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Petro invitó a una “movilización popular” contra la violencia en Cauca

El miércoles 27 diciembre, 2023 a las 3:22 pm
Petro invitó a una “movilización popular” contra la violencia en Cauca

Felipe Solarte Nates

En medio de las celebraciones de Navidad, el presidente Petro, anunció el impulso a la creación de una coordinadora por la paz en el departamento del Cauca, integrada por organizaciones populares y sectores interétnicos.

El anuncio lo hizo después de la masacre de un docente, su esposa e hija de 15 años y dos jóvenes indígenas en Vilachí, en el resguardo de Canoas, vereda de Santander de Quilichao, del asesinato del alcalde de Guachené y del consejo extraordinario de seguridad que, en Santander de Quilichao, presidió el ministro del Interior Luis Fernando Velasco.

Ante la propuesta del presidente Petro de crear una coordinadora popular por la paz, hay que esperar la reacción de las diferentes organizaciones del departamento del Cauca: indígenas, campesinas y afros, a ver si superan sus diferencias en la lucha por la propiedad de la tierra que los ha enfrentado en varias oportunidades y con otros sectores gremiales, como sucede en Popayán, entre maestros de Asoinca e indígenas del Cabildo de Julumito, que quieren ampliar su resguardo, disputándose el predio Los Balcones, que los educadores compraron para dividir en un condominio.

Acerca de la agudización de la violencia en el Cauca, algunos analistas consideran que el departamento fue víctima de un proceso de paz mal diseñado, en el cual les dieron excesivas garantías a los grupos con fuerte presencia en el andén de la cordillera occidental mirando al Pacífico (municipios del Tambo, Balboa, Argelia, López del Micay, Timbiquí, Guapi, Suárez y Buenos Aires) para que se expandieran hacia el nororiente caucano, a partir del cese al fuego, anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre de 2022, que en la práctica solo cumplió la fuerza pública, mientras el ELN y el EMC de las disidencias de las FARC se enfrentaban por apoderarse de territorios que antes ocuparon las FARC E.P, en las áreas rurales de Santander de Quilichao, Jambaló, Caldono, Silvia, Puracé, Inzá, Belalcázar y límites con el Huila.

Esta lucha violenta entre las dos guerrillas causó desplazamientos, temor y alteración de la vida cotidiana, laboral y educativa de numerosas comunidades indígenas, campesinas y afros afectadas por los combates en su territorio, quedando en medio del fuego cruzado, víctimas varios civiles y también fueron asesinados dirigentes que se opusieron a la presencia y acción de las guerrillas que además se dedicaron a reclutar menores, a imponer sus políticas de control a la movilización de la población y sobre el cultivo y procesamiento de coca, marihuana y amapola, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.

En cuanto al asesinato del alcalde de Guachené Elmer Abonía, se destaca la fuerte presencia de pandillas que en Puerto Tejada se fortalecieron desde que, en el año 2000, junto a las de Buenaventura, fueron reclutadas y adiestradas por el Bloque Calima de las AUC, irradiándose con sus métodos y delitos a los municipios de Guachené y Villa Rica.

Antes del asesinato del alcalde de Guachené, en conjunto con la Gobernación del Cauca adelantaban contactos y acuerdos para lograr la desmovilización y paz entre pandillas.

Mientras el ministro del Interior Luis Fernando Velasco plantea que hay que regularizar el cultivo y venta de marihuana, que en manos de los grupos armados es fuente de violencia, para los congresistas que representan al departamento del Cauca, “la violencia en la región no se resuelve únicamente con la movilización popular. Reclaman una estrategia de seguridad y sustitución de las economías ilícitas, al igual que reglas claras para la “paz total” con los grupos armados”, según publica El Espectador.

“Al presidente le hemos escuchado propuestas desde la campaña, muchas muy interesantes, el problema es que, a la hora de materializarlas, está lejos de conseguir resultados que cambien los problemas”, dijo el representante Óscar Campo (Cambio Radical), quien también fue gobernador del Cauca.

Según explicó, el departamento necesita materializar la sustitución de cultivos, pues actualmente hay unas 26.000 hectáreas de coca sembrada que, a su juicio, son un motor para los grupos armados. Así mismo, dijo que es urgente definir unas reglas claras de los ceses al fuego con las disidencias y el ELN. “La paz no se hace con discursos, se necesitan presupuestos reales y equipos capaces, no activistas”, agregó.

Campo le concede al Gobierno dos puntos, el hecho de que la seguridad del departamento se viene deteriorando desde la anterior administración y que las demás entidades del Estado, tanto nacionales como locales, no están cumpliendo con las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, como si se tratara de una herramienta “decorativa”.

Los peros a la estrategia del Gobierno de recurrir a la movilización popular han llegado incluso desde el Pacto Histórico. El representante Ermes Pete, quien fue consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), le dijo a El Espectador que “la gente está muy dolida” y no entiende cómo el presidente Petro “pretende que los sectores sociales lo acompañen cuando en las regiones se está empoderando a la ultraderecha y él no se está rodeando de la gente que saldría a las calles”.

