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Método caza-bobos se inventaron en Quilichao para incidir en la opinión pública

El martes 23 diciembre, 2014 a las 3:51 pm
Alfonso nuevo 2

Alfonso J. Luna Geller

El Estado colombiano, como en casi todos los países, tiene reglamentada legalmente la libre realización y divulgación de encuestas de opinión política y de carácter electoral, cualquiera sea el tiempo en que se ausculten las preferencias de los ciudadanos, intenciones de voto, opiniones sobre los candidatos, las organizaciones políticas o programas de gobierno.

Pero hacerlo sin el lleno de los requisitos legales contempla multas de 25 a 40 salarios mínimos mensuales o la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades.

La Ley 130 de 1994 instaura los requisitos para la publicación de una encuesta electoral, en tanto que la Resolución 23 de 1996 expedida por el Consejo Nacional Electoral estableció las prohibiciones en la materia a los medios y creó el registro de encuestadores.

En este sentido, uno de los requisitos que fija esta resolución es que las entidades o personas, los medios de comunicación y las diferentes firmas encuestadoras del país, para poder realizar y publicar una encuesta política deben estar previamente registradas ante ese órgano electoral. “Solamente podrán publicarse las encuestas y sondeos a que se refiere esta Resolución, cuando ellos hayan sido realizados por entidades o personas inscritas”, señala.

Por tal motivo, el órgano electoral deberá investigar a un medio de comunicación local de Santander de Quilichao que publicó una encuesta realizada supuestamente entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre de 2014, ya que Enlace Regional, medio autor del sondeo, no aparece registrado para realizar tales actividades legalmente, y en muchos sectores comenzó a evidenciarse preocupación por la distorsión de la realidad política local que puede presentarse por no acreditar experiencia mínima exigida para la realización de encuestas, que no puede ser menor a un año; por no poseer un certificado de existencia y representación legal que faculte a dicho medio para realizar este tipo de actividades y por no contar con las constancias de medios de comunicación, empresas, instituciones o usuarios en general sobre la seriedad e idoneidad de su trabajo, que son algunos de los requisitos exigidos para su reconocimiento legal.

Es tan sencillo cumplir con las normas prescritas que inclusive, por la flexibilidad en los requisitos, hay una especie de boom de empresas y actualmente están autorizadas por el Consejo Nacional Electoral 62 firmas para elaborar encuestas. Algunas de ellas: Yanhas, Universidad de Medellín, Tempo Group S. A., Research Services International S. A., Ipsos-Napoléón Franco y Cía. S. A., Invamer Ltda., Gallup Colombia Ltda., Datexco Company – Opinómetro, Centro Nacional de Consultoría, que son las más antiguas.

Hace ya varios años las encuestas se convirtieron en la carta de navegación para las campañas y principal pieza del rompecabezas electoral. Un asunto que no cesa de generar polémica por su periodicidad, técnica e incidencia en la decisión del elector. Pero inclusive ello, deben hacerse lícitamente, en el marco legal colombiano. Por eso, las organizaciones políticas de todo nivel, incluyendo el local, deben preferir los resultados de firmas reconocidas, dirigidas por expertos, que aborden los referentes teóricos contemplados en la investigación, mediante una metodología que considere buenas prácticas estadísticas vigentes y dedicadas por completo al negocio de la Investigación de Mercados y de Opinión. No aquellas de “parte interesada” que se inventan un método para cazar bobos en los pueblos, que al final terminan con resultados o interpretaciones sesgadas, por su carga de eventual manipulación y sobre el uso político perverso que puede dárseles porque responden a interpretaciones superficiales, subjetivas o tendenciosas a favor o en contra de algún personaje.

Es común incluso encontrarse, entre las legales, con preguntas sesgadas, mal construidas, que contienen dos o más solicitudes de información, que insinúan respuestas, que exigen grandes esfuerzos de memoria por parte del encuestado, que levantan prejuicios o que son confusas, todo lo cual afecta, por supuesto, la confiabilidad de las respuestas. Máxime cuando se nota una intención inicial que conducirá a los creyentes a un resultado previsto con anticipación, en el cual poco importa realmente lo que opina o desea la gente. Encuestas que consideran que el público está conformado solo por imbéciles.

En esencia, cuando las normas legales no son violadas, se trata es de trabajar para que los estudios de opinión pública permitan distinguir con claridad la frontera entre los hechos percibidos por los ciudadanos y las interpretaciones de terceros. Todo ello en beneficio del interés público.

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