“No se puede tolerar el mal estado de las vías», dice el Consejo de Estado, pero nadie hace caso.
Agricultores, empresarios, industriales y transportadores, grandes y pequeños, además de los ciudadanos que frecuentemente utilizan la vía Caloto – Villa Rica, se quejan por el lamentable estado de la carretera.
La precaria situación vial y el alto costo de los transportes impiden el desarrollo regional, afectando además el potencial turístico. Es más, el deficiente estado de ésta infraestructura vial afecta el transporte disminuyendo la competitividad en la región por los sobrecostos que produce el desgaste de los vehículos, y el aumento en los consumos de combustible causado por las constantes paradas y arranques, además, el tiempo de recorrido aumenta. Por otra parte, es conocido por todos que la carretera por los huecos que existen ha causado accidentes, y se presta para que los delincuentes comunes asalten los vehículos y causen incluso la muerte de algunas personas que deben utilizar la vía en diferentes horas, pero especialmente en las nocturnas.
A pesar de que constantemente la vía Caloto-Villa Rica es intervenida con contratos para reparcheo y reconstrucción, las condiciones de ese pavimento a los pocos días vuelven a ser deplorables. Al convertirse rápidamente en una trocha, comienza a ser rellenada con escombros por personas que piden monedas a los conductores que pasan para retribuir el trabajo de reparcheo artesanal. Esta circunstancia hace pensar a los habitantes de los municipios afectados y a los usuarios temporales, que esa vía se ha constituido en la caja menor de los contratistas favorecidos, convirtiéndose la carretera Caloto-Villa Rica en una de las más costosas del mundo, pues repetidamente le destinan muchos millones de pesos para su mantenimiento pero no se ven los resultados sino por unos pocos días, mientras se elaboran los nuevos contratos de pavimentación o reparcheo.
Es necesario tener en cuenta que el inadecuado mantenimiento de las vías, la mala visibilidad y, sobre todo, falta de señalización, han llegado a los estrados judiciales, y en consecuencia hay bases de una jurisprudencia trascendental que obligan al Estado a asumir la responsabilidad efectiva de la señalización, iluminación y buen mantenimiento de carreteras, tanto, que el Consejo de Estado ha concluido que las vías son un servicio público y en esa calidad la Nación está obligada a garantizar la adecuada construcción, visibilidad, mantenimiento y señalización de las mismas. Así, cuando se incumple con esos presupuestos y en consecuencia, la vía se convierte en el factor determinante de accidentes de tránsito o conlleva otros perjuicios para los afectados, el Estado debe responder por los daños causados. Por lo anterior, el Consejo de Estado ha asegurado que no se puede tolerar el mal estado de las vías.
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