ignorancia del tema que dificulta su análisis y el enfoque de soluciones prácticas que lo encaminen.

Miremos porque:

La tierra que interviene o compra la nación y la destina a la creación y ampliación de resguardos, la lleva al mercado terminal y la distribuye en forma de «hábitat” para comunidades indígenas con criterios coloniales, retardatarios, paternalistas, que imposibilitan la integración de estos pueblos a la sociedad colombiana y peor aún, la tierra pierde completamente su función social, sale de la frontera económica, para transformarse en inmensos territorios comunes intocables, intransferibles y abandonados, pero lo más grave, sin percatarse de que el mercado terminal de la tierra es permanente, definitivo, irreversible. El Estado no puede extinguir la tierra indígena ni los resguardos están protegidos por un régimen de veto absoluto avalados por la Corte Internacional de Justicia con compromiso total del Estado colombiano.

Por lo tanto, cuando las comunidades piden tierra y se las entregan, esa entrega y esa tierra tienen esas connotaciones determinantes e irreversibles que los gobiernos no vieron cuando actuaron con ligereza y frescura.

Dilucidemos estos conceptos:

¿Qué es y qué significa el mercado terminal de la tierra? El mercado terminal de la tierra no es otra cosa que sacarla de la economía, privarla de la compra venta, desaparece como un activo, pierde su función y se destina a su estado terminal y muerte al salir de la frontera económica.

¿Cómo es posible? Esto no es coherente, nos preguntamos ¿pero la intención de la Ley y del Estado no es llevar bienestar a estas comunidades? Sí, claro que sí. Pero la incoherencia radica en que se entrega en forma de «hábitat», donde la función social de la tierra y la producción no son un requisito inherente al concepto. Si la ley no es suficientemente coherente, la jurisprudencia tampoco lo es y se cae con facilidad en la herejía y en interpretaciones que facilitan la legislación por decreto y sus consecuencias, el mercado terminal de la tierra no es una ley de última generación es el eslabón final de una cadena normativa iniciada en el siglo XVI que a su vez tiene raíces medievales, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio redactadas en siglo XIII.

¿Qué es el hábitat?

El hábitat es un lugar que reúne las características adecuadas para que los seres vivos puedan vivir y reproducirse y así transcurre la vida, de animales, insectos micro- organismos, plantas y personas, óigase bien, seres humanos en su estado más elemental de la creación; el hombre y la naturaleza en comunión permanente, dedicados a la recolección de lo que ese lugar les ofrece, frutos de las plantas de la casa y de la pesca y, algunos sembradíos para sobrevivir, eso es un Hábitat.

Conquistado el nuevo mundo por los españoles, descubrieron este mundo maravilloso, riquísimo, lleno de potencialidades que debía ser colonizado y explotado y, poseído. Desafortunadamente este nuevo mundo estaba ocupado parcialmente por unos primitivos estúpidos, primarios, estaños sin alma, que llamaron indios que había que civilizar y dedicarlos a trabajos exigentes y a la servidumbre. Curas evangelizadores como Fray Bartolomé De las Casas, fue determinante para que la Corona Española protegiera a estos seres de los abusos de los encomenderos, de los oidores, regidores y mineros, así simplemente nació la institución del resguardo, congregaciones en México, reducciones en el Perú, privando a la tierra de la enajenación y respetando la forma de vida de ellos en su hábitat como costumbres ancestrales, la protección del indígena fue remplazada por la esclavitud.

Estos conceptos impresos en la Legislación Colonial Española se trajeron intactos a nuestra constitución del 1886 y 1991 sin que las reformas, adiciones y modificaciones tocaran para nada estos principios que rigen en plenitud hoy día.

No obstante, es necesario visualizar este tema desde una perspectiva histórica que cubra el periodo colonial y el periodo republicano. En el primer periodo, la Corona entregó títulos de propiedad colectiva sobre las tierras de comunidades (Cédulas reales). Estos resguardos son reconocidos en la legislación como los resguardos coloniales. En el periodo republicano y en la segunda década del siglo XX la falta de títulos de los territorios ocupados por indígenas y campesinos, se asimilaron a tierras baldías de la nación y reiniciamos un proceso de readjudicación, con excesos, de lo que siempre fue de ellos.

El Incoder, hoy la oficina de tierras, contrató un estudio muy completo al Instituto Colombiano de Antropología e Historia titulado “Datos para la historia de la propiedad territorial indígena en el surocidente colombiano”, del doctor Fernando Mayorga García.

