El ministro del interior, Juan Fernando Cristo Bustos, junto con el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, reactivaron la Mesa Departamental de Garantías para los Derechos Humanos, un evento que contó con la participación de más de 30 organizaciones sociales entre indígenas, afros, centrales obreras, campesinos, entre otras, con las cuales se evaluó la situación de derechos humanos en el departamento, teniendo en cuenta las diversas situaciones de violencia que se han presentado en contra diversos líderes de dichas organizaciones en lo últimos días.

Precisamente, el ministro Cristo expuso la preocupación del Gobierno Nacional por los hechos de violencia que se han desatado contra líderes indígenas y defensores de derechos humanos en la región: “Condenamos enérgicamente estos episodios de violencia de los últimos días, así como la presencia panfletos amenazantes, por eso estamos exhortando a la Policía y Fiscalía para avanzar con celeridad y eficacia en las investigaciones  que nos permitan dar con los responsables y tener claro el origen de los delitos en cada uno de las circunstancias bajo los cuales se presentaron” indicó.

Así mismo señaló que la reactivación de la Mesa de Garantías es importante en la medida que fortalece las dinámicas con las organizaciones sociales garantizando la vida y el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Entre los compromisos adquiridos se destacan:

• Con el respaldo y compromiso del gobernador del Cauca, se convocará a la Mesa a nivel regional para hacer seguimiento a las situaciones y articular a su vez acciones que fortalezcan las dinámicas de seguridad y protección. El encuentro contará con el acompañamiento Gobierno nacional como asesor y garante de los procesos.
• El Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería de Derechos Humanos junto con las organizaciones sociales, ejecutarán una misión de verificación en diversos municipios donde se han presentado situaciones de violencia hacia a líderes comunitarios a fin de realizar un proceso de revisión y evaluación.
• La Fiscalía propuso que las organizaciones sociales se vinculen al trabajo de la entidad para que contribuyan con la información y de esta forma dar con los responsables.

La reunión contó con la participación de la Unidad Territorial de Víctimas, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Fuerzas Militares, Policía y representantes de diversas organizaciones sociales con las que se sostuvo un diálogo que permitió evidenciar las realidades del departamento y a su vez establecer estrategias de acción a favor de los líderes defensores de derechos humanos.