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Propiedad y conflictos

El lunes 2 marzo, 2015 a las 5:46 pm
Felipe Solarte Nates

Por. Felipe Solarte Nates.

Para garantizar éxito del ‘pos-conflicto’ en el Cauca y otros departamentos, como en la altillanura oriental, donde particulares se han apropiado de extensos territorios para cultivos industriales, el gobierno deberá negociar con organizaciones indígenas, afros, de campesinos, mestizos de las zonas de reserva campesina, de agro-empresarios de y ganaderos, pues a falta de límites y leyes claras, las luchas por la propiedad y derecho a trabajar el campo, originarán enconados conflictos, que impedirán adelantar proyectos agropecuarios y canalizar presupuestos anunciados por los gobiernos: nacional y extranjeros para mejorar la productividad y nivel de vida en departamentos afectados por la guerra, como el Cauca.

La ocupación de tierras de particulares en Caloto y Corinto, demandando la compra de siete fincas y el bloqueo a la Panamericana entre Popayán y Quilichao por indígenas de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN, evidencia uno de los álgidos problemas que deberá afrontar la sociedad colombiana, durante el pos-conflicto, en caso de concretarse desmovilizaciones de las Farc y Eln.

Por no haber oferta de predios sin explotación agropecuaria disponibles y alegando respetar la propiedad privada y qué no pueden expropiar 20.000 hectáreas, exigidas por los indígenas y qué han cumplido puntos acordados para indemnizar la masacre de El Nilo en 1991, el min-Agricultura Aurelio Iragorri, declaró que no aceptan presión indígena con bloqueos y ocupaciones de propiedades. Según el gobierno, cerca el 33% de tierras en el Cauca, pertenece a resguardos y  medidas tomadas, que han favorecido notoriamente a organizaciones indígenas en detrimento de comunidades afros y de campesinos mestizos, que carecen del nivel organizativo, de movilización y lucha, alcanzado por comunidades nativas. Esto cuando paeces, agrupados en la ACIN, ocuparon varias fincas y desde el martes 24 de febrero iniciaron bloqueos viales, enfrentándose a la Policía, para “recuperar territorios ancestrales” en el plano del norte del Cauca, sembrado de caña y entrando en conflicto con empresarios azucareros y sin medir efectos negativos de los cierres de la Panamericana en la economía y vida cotidiana de la mayoría de caucanos y habitantes del sur-oriente del país.

Cañaduzal - Guachené - Padilla

Sin desconocer derechos ancestrales y titulados a resguardos indígenas desde la colonia y los cuales han argumentado para recuperar territorios despojados durante los siglos XIX y XX, el mayor nivel organizativo desde que crearon el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, hace 44 años, les ha concedido ventajas, comparándolos con afro-descendientes y propietarios de pequeños y medianos predios, que apenas intentan  agruparse. Mientras comunidades campesinas de mestizos, buscan asociarse en áreas influenciadas por las Farc, alrededor de Zonas de Reserva Campesina, ZRC, apoyadas por la Marcha Patriótica y comunidades afros-descendientes, gestionan legalizar terrenos en la Costa Pacífica, norte y sur del Cauca, organizaciones indígenas, desde 1970, iniciaron recuperación de antiguos resguardos y tierras vecinas. Además en 2014, lograron autonomía para dirigir sus programas y presupuestos de Salud y Educación, que antes administraban municipios y departamentos y parcialmente tienen su  propio sistema judicial, lo que les da notoria ventaja y ha generado roces con administraciones municipales y campesinos no afiliados al CRIC.

Entre el 2007 y 2012, en límites de Quilichao y Buenos Aires, se presentaron enfrentamientos violentos entre paeces y afro-descendientes, cuando el Incoder adjudicó a indígenas, tierras de la hacienda Corcovado, tradicionalmente ocupadas por estas comunidades. Después de agitadas negociaciones los indígenas aceptaron que les compraran tierras en otra región.

El problema no es sólo del Cauca. En el Catatumbo, Norte del Santander, a raíz de una demanda de indígenas motilones, alegando “que son territorios ancestrales”, el gobierno nacional suspendió autorización a la Zona de Reserva Campesina, creada por campesinos afines a la Marcha Patriótica, después del prologado paro campesino de 2013, en una zona afectada por narcotráfico, paramilitarismo y presencia de las Farc.

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