El irresponsable tratamiento jurídico que se le dio al litigio planteado contra Colombia por parte de Nicaragua, hizo que se diera ese fallo adverso del 12 de noviembre de 2012, el cual determinó la pérdida de más de 72.000 Kms 2 de territorio marítimo, de propiedad de todos los colombianos. Pero fue como si nada ocurriera, salvo las desorganizadas protestas de la población raizal, que sintió que además del ancestral abandono del gobierno sufrido por décadas, ahora un tribunal extranjero, la sacaba de su propia casa. Por entonces, con dolor de patria, como simples ciudadanos, y como aficionados a estas disciplinas, propusimos ante el alto gobierno, ante el Congreso, ante las propias autoridades de la Isla, la posibilidad mediante una consulta o un referendo popular, de oponerse a la sentencia, lo que era una forma de apoyar al presidente de la República ante la comunidad internacional, en ese propósito. Nadie definió responsabilidades políticas, que las hay, en once años que duró el litigio y que correspondió a los gobiernos de Pastrana y Uribe y sus Cancillerías, ciegos y sordos frente a las diversas hipótesis que se plantearon desde la academia y de los expertos, y que habrían podido lograr resultados favorables a nuestras pretensiones. La tesis del reconocido internacionalista Enrique Gaviria Liévano, de convertir a San Andrés y Providencia en un “archipiélago oceánico o de Estado”, la de algunos estudiosos que plantearon que durante todo el proceso existió un “vicio de consentimiento de la Nación colombiana”, que hacía inoponible a los colombianos los resultados adversos del fallo, y otras tantas que se esbozaron, jamás fueron escuchadas, por el excesivo “secretismo “que acompañó el trámite judicial. Ni siquiera el fenómeno jurídico del “hecho nuevo” (“La llegada del Dragón” de Miguel Ceballos), después de conocido el fallo, sacudió al gobierno del letargo con el cual siempre se trató el asunto. Algunos medios generosamente, por entonces, destacaron nuestras apreciaciones cuando señalamos que la responsabilidad política del Gobierno Santos comenzaba a partir del 12 de noviembre de 2012, y no antes, lo cual obedece a razones de simple lógica. Se recuerda cómo uno de los negociadores del equipo jurídico colombiano, el señor Carlos Gustavo Arrieta, ex procurador de la Nación, con in-disimulada arrogancia anunciaba que la sentencia sería favorable en todos los términos a nuestros intereses, No obstante, hoy frente a las dos nuevas demandas del gobierno de Daniel Ortega contra el Estado colombiano, una relacionada con la ampliación de la plataforma marítima nicaragüense a más de 200 millas , y la otra que tiene que ver con la exigencia a Colombia para que cumpla los términos del fallo, nada está asegurado, y bien que ahora sí, en este nuevo episodio, la responsabilidad del actual gobierno es insoslayable e intransferible, máxime cuando no aprendió la lección elemental de que si los asesores o funcionarios no rinden los resultados encomendados,-sobre todo en asuntos de tanta sensibilidad como éste- mal puede volver a diferírseles nuevas responsabilidades. Soldado avisado…