La minusvaloración de sus prácticas económicas, la discriminación racial, el descrédito y negación de sus identidades y tantos ataques y afrentas que han sufrido sus instituciones, culturas y cosmovisiones, han tenido generalmente como finalidad, desvirtuar el derecho intrínseco de naturaleza histórica que tienen sobre sus territorios. Y esto con la finalidad de facilitar el despojo territorial. El problema indígena en el Cauca es mucho más que tierras.

Los indígenas y los negros del Cauca y Colombia no están reclamando cosas imposibles o inaceptables en materia de derechos. Demandan un margen aceptable de autonomía que les permita mantener el control económico, social, cultural y por supuesto político y jurídico sobre sus territorios. Y es que la Constitución Política de Colombia de 1991 abrió las puertas para hacer posible la construcción de una Nación donde los indígenas y negros gozaran de estas autonomías territoriales. Y no juegan limpio aquellos adversarios de la Nación pluriétnica que afirman que de decantarse consecuentemente estos principios constitucionales, se estaría propiciando la desintegración de la Nación colombiana.

Es precisamente al revés: al desconocer el Estado las demandas de autonomía de los grupos étnicos y mantener su exclusión social, con promesas incumplidas, se está contribuyendo de forma deliberada a la dispersión organizativa de estos pueblos y propiciando la fragmentación de sus territorialidades. Y generando un clima de inconformismo que sí puede llegar a poner en riesgo la unidad nacional, como se viene experimentando en varias regiones del mundo con levantamientos y rebeliones étnicas contra la exclusión, que tumban gobiernos y amenazan con despedazar Estados nacionales. Hay que pararle bolas a los indígenas, pues su capacidad de organización y lucha está plenamente demostrada con la reciente movilización.