Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen respuestas sobre lo que sucede en el Cauca
5 indígenas muertos en el corregimiento Robles, vereda Agua Bonita y enfrentamientos en el Consejo Comunitario de Bella Vista.
El Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Capitulo Valle, Sintraunicol, el Resguardo Indígena de Honduras, el Cabildo Cerro Tijeras, el Congreso de los Pueblos – Valle del Cauca y varias organizaciones internacionales exigieron hoy respeto a los protocolos I y II de Ginebra, TÍTULO IV – POBLACIÓN CIVIL, artículos 13, 14,15, 16, 17 y 18, en especial el artículo 13 “1.- La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes… 2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. 3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”.
Con base en lo anterior los denunciantes informan que las comunidades negras e indígenas están confinadas, no cuentan con energía, ni agua potable, mientras el Gobierno nacional anuncia bombardeos en la zona sin tener en cuenta la situación de las comunidades que habitan estos territorios.
En el comunicado, además piden cumplir los acuerdos con las comunidades negras del 9 de noviembre del 2013 en Popayán, los acuerdos del 7 de Mayo del 2014 en Santander de Quilichao y los acuerdos del 11 de Diciembre del 2014 en Bogotá.
Igualmente, investigar y enjuiciar los autores intelectuales y materiales de amenazas, ataques y asesinatos en contra de líderes afrodescendientes e indígenas en el norte del Cauca; garantizar la supervisión, monitoreo y veeduría realizada por la población civil, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, sobre las acciones de la fuerza pública del Cauca la cual debe ser transparente y efectiva.
Por último piden la garantía de las condiciones para una misión de verificación internacional que dé cuenta de la situación en que se encuentran las comunidades confinadas.
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