ipt>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lunes, 18 de noviembre de 2019. Última actualización: Hoy

Promesas incumplidas

El martes 28 octubre, 2008 a las 1:34 pm

“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y Cultural de la Nación Colombiana«: éste es el artículo séptimo de la Constitución Nacional de 1991. Pareciera no tener importancia si tenemos en cuenta las condiciones actuales de las comunidades indígenas, caracterizadas por una invisibilización parcial de su existencia y el desconocimiento casi total de sus derechos por parte del Estado. Empecemos por las políticas sociales excluyentes y sigamos con el saqueo ilegal de sus territorios, en lo que no solo tiene que ver el Estado colombiano, por su permisibilidad sino también, los monopolios económicos nacionales e internacionales.

Sin embargo, si damos un contexto histórico, este logro constitucional es realmente relevante para que la nación aprenda a respetar su condición pluriétnica y multicultural. A los grupos étnicos siempre se les han negado todos sus derechos con promesas incumplidas y poca atención a sus reales problemas.

La resistencia cultural de los pueblos indígenas frente a los actores armados, que tiene muchos años, cuenta con resultados en estos casos, por el respeto exigido para su tierra, por la posición firme que se adoptó frente a cualquiera de estos grupos y porque la comunidad se negó a ser representada por cualquier persona que use un fusil para terminar con la vida de otra persona.

La minusvaloración de sus prácticas económicas, la discriminación racial, el descrédito y negación de sus identidades y tantos ataques y afrentas que han sufrido sus instituciones, culturas y cosmovisiones, han tenido generalmente como finalidad, desvirtuar el derecho intrínseco de naturaleza histórica que tienen sobre sus territorios. Y esto con la finalidad de facilitar el despojo territorial. El problema indígena en el Cauca es mucho más que tierras.

Los indígenas y los negros del Cauca y Colombia no están reclamando cosas imposibles o inaceptables en materia de derechos. Demandan un margen aceptable de autonomía que les permita mantener el control económico, social, cultural y por supuesto político y jurídico sobre sus territorios. Y es que la Constitución Política de Colombia de 1991 abrió las puertas para hacer posible la construcción de una Nación donde los indígenas y negros gozaran de estas autonomías territoriales. Y no juegan limpio aquellos adversarios de la Nación pluriétnica que afirman que de decantarse consecuentemente estos principios constitucionales, se estaría propiciando la desintegración de la Nación colombiana.

Es precisamente al revés: al desconocer el Estado las demandas de autonomía de los grupos étnicos y mantener su exclusión social, con promesas incumplidas, se está contribuyendo de forma deliberada a la dispersión organizativa de estos pueblos y propiciando la fragmentación de sus territorialidades. Y generando un clima de inconformismo que sí puede llegar a poner en riesgo la unidad nacional, como se viene experimentando en varias regiones del mundo con levantamientos y rebeliones étnicas contra la exclusión, que tumban gobiernos y amenazan con despedazar Estados nacionales. Hay que pararle bolas a los indígenas, pues su capacidad de organización y lucha está plenamente demostrada con la reciente movilización.

Leer más…
También te puede interesar
Deja Una Respuesta