Los constituyentes del 91 se ocuparon del tema indígena y llenaron la constitución de buenas intenciones, en un amplio articulado que consagra todo tipo de derechos y privilegios sin mayores obligaciones étnicas. El M19 con vocería de Navarro Wolf, Álvaro Gómez Hurtado del Partido Conservador y Carlos Lemos Simmonds por el Partido Liberal, fueron en los últimos días de la constituyente, los promotores creadores de lo que deberían ser los desarrollos y ordenamiento territorial de las comunidades indígenas de Colombia. 28 años han transcurrido sin el ordenamiento territorial esperado, que delimite los resguardos, que ponga en funcionamiento las ETIS y concluya la expansión territorial permanente. El artículo 56 transitorio de la constitución se convirtió en el Instrumento funesto utilizado, que a falta de la Ley de Ordenamiento Territorial, permite legislar por decreto todo lo relativo a comunidades indígenas y así, se concentró el poder legislativo en funcionarios del Ministerio del Interior y de Agricultura utilizando esta herramienta para resolver problemas coyunturales políticos, presionados por las jefaturas indígenas ubicadas en centros de poder y de decisión de Bogotá, que llevaron al Cauca a la pobreza, a la desmembración, incertidumbre y al conflicto que vivimos.

Nuestra Constitución promulga la plurietnia y la pluricultural como los grandes valores nacionales. Este reconocimiento obedece a la realidad social de nuestro país, pero tuvo un efecto negativo en el mestizaje más importante quizás que la pureza racial. El mestizaje concentra la realidad nacional todos somos mestizos en mayor o menor grado, el mestizaje no tiene connotaciones constitucionales, ni privilegios ni beneficios; los ciudadanos se están alineando como indios, negros y blancos. Se está dividiendo el país en razas. Los constituyentes no previeron que los privilegios étnicos alimentarían esta orientación racial y en el Cauca especialmente la indigenización del campesino es muy notoria, a veces forzosa, sin pertenecer ni compartir cosmovisiones diferentes a su idiosincrasia y forma de vida, los privilegios étnicos y el interés de incrementos poblacionales que inciden en las transferencias de la nación, fueron los detonadores de este fenómeno con consecuencias aún impredecibles.

Estas circunstancias históricas y constitucionales crearon un modelo económico de explotación colectiva de la tierra, que no ha funcionado jamás, incluso en países desarrollados. Cuando el Estado es dueño de todo, la tierra no es de nadie y nadie trabaja para los demás. No hay motivación, no hay sentido de propiedad, la falta de subdivisión del territorio en parcelas o unidades agrícolas familiares, que garanticen la pertenencia y permanencia fue desapareciendo para convertirse el territorio de los resguardos en áreas comunes inmensas y abandonadas. Si bien es cierto que el mercado terminal de la tierra la excluye de la frontera económica también es cierto que el hábitat de los territorios indígenas está dentro de frontera agropecuaria (exceptuando las áreas de paramos, parques nacionales, y reservas forestales) la entrega de tierras tiene implícita la función social de la propiedad que lleve bienestar a las comunidades a través de proyectos productivos y empleo, pero el Estado asumió un rol paternal, asistencial, protector y gratuito, limitándose a la entrega de tierras y expandir y ampliar el territorio indígena indefinidamente, lo que destruyó la economía del Cauca, la condujo a los últimos lugares de producción, atraso y pobreza. Se cometieron todo tipo de injusticias con propietarios, finqueros y empresarios, se impuso la retórica política de la oligarquía payanesa, de terratenientes coloniales que despreciaban al indígena sometido a la servidumbre por las elites de Popayán.

Quintín Lame fue un indígena, soldado de la patria que estuvo en la guerra de Panamá, allí conoció a un francés avezado en la Revolución Francesa y la ideología marxista, y de regreso al Cauca, organizó un movimiento de protesta social y descontento que con el tiempo inspiró y justificó la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y el brazo armado del M19, dirigido por Pablo Tatay (ciudadano rumano). “El Quintin Lame” tuvo origen fue político y su ideología de izquierda radical con autoritarismo revolucionario.

