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Los organismos de control en la actual coyuntura política

El miércoles 19 mayo, 2021 a las 9:42 pm
Los organismos de control en la actual coyuntura política

Los organismos de control en la actual coyuntura política

Guido Germán Hurtado Vera

La autoridad de la República de Colombia se encuentra dividida en tres poderes públicos: legislativo, ejecutivo y judicial. División que, como ideal, conlleva al menos dos condiciones: la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos.

En relación a la separación de poderes, se trata de dejar claro que los que hacen la ley (Legislativo) deben ser diferentes de aquellos que la hacen cumplir (Ejecutivo) y de aquellos que administran justicia (Judicial). Esa separación no significa que haya desintegración entre ellos, ya que su funcionamiento armonizado es el sostén para realizar los fines y políticas públicas del Estado.

En relación a los frenos y contrapesos se requiere de un mutuo control, fiscalización y equilibrio de los tres poderes públicos. Es este el esquema que la tradición constitucional liberal ha denominado como de frenos y contrapesos. La expresión frenos y contrapesos rememora la frase de Montesquieu. Por ejemplo, en la actual crisis que vivimos para evitar que el Ejecutivo se convierta en un gobernante autoritario necesita de ser frenado por los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial.

Asimismo, en la estructura del Estado aparecen unos Organismos de Control, que son los que la Constitución Política de 1991 les confió funciones relacionadas con la vigilancia disciplinaria, fiscal y defensa de los derechos humanos de los colombianos. Es decir, son independientes y vigilan los tres poderes esbozados arriba.

La Constitución Política en su artículo 267, establece que el control fiscal lo ejercerá la Contraloría General de la República, que vigila la gestión de quienes manejan fondos o bienes de la Nación. En el 277, dispone que el Procurador General de la Nación vigilará el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Y en el 282, indica que el Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.

En la coyuntura política del Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021, uno se pregunta ¿qué papel juegan los organismos de control en este momento de crisis? ¿Son capaces de hacer la tarea que les encomendó la Constitución Política, entre otras, la de vigilar las actuaciones del Ejecutivo, alertar sobre el uso de los recursos públicos, vigilar las acciones de los miembros del Congreso y la violación de los derechos humanos?

Una ojeada del perfil político con el perfil profesional de los nombrados en los organismos de control nos puede dar luces para la respuesta.

Carlos Felipe Córdoba Larrarte es el actual Contralor General de la República. Formado en las juventudes uribistas en 2002 y en ese mismo año nombrado coordinador de proyección social del programa Colombia Joven del gobierno de Álvaro Uribe. En el 2003 fue candidato a la Presidencia de la Cámara de Comercio de Pereira, por recomendación de Uribe. En 2005 fue secretario de Gobierno del alcalde, vargasllerista, Juan Manuel Arango. En 2008 fue secretario privado del gobernador, conservador, Víctor Manuel Tamayo. En 2011 Sandra Morelli, Contralora, lo nombró delegado de participación ciudadano y en 2012 lo ascendió a vice-contralor. Casado con la hija del exsenador Ómar Yepes Alzate, actual presidente del Partido Conservador y él que le pidió a Duque hace dos semanas decretar el Estado de Conmoción Interior. En 2017 trabajó en la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras, de quien fue su secretario privado. En el 2018, su padrino Vargas Lleras, lo hizo nombrar director de la Federación Nacional de Departamentos y posteriormente lo presentó como aspirante para Contralor General de la República. En 2018 fue elegido por la Cámara de Representantes con 203 de los 251 votos. Tuvo el apoyo de la bancada del Centro Democrático en asociación con los partidos Cambio Radical, Conservador, Liberal, La U, Colombia Justa Libres y el Mira. Les traigo una frase célebre en 2019 del hoy Contralor: hay que cambiar totalmente el actual esquema de salud. Acabo recordándoles que el genio y figura de este proyecto de ley es Germán Vargas Lleras. Al escribir este artículo el proyecto de ley fue hundido en el Congreso, aun así, esto no salva al ideólogo de tal bodrio.

