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Proclama del Cauca no ha mentido

El martes 13 noviembre, 2018 a las 8:07 pm

Santander de Quilichao se administra como negocio privado

Proclama del Cauca no ha mentido

Respuesta a Derecho de Petición de la Secretaría de Planeación Municipal, Ordenamiento Territorial y Vivienda de Santander de Quilichao

La tarde de este martes 13 de noviembre llegó a las oficinas de Proclama del Cauca un derecho de petición suscrito por el señor Wilson Zapata, director de la Secretaría de Planeación Municipal, Ordenamiento Territorial y Vivienda, del gabinete de gobierno del alcalde Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez.

En dicho documento pide que se le resuelvan dos peticiones:

“PRIMERO: Me sea entregado por cualquier medio, ya sea físico o electrónico, los soportes con los que cuenta el diario Proclama del Cauca, para sustentar la afirmación publicada en su página Web, el pasado 12 de noviembre de 2018, y en el cual se indica que presuntamente financié la campaña del actual alcalde municipal de Santander de Quilichao, con la suma allí consignada”. (RESALTADO NUESTRO).

“SEGUNDO: Proceda el periódico Proclama del Cauca, representado por el señor Alfonso José Luna Geller, con domicilio en Santander de Quilichao, a realizar nueva publicación en las mismas páginas y cantidad de redacción, donde ratifique lo publicado en mi contra, y de esta manera se logre restablecer los derechos a la honra y buen nombre e intimidad”. (RESALTADO NUESTRO).

Teniendo en cuenta que la publicación que se realizó en el día de ayer está debidamente soportada con las constancias expedidas por las autoridades competentes, obramos, de igual manera hoy, públicamente, para dar respuesta POSITIVA al primer punto de la petición, ACLARANDO de su petición, que a ninguna parte del editorial le dimos carácter de PRESUNCIÓN, como indica el señor Zapata, porque las pruebas pueden evidenciarse a continuación.

Por otra parte, estamos obligados a concederle lo solicitado en el segundo punto donde nos exige “ratificar lo publicado en mi contra”, por lo cual procedemos de conformidad, revalidando cada palabra expresada en el editorial suscrito por este periodista-director de Proclama del Cauca en el día de ayer.

También aclaramos que es la primera vez que un peticionario de pruebas pide que se ratifique lo escrito. Generalmente nos piden una RECTIFICACIÓN, cuando es procedente, que no es este el caso, pero igual, procedemos a ratificarnos en el editorial publicado, porque precisamente el señor Zapata no presenta ningún argumento o comprobación que pueda esgrimir para negar o desmentir la evidencia denunciada.

Y lo hacemos por este medio de comunicación, primero por aquí se originó la información, segundo porque en el derecho de petición no nos suministra su correo electrónico, tercero por ser un asunto de interés público, cuarto porque el señor Zapata nos autoriza para que la respuesta le sea entregada por “cualquier medio, ya sea físico o electrónico” y el portal Proclama del Cauca es un medio electrónico y quinto porque como servidor público que es el peticionario debe saber hasta dónde llegan sus derechos a la honra y buen nombre e intimidad.

Aquí están las pruebas expedidas por la ORGANIZACIÓN ELECTORAL – CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – Fondo Nacional de Financiación Política:

El derecho al buen nombre y a la intimidad personal de un servidor público

El artículo 12 de la Constitución prevé que toda persona tiene derecho al buen nombre y a su intimidad personal y familiar y, por tanto, el Estado tiene la obligación de garantizarlos y hacerlos respetar. Esto por cuanto guarda una estrecha relación con la salvaguarda de otros derechos y principios también de rango fundamental como la dignidad humana.

La Corte ha manifestado que la privacidad de la vida personal y familiar de una persona es una manifestación del derecho a la intimidad, e implica un deber de abstención por parte del Estado y de terceros de intervenir de manera arbitraria o injustificada en dicha esfera y también, de publicar o divulgar sin autorización asuntos relacionados con el ámbito privado de los individuos.