La oferta voluntaria de la tierra

En el Cauca no existe el mercado de tierras, existe un sólo comprador: el Incoder (oficina de tierras) para llevarla al Fondo Agrario del Cauca por la presión feroz de las comunidades indígenas, a finqueros, campesinos y empresarios. Fue tan devastadora la dinámica de la recuperación de la tierra, orquestada por el Estado, que el Fondo Agrario del Cauca llegó a tener 57.747 hectáreas (Enero 17/ 2006 ) dato estadístico del señor Óscar Augusto Zuluaga, coordinador Incoder de Popayán, y a junio de ese mismo año había más de 77 predios invadidos en área superior a 7.400 hectáreas, que permanecieron así por más de 20 años. Fue tan obtusa la mirada del Gobierno (visión estadística) que el propio ministro de hacienda Juan Camilo Restrepo, argumento, sin identificar las causas, soluciones y estímulos a los campesinos que querían abandonar sus propiedades, que la compra era la mejor opción para recuperar la tranquilidad, el acceso a la tierra  y la justicia social en el Cauca, y continuó la multiplicación y creación de resguardos desdibujándose por completo el concepto de propiedad privada y de autoridad en la región.

Fue así como el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) tomó como bandera la recuperación de la tierra, de la «Mama Pacha». La liberación de la tierra fue su propósito, una dinámica violenta y sistemática por parte de las comunidades, que obligaba a los finqueros, hacendados y campesinos por las invasiones, incendios, destrucción de la infraestructura, cercas, desalojo de mayordomos, amenazas, crímenes horribles, a ofertar la tierra en forma «voluntaria» (figura inventada por el Gobierno para evitar la lesión enorme en demandas civiles) que se convirtió en el único mecanismo para recuperar algo del patrimonio familiar, con pagos irrisorios derivados de la posición dominante del único comprador en el mercado que imponía sus condiciones, el Incoder.

Inicialmente las invasiones se concentraron en zonas específicas, luego, el objetivo fueron valles enteros que se compraron como Sotara, Malvasa, Coconuco, Calaguala, Puracé, San Isidro, Valle de las Papas, San Francisco (Toribío), Paletará, Silvia, etc., mutilando y desapareciendo municipios enteros y verdaderos emporios de producción pecuaria, lecherías, ganaderías de alta genética, casas coloniales como San Isidro, Las Mercedes, Caucaya, patrimonio histórico del Cauca.

Los 32 resguardos coloniales fueron multiplicados por cuatro, 110 en la actualidad, y muchos otros en turno con estudios socioeconómicos que permiten la creación o ampliación de los mismos, en una carrera que de continuar, extinguiría lo que fue el Cauca Grande para transformarse en provincias indígenas Nasas, Guambianas, Yanaconas, capital Popayán.

La legalización del despojo

En dos oficinas jurídicas de Popayán, con sus abogados especialistas (Medina Cerón y Collazos Asociados) se concentró casi la totalidad de la legalización de los trámites para entregar al Estado las propiedades del Cauca. En investigaciones recientes estás oficinas tramitaron más de 650 compras de fincas del Incoder para indígenas.

Con precios irrisorios y pagados en bonos a 5 o más años que se descontaban en bolsa de valores por el 70-80 % de su valor, sin importar el mecanismo, lo urgente era salir del problema, conservar la vida y recuperar algo del patrimonio, aceptar estas condiciones era el único camino ante el despojo de sus bienes en forma irremediable.

Consecuencias

Fueron tan funestas las consecuencias derivadas de la improvisación de la política indígena en manos de funcionarios incompetentes, ingenuos, donde la única visión era recuperar la gobernabilidad del presidente de turno, que le pido a los lectores fijar su atención en los siguientes puntos.

