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Lunes, 19 de octubre de 2020. Última actualización: Hoy

NO TENEMOS CONVENIO

El jueves 20 abril, 2017 a las 7:28 pm

JORGE ELIECER ORTIZ FERNANDEZ

Solo basta darse una vuelta por cualquier empresa prestadora de salud (EPS) o una institución prestadora de salud (IPS) para comprender el estado caótico en que se encuentra pasando el servicio de salud de los colombianos desde hace aproximadamente 24 años con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, a propósito, sustentada y avalada, por el líder connotado de la oposición en nuestro país.

Son diversas tesis las que respaldan la introducción de este artículo, entre otras, para señalar las famosas tres fases conque titulamos este documento “NO TENEMOS CONVENIO”. No me diga, estimado lector, que usted no la ha escuchado cuando ha tenido la necesidad por urgencia de asistir a la primera IPS que se encuentra en el camino; entonces, vencido por el dolor, cuando ha pasado por el exhaustivo cuestionario que le requiere el primer gerente que esta justo en la entrada, “el vigilante”, entonces le indica con arrogancia, “esta clínica no tiene convenio con su prestador”.

El deber ser, es que esta escena no se puede repetir si nos atenemos a la parte introductoria de la Sentencia T – 745 de 2013: “DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD – Naturaleza y alcance. El derecho a la salud es fundamental de manera autónoma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, su contenido mínimo así como aquellos definidos por vías normativas como la ley y la jurisprudencia son de inmediato cumplimiento. Los demás contenidos deben irse ampliando y desarrollando paulatinamente conforme al principio de progresividad y no regresión”.

Claro, en el papel suena atractivo, y hasta ha sido motivo de inspiración para algunos parlamentarios, que firmando en mármol, se comprometen con su electorado a “luchar” por la reivindicación en los derechos a la salud; pero la historia se repite pues puede más el poder del lobby de los mercaderes de la vida, que la “pinche” salud de ciudadanos que se ven a gatas a la hora de requerir los servicios de profesionales médicos que también se encuentran inmersos en el turbio negocio que se convirtió la salud gracias a la muy recordada ley 100.

En este mar de inconformidades, nos preguntamos, ¿habrá algo por hacer?, tal vez, requerimos el compromiso ciudadano en la denuncia permanente de los atropellos a que nos vemos sometidos por cuenta de querer contar con buena salud física y mental; requerimos la voluntad política de los legisladores efectuando el control político de tal manera que permita el cumplimiento de lo señalado en el numeral 2.5 de la Sentencia T – 745 LA LIBERTAD DE ESCOGENCIA COMO PRINCIPIO RECTOR DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: “La libertad de escogencia es un principio rector y característica esencial del Sistema de Salud Colombiano, establecido en la Ley 100 de 1993 y desarrollado ampliamente por esta Corporación. El artículo 153 de la Ley 100 de 1993 lo consagra como la facultad de escoger en cualquier momento la Entidad Promotora de Salud (EPS) y las instituciones prestadoras de servicios (IPS) que pertenezcan a la red de las EPS, encargadas de prestar los servicios de salud.” De esta forma, en aras de garantizar un margen de autonomía a los usuarios y avalar el derecho de las EPS a escoger las IPS con las cuales suscribirá contratos o convenios, ésta tiene la obligación de: “a) celebrar convenios con varias IPS para que de esta manera el usuario pueda elegir, b) garantizar la prestación integral y de buena calidad del servicio, c) tener, al acceso del usuario, el listado de las IPS y d) estar acreditada la idoneidad y la calidad de la IPS receptora”.

En el departamento del Cauca no vemos el cumplimiento de lo ordenado en los cuatro últimos literales, afirmación respaldada con el continuo traslado de pacientes a la ciudad de Cali por parte de las ESP e IPS que se quedan cortas para suministrar un servicio de salud con calidad, eficiencia y oportunidad. Jorgeeliecer_ortiz@yahoo.es

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