Me toca defender la ciudad: Juan Carlos López

Me toca defender la ciudad: Juan Carlos López

Continuar el desarrollo sostenible de la ciudad de Popayán depende siempre de la capacidad, competencias, compromiso y voluntad, de quienes dirigen las instituciones encargadas de planificarlo, financiarlo, coordinarlo y ejecutarlo.

Es una responsabilidad conjunta que se puede vulnerar cuando por cualquier causa que, siendo previsible, se exterioriza deliberadamente y de manera inoportuna para intentar un perjuicio no solo al ejecutor sino a todas las comunidades que esperanzadas ven cómo se les aplaza la solución de sus urgencias.

Alfonso J Luna Geller

La Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, decidió ponerle freno, a última hora, a una obra de transcendental importancia para todos los payaneses: la Avenida de los Próceres de la Independencia, que ha venido proyectándose desde hace muchos años y que al fin había logrado cumplir con todas las formalidades legales necesarias para su ejecución.

Pero, en plena exaltación por la campaña electoral que está en marcha para elegir, el próximo 29 de octubre, a los nuevos gobernador, diputados, alcalde y concejales, sale la CRC, suspicazmente, a contradecir sus propias decisiones disponiendo la suspensión de la obra, al considerar que se requiere una licencia ambiental parcial, que hace un año no se requería.

Antecedentes del proyecto Avenida de los Próceres

El Plan de Movilidad de Popayán del 2015 consideró el fortalecimiento del desarrollo vial de la ciudad y la solución de los problemas de circulación, optimizando el flujo vehicular.

Ese Plan, con el apoyo decidido del Concejo Municipal, incluyó el proyecto de avenida, que viene trazado desde el 2002, en el POT – Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad.

En consecuencia, el hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, exalcalde de la ciudad, asumió la responsabilidad de inducir el desarrollo de Popayán, hoy truncado por la CRC, impulsando lo que se convirtió en la Ley 1829 de 2017, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos Calderón.

Esta ley determinó que la “Avenida de los Próceres de la Independencia” es una obra de utilidad pública y de interés social en la ciudad de Popayán.

Varios años después, el presidente Iván Duque Márquez visitó la Capital del Cauca, era febrero de 2020, para anunciar su financiación, exigiendo celeridad en su ejecución.

De conformidad, el 12 de noviembre de 2021 la Alcaldía Municipal de Popayán firmó convenio con Invías para concretar una financiación por valor de 35.680 millones de pesos, e iniciar los procesos pre-contractuales.

El 28 de abril de 2022, cuando todavía estaba fría la campaña electoral, la CRC notificó que el proyecto no requería trámite de Licencia Ambiental, de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015.

Con todo listo, el Municipio de Popayán realizó la Licitación Pública, y el Instituto Nacional de Vías, por su parte, adjudicó, mediante concurso de méritos, la interventoría al proyecto.

La Administración Municipal adquirió el 70% de los predios que se necesitan para el trazado de la vía y debe continuar con el proceso de adquisición de 28% que ya tienen oferta de compra.

La opinión pública

Ante el obstáculo recurrido por la CRC reaccionó la opinión pública y este redactor fue testigo de algunas opiniones fundamentadas, que para mejor comprensión he editado:

“Hay actuaciones características de ciertos funcionarios en campaña electoral que, aunque no se enmarcan estrictamente en el ámbito de la corrupción, con sutileza se realizan como estrategia para causar daño a un supuesto oponente político, en este caso, del jefe inmediato del funcionario que la aplica”.

“La CRC ha sido una entidad evidentemente politizada desde hace varios años, tanto que muchos la distinguen como el refugio de algunos burócratas patrocinados por su sumisión a un nominador que desde posición privilegiada orienta al jefe directo de la institución”.

“En estas coyunturas preelectorales salen a flote intereses personales o de grupo político que pretenden paralizar obras públicas y motivar fracasos de la Administración Municipal para erosionar su popularidad y obtener ventaja electoral al retrasar su implementación o buscar su paralización, intentando demostrar que es ineficiente o incompetente”.

Posible Respuesta de la CRC

Me toca defender la ciudad Juan Carlos López

Obviamente, la entidad ambiental va a responder a la opinión pública, que tomó la decisión con base en los conceptos técnicos, “científicos” y legales que la facultan.

Al respecto, se sabe que existe infinidad de estudios científicos, informes, normas legales, que atiborran los archivos de la institución.

