El salario y los gastos de alimentación por espacio de seis meses para un supuesto centenar de trabajadores fue uno de los ingredientes del robo de Bogotá en el IDU. La denuncia la hizo Inocencio Meléndez, ex subdirector jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Meléndez expresó que por esa razón hubo sobrecostos por 800 millones de pesos, pues se contrataron «decenas de empleados ficticios» que, supuestamente, hacían parte de los trabajadores de la calle 26, pero que nunca estuvieron en las obras. La aseveración la hizo en el juicio que se adelanta contra la exdirectora del IDU, Liliana Pardo; y el ex contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi.
La Comisión Sexta del Senado de la República aprobó el proyecto de Ley No. 101 de 2.012 de autoría del senador Carlos Alberto Baena, del movimiento político MIRA, que elimina en Colombia el cobro del cargo fijo en los servicios públicos. Ahora pasará a consideración de la plenaria del Senado, y, de ser aprobado, pasará en la próxima legislatura a la Cámara de Representantes.
Las mujeres de Segovia no aguantaron las ofensas de que han sido blanco por parte del alcalde, Johnny Alexis Castrillón Salazar, y anunciaron la realización de un «cacerolazo» mañana viernes, a las tres de la tarde. La frase célebre del alcalde fue: «En Segovia no hay prostitución, porque las mujeres son muy calientes y no necesitan que les paguen».
El alcalde de Bogotá calificó de criminales a los operadores privados de aseo, por hacer la retención de la flota de compactadores, que por ley le pertenecen al Distrito. El pronunciamiento fue hecho al término de la diligencia judicial del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Aseguró que actualmente cursa un proceso judicial contra los operadores privados del servicio de aseo. Los operadores de aseo no han querido pronunciarse sobre el particular, por cuanto están realizando actividades para que les devuelvan los jugosos contratos.
El Gobierno quedó haciendo el «oso», cuando se proponía cumplir una sentencia de la Corte Constitucional para retractarse con las comunidades de paz de San José de Apartadó, luego de que en el año 2005 el entonces presidente, Álvaro Uribe, los señaló de tener vínculos con la guerrilla. La comunidad decidió no asistir al evento por considerar que el presidente, Juan Manuel Santos, prefirió una reunión con el candidato perdedor de las elecciones presidenciales de Venezuela que atender una comunidad masacrada por los paramilitares y la Fuerza Pública. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, pidió perdón a nombre del presidente y el Gobierno por la sindicación de la que en su momento fueron víctimas los habitantes de esta población, ante las sillas vacías que quedaron al no hacerse presente la comunidad.
Fue la pretensión de las altas Cortes cuando solicitó a la Cancillería que los magistrados fueran recibidos con los honores de jefes de Estado en el exterior, durante una reunión que se cumplió en el Palacio de San Carlos. Los magistrados solo exigían disponibilidad de las salas VIP de los aeropuertos, evitar el paso por inmigración y aduana, así como disponibilidad de los vehículos e instalaciones del cuerpo diplomático colombiano en el extranjero. La Cancillería negó esa solicitud de los magistrados de las altas Cortes.
1.500 dirigentes de todo el país, incluyendo a los 11 representantes a la Cámara y 11 senadores, se reunirán en Bucaramangaen el marco de la convención del Partido de Integración Nacional ─PIN─, que cambiará de razón social al volver a tomar el nombre de ‘Convergencia Ciudadana’. Como máximo dirigente de la organización estará presente el exsenador Luis Alberto Gil, quien disfruta de la libertad por haber cumplido las tres quintas partes de la condena a siete años de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia por vínculos con paramilitares. En la convención se definirán los mecanismos que utilizarán para la elaboración de las listas al Congreso, y se aprobará respaldar la reelección del presidente Santos.
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