Estas explicaciones las presentamos porque hacen parte del Código de Ética que rige el ejercicio del periodismo en la red de medios de comunicación Proclama del Cauca y las defendemos con el mayor celo posible. El código referido tiene como propósito “señalar a los periodistas unos principios de conducta fundados en los valores éticos de la profesión como base del compromiso de todos los que tienen responsabilidad en el proceso de informar: empresarios, directores, editores y reporteros”.

Pues bien, le aclaramos al señor Zapata que en la sentencia SU-089 de 1995 la Corte Constitucional sostuvo que esta garantía abarca múltiples y diversos aspectos de la vida de la persona, incluyendo no solo la proyección de su imagen, sino también la reserva de sus distintos espacios privados en los cuales solo recae el propio interés, al respecto afirmó que“(…)constituyen aspectos de la órbita privada, los asuntos circunscritos a las relaciones familiares de la persona, sus costumbres y prácticas sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los espacios limitados y legales para la utilización de datos a nivel informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y en general todo “comportamiento del sujeto que no es conocido por los extraños y que de ser conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación” que éstos tienen de aquel”.

Como puede verse al releer el editorial “Santander de Quilichao se administra como negocio privado” (https://www.proclamadelcauca.com/santander-de-quilichao-se-administra-como-negocio-privado/), en ninguna parte se accedió a la intimidad personal ni se violó el derecho al buen nombre del señor Zapata, luego nada tenemos que responderle al respecto.

Pero sí nos parece pertinente que él sepa que cuando se trata de personajes públicos la sentencia T-437 de 2004 señaló que si bien es claro que éstos tienen derecho a solicitar la protección de su derecho fundamental a la intimidad, su espacio de privacidad, en virtud de su desarrollo social, se ve reducido, reiterando lo expuesto en los fallos T–1202 de 2000 y T-066 de 1998, que señalaron:

Cuando se presentan conflictos entre el derecho a la información y los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad, en el caso de las personas y los hechos de importancia públicos, predomina prima facie el primero. En estos eventos, el derecho de información debe ser preferido, en principio, en razón del papel de control del poder que se asigna socialmente a los medios de comunicación. Del reconocimiento de que los medios cumplen en este campo una función importantísima para la vigencia del sistema democrático se deriva que ellos deben gozar de amplia libertad en la tarea de supervisión de las entidades estatales – y de los poderes privados. Si se impusieran fuertes restricciones sobre la prensa en estas áreas se perjudicaría en medida notable su capacidad de vigilancia sobre el correcto desempeño de estos poderes. No desconoce la Corte que la referida amplitud de la libertad de prensa en estos campos puede llegar a afectar los derechos de las personas que se desempeñan en posiciones de notoriedad e interés público. No obstante, en principio habrá de responderse que estas personas, al aceptar su situación social, han consentido tácitamente en una cierta restricción de esos derechos. En efecto, su papel de figuras públicas los convierte en objeto del interés general, por lo cual es de esperar que tanto sus actividades públicas como su vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte de la sociedad”.

Faltaría informar que la red de medios de comunicación Proclama del Cauca, a pesar del acoso judicial al que quieren someterla, avanza en otra serie de investigaciones sobre la Administración Pública Municipal de Santander de Quilichao y otros municipios del Cauca y que oportunamente se estarán entregando los resultados a la opinión pública y a las autoridades competentes, que, a propósito, ante tantas evidencias de corrupción, deberían proceder con mayor eficiencia en sus respectivas investigaciones iniciando de oficio las que se conocen públicamente, para ser más eficaces en sus funciones y resultados.

Otras publicaciones que ayudan a ilustrar a la opinión pública sobre los asuntos tratados en Proclama del Cauca:

485 DONANTES A CAMPAÑAS POLÍTICAS RECIBIERON CONTRATOS PÚBLICOS POR VALOR DE 169 MIL MILLONES DE PESOS: MOE – Consultar el siguiente enlace: https://moe.org.co/nueva-metodologia-para-rastrear-la-relacion-entre-financiacion-y-contratacion-publica/

ASÍ SE ROBAN A COLOMBIA – Consultar el siguiente enlace: https://moe.org.co/publicacion/asi-se-roban-a-colombia/

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Otros editoriales de este autor: https://www.proclamadelcauca.com/tema/noticias-proclama-del-cauca/editorial-alfonso-j-luna-geller/

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