Domingo, 24 de septiembre de 2023. Última actualización: Hoy
Nueva política de gobernabilidad con las minorías
Las últimas dos décadas han sido testigos de un nivel muy alto de activismo político por parte de los pueblos indígenas en el Cauca, Colombia y en América Latina. El activismo de este período es diferente de las luchas anteriores por varias razones; entre ellas la más significativa son los triunfos del movimiento indígena en términos de derechos territoriales y culturales.
Este fenómeno está fuertemente articulado con tres procesos globales distintos que han tenido su máxima expresión en el caso colombiano: primero, un esfuerzo transnacional de los pueblos indígenas en torno a la lucha política identitaria organizada alrededor de demandas territoriales, de auto-reconocimiento, y de derechos colectivos; segundo, cambios legislativos tanto a nivel constitucional como en acuerdos internacionales que han demarcado garantías claras para el reconocimiento de los derechos indígenas y de otros grupos étnicos como los afrodescendientes, incluido el derecho a co-gobernar los territorios tradicionales; y tercero la formación de alianzas estratégicas entre pueblos indígenas y ambientalistas a nivel mundial.
Todos estos procesos constituyen una nueva política de gobernabilidad para territorios en áreas de alta biodiversidad y esto significa una nueva política geográfica indígena y junta al cual la afrocolombianidad comienza a despertar
Mientras que cada uno de estos procesos políticos ha tenido sus propias fuerzas impulsoras y ritmos históricos, la interacción positiva entre todos ellos comenzó a comienzos de los años 90.
Esta coyuntura, por supuesto, coincide con el fin de la Guerra Fría y la resolución de los conflictos armados en América Latina—siendo Colombia la única excepción desde ese momento hasta el levantamiento indígena zapatista en 1994.
Esta coyuntura de principios de los 90 también coincide con el surgimiento de políticas neoliberales y de descentralización apoyadas desde el Estado y promovidas por organismos financieros internacionales; y también con la intensificación del activismo político liderado por los nuevos movimientos sociales y sus visiones en pro de una sociedad democrática alternativa para América Latina; por último, la publicidad en torno a varios espectáculos del quingentésimo o los “quinientos daños” en palabras de un artista quiteño, también cumple un papel protagónico en toda esta historia.
Pero en términos de magnitud y trascendencia no existe un proyecto de titulación con comunidades negras más importante que el proyecto de titulación de los territorios comunales afrocolombianos en la costa Pacífica de Colombia. Gracias a la nueva constitución del 91 y a la Ley 70 de 1993, las comunidades negras del Pacífico colombiano recibieron “derechos territoriales”.
En 1995, el Decreto de Procedimiento 1745 instruyó a un agregado de instituciones y agencias gubernamentales a trabajar coordinadamente con el fin de demarcar y titular territorios negros a nombre de los consejos comunitarios representantes.
Lo interesante es que la Ley 70 define lo que significa una “etnicidad negra” en Colombia y esta codificación a su vez ha afectado la forma en que las comunidades negras se organizaron y a través de los nuevos consejos comunitarios, desarrollan un discurso étnico-territorial, lo que conlleva a que el Estado se involucre en una nueva gobernabilidad con las minorías étnicas, para pasar del dicho al hecho.
lualbamo@hotmail.com
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