Margarita Leonor Cabello Blanco es la actual Procuradora General de la Nación. En 2009 se dio a conocer cuando Álvaro Uribe la incluyó en la terna que presentó a la Corte Suprema de Justicia para elegir Fiscal. Alejandro Ordóñez, Roberto Gerlein e Iván Name impulsaron su aspiración. ¿Los recuerdan? En 2009 fue nombrada por Ordóñez como Procuradora Delegada para Vigilancia Disciplinaria. En 2012, aspiró a la Gobernación del Atlántico apoyada por Fuad Char, José Name Terán y Roberto Gerlein. Hagan memoria de estos señores. En 2012 fue elegida por la Sala Plena de la Corte Suprema como magistrada. Entre 2016 y 2017 fue presidenta de la Corte. En 2018 Duque la ternó para que la Corte eligiera un Fiscal General ad hoc para investigar tres casos del escándalo de Odebrecht. En 2019 Duque la nombró ministra de Justicia. Por allí pasó sin pena ni gloria. Aún debe explicaciones al país por la masacre ocurrida en la Cárcel Modelo de Bogotá el 23 de marzo de 2020 donde 23 presos murieron y 83 resultaron heridos durante los motines en plena pandemia. Más tarde Duque anunció a Cabello como su candidata a la Procuraduría. Debido a sus relaciones con los políticos de Atlántico, con el uribismo y con su paso por el Ministerio de Justicia, su elección generó controversia debido a que como procuradora tendrá que vigilar a sus amigos y a sus ex compañeros de gabinete. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que su llegada a dirigir el Ministerio Público pone en peligro el equilibrio de los poderes públicos. No pasó nada. Fue elegida en el Senado de la República, con 83 votos de 100, por la maquinaria del Centro Democrático en sociedad con los partidos Cambio Radical, Conservador, Liberal, La U, Colombia Justa Libres y el Mira.

Carlos Camargo Assis es el actual defensor del Pueblo. Político conservador. Egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Allí estudiaron Duque y el fiscal Barbosa. Camargo es conocido por ser amigo y discípulo del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ¿Lo recuerdan? Las relaciones de Camargo con el conservatismo son a través de su esposa María Paulina Pineda García, hija de la senadora conservadora de Córdoba, Nora García Burgos. Camargo es recordado por ser el magistrado que cerró la investigación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por la supuesta financiación de su campaña con dinero de Odebrecht. En 2018 fue elegido director de la Federación Nacional de Departamentos, con el apoyo de los hermanos Char en reemplazo, en ese momento, del actual Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte. En el 2020 es elegido por la Cámara de Representantes con el favor de Cesar Gaviria y Álex Char, con 140 de 154 votos. Lo apoyaron el Centro Democrático, conservadores, liberales, Cambio Radical, La U, Colombia Justa Libres y el Mira. Es famoso por irse a su finca en Anapoima, el 30 de abril, cuando el Paro Nacional estaba en sus inicios. En una entrevista radial no fue capaz de explicar el suceso, se enredó y bueno.

Si bien la Fiscalía General de la Nación no es un órgano de control sino una entidad que hace parte de la Rama Judicial, el artículo 250 de la C.P. indica que, le corresponde investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Valdría también echar un vistazo quién está al frente de este organismo.

Francisco Barbosa Delgado es el actual fiscal general de la Nación. Abogado y ex profesor universitario. Ha manifestado ser amigo íntimo de Iván Duque. Estudiaron juntos en la Universidad Sergio Arboleda. Entre 2003 y 2004 fue fiscal especializado de la Unidad de Derechos Humanos. Asesor jurídico externo en los gobiernos de Pastrana y Uribe. En 2018, en la caldeada campaña presidencial, reprochó la implementación de los acuerdos y expresó abiertamente que su gran amigo Duque era el dirigente que necesitaba Colombia. Raro porque antes de llegar al Gobierno, defendió abiertamente las negociaciones de paz. Votó por el sí en el Plebiscito y escribió en muchas ocasiones que la Justicia Especial para la Paz era un proyecto que cumplía con los modelos del DIH. Es más, se postuló para ser magistrado de la JEP. En 2018 es nombrado, por su íntimo amigo, consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. En 2019 Duque lo incluyó en la terna que le presentó a la Corte para elegir Fiscal General. En el 2020 la Corte Suprema de Justicia lo eligió en sala plena. Hoy dice que los acuerdos de paz y la JEP son unas aberraciones. Les añado algo, en plena campaña la Fiscalía tuvo el apoyo del contralor general, Carlos Felipe Córdoba.

Pregunta final ¿Estarán los organismos de control por encima de los intereses políticos y personales de quienes ocupan tan importantes cargos?

He revisado cuidadosamente los actos y declaraciones públicas de cada uno de ellos en los últimos años y ya saqué mi conclusión. Los invito a que saquen la de ustedes.

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