  1. En los resguardos indígenas no existe ni puede existir el mecanismo de la extinción del dominio para reprimir los cultivos ilícitos (compromiso nacional garantizado por veto de la Corte Internacional de Justicia), constituyéndose en territorio ideal para el narcotráfico. La falta de división interna del resguardo tampoco permite la identificación del comunero cultivador y su judicialización. La erradicación manual y la fumigación aérea están prohibidas por la guardia indígena, que ejerce el control del territorio, como policía interna reconocida su jurisdicción en el gobierno Santos por su ministro Aurelio Iragorri Valencia, principios de la cosmovisión y autonomía.
  2. El Estado creó un territorio del tamaño del departamento de Caldas incrustado en la geografía caucana destinado a la pobreza, sin empleo y sin salario, sin proyectos productivos que masifiquen el ingreso, destinado al abandono o a la migración masiva, al arrendamiento, sin vivienda al interior; las cabeceras  municipales en su mayoría están ocupadas por blancos que no aceptan vivir bajo la jurisdicción, ni la cosmovisión indígena, en conflicto permanente.
  3. El Gobierno no conoce el territorio indígena del Cauca porque no lo dejan subir; el acceso está vedado para el DANE, IGAC, HIMAT, corporaciones regionales, ministerios de Educación, Minas, Ambiente, Defensa, etc., estrategia amparada en la autonomía que oculta la verdad, y la corrupción. El Gobierno recurre en la toma de decisiones, a estadísticas erradas manipuladas, censos poblacionales empadronados por ellos. Una cartografía digital resolvería el problema, retrataría la verdad sin conflicto en cultivos (lícitos- ilícitos), vivienda, uso del suelo, planeación, minería, potencialidades, etc., solicitud reiterativa que nunca ha sido atendida.
  4. Las transferencias de la nación son cercanas a los 160. 000 millones de pesos anuales y al 5% del PIB, sin mayor fiscalización por los organismos de control. Adicionalmente, participan del presupuesto de la nación según el acta de la minga (gobierno Duque) en 823.000 millones de pesos para el Cric (plan bianual) y 78.000 mil millones para compra de tierras (6.400 hectáreas nuevas que irán al mercado terminal, sin cambio en la política que se proyecta en el futuro esa tendencia).
  5. Debe reconocerse la existencia de muchos pueblos tribales en condiciones similares o peores al descubrimiento de América, en lugares de la Amazonía, Orinoquia, que exigen afecto nacional, proteccionismo y gratuidad por parte del Estado, pero no puede extenderse a ultranza a toda la descendencia Amerindia de Colombia, que a la postre somos todos nosotros. No podemos continuar reconociendo a la descendencia indígena mestiza colombiana como pueblos tribales precolombinos. Impidiéndoles la integración a la ciudadanía colombiana, ni continuar dividiendo al país en razas, y etnias privilegiadas. Atendamos a nuestros pueblos tribales con esmero, y convivamos como una nación unitaria los demás colombianos.

Finalmente, quedan muchos más temas importantes por tratar en profundidad que ameritan otras crónicas tales como la etnoeducación de los niños indígenas, la militarización de la guardia indígena en técnicas de combate como grupo armado, la declaración de propiedad del recurso hídrico, la constitución de autoridades ambientales autónomas, la impunidad total en los delitos que incurren las jefaturas y comuneros de los resguardos y lo peor de todo, la declaración de repúblicas independientes autónomas para crear la gran república indígena colombiana.

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    4 comentarios en "Qué hizo el Estado con la tierra del Cauca"

    1. Todo este absurdo, incomprensible en estos tiempo, obedece a algo totalmente carente de razón, como es la ausencia de un reencuentro con sus raíces, donde respetando su genética se paren en el tiempo presente. Aparecer como figuras de museo, pero vivas es una aberración, en el que los más perjudicados son los mismos indígenas, por los niveles aterradores de desnutrición infantil, con consecuencias irreparables en el cerebro. Si cuantificamos el tiempo en que salimos de África, y el tiempo en que las características morfologicas se formaron, no existe ningún argumento que impida el reencuentro. Si en Bogotá hay colegios de Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, que están formando excelentes bachilleres. ¿ Cuando tendremos en elCauca con una considerable población Amarilla, colegios de China, Japón, Corea del Sur, etc?

    2. Muy buen artículo.
      Hay que tener presente, que el darle gratis y sin ningún control a cualquier etnia, bien sea India, negra, blanca o campesina tierras o plata, creo no solo todos estos problemas si no que crea parásitos que cada día quieren más y más sin hacer nada constructivo, ni para ellos ni para la sociedad, creando divisiones entre esta misma.

    3. Aniceto Guzman S . dice:

      Gustavo , excelente documento para defender la injusticia a la que ja llegado el estado colombiano con los campesinos propietarios de sus fincas , qué fracaso tan grande y tan preocupante , pone en peligro el principio de la propiedad privada, ha sido violado de principioa fin !!! ,hay que hacer conocer este documento a niveñ institucional y en todas las instituciones ya todos los niveles .
      Un abrazo.
      AGS

    4. ..Tiene razón el chiscarabis que escribió esta cochinada. Deberían regalarsela a los hijos de uribe. Esos si saben como sacarle provecho… aunque sea solo para ellos. Pero vale!..pues al menos alguien se benefició… LOs indigenas solo andan con el cuento ese de que hay que cuidar el medio ambiente y el agua.. como si eso se fuera a acabar!… jajajaj! babosos!…acabarse el agua..ajajajaj Todos tenemos agua en nuestras casas…!

    Comentarios Cerrados.