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“No hay ocultamiento en el caso de Probolsa”

El lunes 2 febrero, 2009 a las 3:41 pm
“Lo que existe es un aprovechamiento pre-electoral de tan grave situación”
*** Comenzamos el año pre-electoral con malas noticias. El departamento del Cauca fue defraudado a través de una serie de depósitos realizados por la tesorera, María Helena Ramírez Rengifo, en Probolsa S.A., entidad que no estaba autorizada para ejercer intermediación financiera y por tanto, no estaba bajo vigilancia de la respectiva superintendencia. Posteriormente fue disuelta y entró en liquidación. María Helena renunció.

*** El procedimiento, que fue ejecutado entre marzo y diciembre del año pasado, alcanzó un monto superior a los 12 mil millones de pesos, hecho que fue descubierto por el gobernador Guillermo Alberto González Mosquera gracias a una comunicación del 16 de diciembre, suscrita por Ana Lucía Villa, directora de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, quien alertó sobre la situación irregular al interior de la tesorería del departamento. En forma inmediata el mandatario regional procedió a instaurar las respectivas denuncias ante las autoridades competentes para que se iniciaran las investigaciones correspondientes.

*** La gravedad del asunto, que ha debido incitar la solidaridad de todos los estamentos públicos y de dirigentes políticos en beneficio del Cauca, para logar la recuperación de los recursos e impulsar las investigaciones administrativas, penales y fiscales que sean del caso, fue inmediatamente abordada por parte de ciertos aspirantes al Congreso de la República, en trance de reelección algunos, como una oportunidad para sumar supuestos dividendos electorales exaltando ánimos no en favor de propuestas éticas sino desviando la atención, desprestigiando y asignando responsabilidades, de manera oportunista sin mayores elementos de juicio. El peligro de estas actitudes especuladoras es que entorpecen la transparencia y celeridad de las investigaciones, y a pesar de ello, lo que pretenden es lograr apoyos para sus intereses pre-electorales utilizando una opinión pública que recibe información sesgada. Lo que se puede apreciar en estos días es que aquellos dirigentes políticos han decidido hacer parte del problema, no de la solución.

*** El hecho es que se defraudó al departamento. El gobernador sí conoció oportunamente la propuesta de inversión realizada por la firma SERFINCO S.A. que es una Firma Comisionista de Bolsa, miembro de la Bolsa de Colombia, vigilada por la Superintendencia Financiera, que presta servicios de asesoría financiera integral e intermediación de títulos valores en el mercado financiero colombiano a personas naturales y jurídicas, con una trayectoria de 40 años y miembro fundador de la Bolsa de Medellín y por eso, estampa su firma y huella en el formulario de apertura y actualización de cuenta de persona jurídica. Pero resulta que la tesorera por su cuenta y riesgo, pues tiene autonomía legal, o mejor, delegación expresa para manejar de manera exclusiva los fondos del departamento, decide, de manera personal, girar los fondos a otra entidad, llamada PROBOLSA S.A., de la ciudad de Cali, sin la celebración de ningún contrato ni ajustándose a los procedimientos administrativos y de control que exige la normatividad legal. La funcionaria resuelve entonces, ejecutar transacciones sin exigir la aplicación mecanismos de selección de la entidad, sin conocerse el portafolio de servicios ofrecidos, sin estudios de conveniencia, sin autorización y desconociendo las garantías que han debido otorgarse por las inversiones. Esta conducta se enmarca presuntamente en la comisión de peculado por aplicación oficial deferente, peculado culposo y extralimitación de funciones, entre otras. No fue posible conocer sus opiniones al respecto porque María Helena ha resuelto no conceder ninguna declaración a periodistas. Ya debe haberse alertado la compañía aseguradora de la ex tesorera, entidad que responderá por las garantías otorgadas para desempeñar el cargo.

*** Estas lamentables circunstancias para el Departamento del Cauca, acompañadas por unas críticas acerbas en contra del Gobernador Guillermo Alberto González, originaron un especial movimiento de solidaridad y defensa a favor del mandatario, encabezado por los senadores Jorge Aurelio Iragorri Hormaza, del Partido de la U, y Jesús Ignacio García Valencia del Partido Liberal, como también por los representantes a la Cámara Crisanto Pisso Mazabuel, del Partido Liberal; Felipe Fabián Orozco Vivas, de Cambio Radical y por el representante conservador José Gerardo Piamba Castro, además de amplios sectores cívicos que también exigieron la inmediata investigación a los diferentes órganos de control y apoyaron todas las gestiones que deba hacer el Gobierno Departamental para la recuperación del dinero defraudado.
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