Son teorías incontrovertibles que tienen sobrediagnosticado el medio ambiente caucano y que con esa inmensa biblioteca puede la burocracia permanecer con la “conciencia tranquila” a pesar de las realidades que padecen las comunidades a pocos metros de sus escritorios.

La realidad que padecemos cotidianamente los ciudadanos está en la parte opuesta del discurso y de las teorías de la entidad oficial.

El Cauca vive en emergencia ambiental por el desaforado incremento de la deforestación, por problemáticas conexas con las economías ilegales y otros tipos de producción como la ganadería, la comercialización forestal que pone en riesgo a los ecosistemas de la región, la minería ilegal que día a día incrementa de manera exponencial el pasivo ambiental por la restauración de aquellas zonas afectadas.

También, la emergencia es producida por las modificaciones inapropiadas del cauce y caudal de los ríos, que ponen en riesgo la permanencia de las comunidades en el territorio. Recuerden que hace poco una avalancha del río Quilichao casi causa una tragedia de grandes proporciones.

La mayoría de los municipios mantienen latentes los riesgos de inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa ante desastres naturales y nula capacidad para gestionarlos.

Ni hablar de la permanente e histórica contaminación de ríos y quebradas, por cuenta de residuos de laboratorios de procesamiento de alcaloides o por minería ilegal, como por las descargas de lixiviados de origen doméstico, agropecuario, industrial y azucarero.

No sé si en la CRC en su maraña de papeles tenga datos sobre la contaminación visual y auditiva, que impacta a diario al medio ambiente y a la salud de las personas en el Cauca.

Pueda que yo esté equivocado, pero como ciudadano no he podido vivir una gestión integral que formule estrategias y aplique herramientas que nos garanticen calidad de vida adecuada.

No voy a hacer hoy la deplorable evaluación que merece la disposición final de residuos sólidos que afecta a todos los municipios del Cauca, porque para la CRC no existe solución técnica práctica (en estudios, sí, claro).

Tampoco voy a demostrar, porque es muy evidente, que no existe articulación entre las políticas y programas institucionales y territoriales para la concurrencia de esfuerzos en la ejecución de proyectos estratégicos de interés local y regional.

Hoy no voy a poner en evidencia la corrupción que cada día escandaliza menos, pero que es de común habladuría, por el supuesto pago de sobornos para la agilización de trámites y el tráfico de influencias para obtener licencias ambientales, permisos y licencias de explotación de recursos naturales a particulares, empresas constructoras o industriales. Pero el trabajo me queda como deuda pendiente.

En este punto llega a mi recuerdo el libro “La corrupción en el sector ambiental: un detrimento contra el patrimonio natural”, de la doctora Carolina Montes Cortés (Tomo II “Enfoques sectoriales sobre corrupción”), donde concluye que “las autoridades ambientales han sido foco de corrupción en Colombia, ya que los recursos destinados a su protección son utilizados para la celebración de contratos ajenos a la misión que tienen cono institución y degradando el medio ambiente… Desafortunadamente, la sociedad es la que asume el costo de las irregularidades cometidas por funcionarios de las CAR…”

Montes subraya: “De ese paradigma de desarrollo sostenible y defensa del patrimonio natural solo queda un conjunto de fortines burocráticos con una misión desdibujada en un ámbito en el que predomina el interés privado sobre el público”.

El departamento del Cauca está, de hecho, hace rato, en emergencia ambiental.

Pero en estas temporadas, la institución se compenetra en asuntos que no debieran ser de su gestión, pero que la obligan a aparentar ejercicio de autoridad, preciso, en proyectos cívicos que requieren urgencia en su ejecución.

Me toca defender la ciudad

Por todo lo anterior, dijo el alcalde de la ciudad, Juan Carlos López Castrillón: “El Municipio de Popayán iniciará un proceso judicial, cuyo primer paso (obligatorio) será presentar una solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación; si esta etapa fracasa, procederá con la demanda en contra de la CRC, buscando la nulidad de las decisiones posteriores al acto administrativo que estableció que no se requiere licencia, y el consecuente restablecimiento del derecho que implica el resarcimiento de todos los perjuicios que se le causen al Municipio”.

Seguiremos a la expectativa, e investigando datos y evidencias para cumplir a la opinión pública y que tenga todos los soportes eficaces para sus decisiones sociales.

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En contexto: CRC frena importante proyecto vial en Popayán: https://www.proclamadelcauca.com/crc-frena-importante-proyecto-vial-en-popayan/

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Alfonso J Luna Geller

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