• “Sobre el Ministerio Público recaen tareas fundamentales para la superación del estado de cosas inconstitucional, lo cual supone que las víctimas accedan de manera eficiente a los procesos de restablecimiento de sus derechos y tengan la posibilidad de reconstruir su plan de vida”, aseguró el jefe del Ministerio Público.

• El pronunciamiento del jefe del órgano de control fue realizado hoy en el Primer encuentro de procuradores regionales para el seguimiento a la Ley 1448 de 2011, de víctimas y restitución de tierras.

• Desde el 2009 la Procuraduría ha fortalecido su función preventiva para advertir oportunamente las situaciones que pueden generar revictimizaciones a los derechos fundamentales de las víctimas.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, hizo un llamado a los miembros del Ministerio Público para que vigilen que las administraciones distritales y departamentales, así como las entidades del orden nacional, cumplan con las obligaciones que les corresponden en materia de atención humanitaria de emergencia a las nuevas víctimas de desplazamiento forzado y a las comunidades que se encuentren en situación de confinamiento.

El jefe del Ministerio Público hizo hincapié en los temas estructurales frente al deber de garantía del goce efectivo de los derechos de las víctimas, contenidos en las últimas disposiciones y órdenes emitidas por el tribunal constitucional en los Autos 119 y 099 (concernientes a los componentes de ayuda humanitaria y registro de esta población), así como en la sentencia SU-254 de 2013, y el papel que cumplen al respecto las comisiones y subcomisiones del Ministerio Público para la Justicia Transicional.

También llamó la atención de todos los miembros del Ministerio Público, específicamente personeros, para que en sus territorios pongan en marcha y adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las órdenes señaladas en el Auto 119 de 2013 de la Corte Constitucional en materia de registro y atención a la población que se ve forzada a desplazarse. “Con independencia si el desplazamiento forzado se presenta con ocasión del conflicto armado o no, sin distinción en razón de la calidad o motivo del actor y de su modo de operar”.

La Procuraduría, incluso antes de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, desarrollaba labores con la finalidad de garantizar los derechos de las víctimas del delito de desplazamiento forzado. Para ello, apropió instrumentos tecnológicos y de medición de buen gobierno que le han permitido advertir las situaciones que, desde el punto de vista administrativo, afectan los procesos de restablecimiento de derechos.

Por último, el jefe del órgano de control invitó a los funcionarios y agentes del Ministerio Público a velar por la garantía del derecho a la reparación integral de las víctimas de la violencia, mediante la asesoría y orientación adecuada sobre las competencias y procedimientos para la inclusión en los diferentes proyectos y programas, así como mediante la vigilancia a los procesos judiciales que se adelantan sobre los hechos victimizantes.

El evento fue presidido por el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado; el personero distrital, Ricardo Cañón Prieto; y la magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, Lucía Stella García Delgado. Además de los procuradores regionales del país, la jornada contó con el acompañamiento de los representantes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y el equipo de magistrados de la sala especial de seguimiento la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional: Ingrid Santos Mercado, Marta Castro Martínez, Lucía Estela García Delgado y Félix Eduardo Torres Penagos.