Zaburanna dijo que la cifra de menores deportados representa el 20% de los niños de Ucrania y señaló que al menos la mitad fueron separados de manera forzada de sus padres.

Vladimir Putin, firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores.

Los investigadores también acusaron al gobierno ruso de haber cometido posibles “crímenes contra la humanidad”.

El comunicado de la Corte Penal Internacional dice lo siguiente: «Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania, al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros… y (ii) por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos«.

Sobre Lvova-Belova, la CPI sostiene que fue «presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños)«.

La Corte Penal Internacional es el tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre Estados, así como aquellos acontecimientos que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un Estado remite a la CPI.