Pete agregó que las comunidades están inconformes por el hambre que ha generado la crisis de la hoja de coca y porque no se sienten representadas directamente en los acercamientos de paz con los grupos armados. “Yo sé que él tiene buenas intenciones, que piensa en la Colombia profunda, pero debe manifestarse con hechos”, le dijo el representante al mandatario. Para él, una de las acciones que debería implementar el Gobierno es fortalecer los mecanismos de protección colectiva, como las guardias indígenas y cimarronas, que podrían trabajar por la protección de la población y los líderes sociales.

En el Senado, una de las voces más críticas de la política de seguridad del Gobierno es Paloma Valencia, nacida en Popayán, quien cuestionó a Petro, según ella, por estar más pendiente de la situación en Oriente Medio que de lo que ocurre en el departamento. “El Cauca no es Gaza, pero también es Colombia”, dijo en uno de sus trinos. Además, criticó al mandatario por “reemplazar” las estrategias de seguridad por la “paz total”, que, según dijo, Jorge Bastidas, también del Pacto Histórico, aseguró que no se deben desconocer las tensiones entre las organizaciones sociales del territorio, como lo señaló el presidente, por lo que celebró la propuesta de construir un “pacto interétnico”. Sin embargo, advirtió que el Gobierno debe avanzar en otros frentes, por ejemplo, creando una consejería presidencial que confronte, con el apoyo de todas las instituciones, la violencia en el Cauca.

“En la medida que este tipo de decisiones demoren más en ser operativas, lo que va a ganar es el interés de aquellos sectores que quieren venderle al país la idea de que hay una situación de ingobernabilidad. Permitir eso atenta directamente contra la paz total o la nueva política de drogas”, dijo Bastidas”.

Otro aspecto que tendrá que corregir el Gobierno de Petro en la región pacífica y en el departamento del Cauca es el de la no inclusión de importantes proyectos de desarrollo y de infraestructura en el presupuesto del 2024.

Según publicaron varios medios de comunicación, durante las reuniones que antes de Navidad sostuvo el presidente Petro con su gabinete para evaluar la gestión del año que termina y diseñar la del 2024, fueron duramente criticados funcionarios como el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI,  William Camargo, al no incluir importantes obras en el presupuesto del 2024, como la construcción de la carretera Popayán- Pasto, que en enero sufrió el grave derrumbe en Rosas, y especialmente del tramo Timbío- El Estanquillo, que cuenta con completos estudios y estructuración del proyecto en fase 3, la más avanzada.

Según infidencias de algunos asistentes, en las reuniones con su equipo de gobierno, el presidente Petro se mostró contrariado porque desde la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, siguieron aportándole billones a la continuación de obras de infraestructura en Antioquia, donde desde los gobiernos del Presidente Uribe han volcado grandes inversiones para construir una completa red hidroeléctrica, vías y túneles y puertos sobre las costas pacífica y atlántica y siguen favoreciendo con el presupuesto a la tierra de Fico y Uribe, mientras a la región Pacífica y al Cauca y Nariño, donde obtuvo la mayor votación, la dejaron sin presupuesto para obras tan importantes que potencien su desarrollo, como la carretera Pasto-Popayán y la del Cauca hacía la costa pacífica, por el cañón del Micay.

Hay que esperar a ver, si esta reprimenda presidencial tiene efecto y en el reajuste presupuestal buscan la manera que en el 2024 quede incluido el tramo Timbío- El Estanquillo para iniciar obras que descongestionen el difícil sector afectado por la falla del Romeral entre los municipios de Rosas y La Sierra, donde se registran frecuentes hundimientos de la banca, derrumbes y macro movimientos de tierras como el que bloqueo la comunicación con el sur del país y el Ecuador a principios de 2023.

Sobre la propuesta de la coordinadora para el Cauca planteada por el presidente Petro: “El año entrante estaremos con la movilización popular en contra de la violencia y con el proceso de sustituir economías ilícitas por lícitas. En el Cauca debe surgir el poder popular por la paz”, dijo.

Petro señaló que el estado está al servicio de la paz y el bienestar de las comunidades en ese departamento y que la opción para hacerle frente a la violencia es poner en marcha “un pacto interétnico” para que las fisuras y la conflictividad entre los movimientos no sean aprovechadas por las organizaciones criminales.

“Solo quieren controlar territorios que ponen al servicio de los carteles extranjeros de la droga”, agregó sobre los grupos que operan en la región. “La unidad y la coordinación de todas las fuerzas deben dar paso a un gobierno desde la base, a un gobierno popular. Las decisiones de la base social sobre su territorio deben ser concertadas con la institucionalidad de la Constitución. Mi gobierno se pondrá al servicio de esas decisiones populares”.

El presidente también anunció que propondrá a “una coordinadora popular del Cauca un mandato popular sobre las armas y la violencia, así como la construcción de un camino que sirva de tránsito entre la “economía poderosa y legal” y las actividades que benefician a todos los pobladores”.

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