Jueves, 26 de noviembre de 2020. Última actualización: Hoy

LOS ALCALDES Y LA ILEGALIDAD PREDIAL

El miércoles 28 octubre, 2020 a las 2:59 pm
LOS ALCALDES Y LA ILEGALIDAD PREDIAL

LOS ALCALDES Y LA ILEGALIDAD PREDIAL

LOS ALCALDES Y LA ILEGALIDAD PREDIAL

En buena hora Ley 2044 de 2020 del 30 de julio, dispone que las autoridades locales están en la obligación y tienen el deber legal de adelantar los trámites necesarios para entregar los títulos de propiedad de sus predios, de todas aquellas personas que han sido defraudadas por la piratería predial y que hoy se encuentren en la ilegalidad.

Mediante éste instrumento, se pueden legalizar todos los asentamiento humanos ilegales  que se encuentren ubicados en predios de propiedad legítima a favor de particulares, cuya posesión sea igualo mayor de diez (10) años, sin que el propietario legítimo y a falta de éste, sus herederos o terceros interesados hayan hecho uso de las instancias administrativas y judiciales o habiéndolas hecho hasta la fecha no hayan podido adquirirlos, el ente territorial podrá obtener su propiedad a través de expropiación por vía administrativa, por motivos de utilidad pública e interés social como lo establece el artículo 58 de la Ley 388 de 1997.

Este procedimiento es aplicable a predios donde se hayan conformado una vivienda o más, que por el paso del tiempo han logrado alcanzar un nivel de desarrollo escalonado, cuyas edificaciones sean de carácter permanente, construidas con materiales estables, cuenten con la infraestructura de servicios públicos instalada, con vías pavimentadas, con edificaciones institucionales promovidas por el Estado, también serán susceptibles de legalización los asentamientos precarios, conformados por una vivienda o más, que presenta condiciones urbanísticas de desarrollo incompleto, en diferentes estados de consolidación, cuyas construcciones se encuentran ubicadas en predios públicos pero sus construcciones se encuentran ubicadas en predios públicos y/o privados sin contar con la aprobación del propietario y sin ningún tipo de legalidad, ni planificación urbanística.

Con este instrumento jurídico los municipios tendrán la obligación y el deber social y jurídico de sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares, cuya ocupación o posesión sea mayor de diez (10 años) de la misma manera facilitará la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales, a fin de materializar el principio de equidad que permita el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el marco del Estado Social de Derecho.

Los municipios o distritos en el término de doce (12) meses posteriores a la promulgación de esta ley deben realizar un estudio técnico y jurídico que permita establecer el área y la existencia por 20 años o más, de todos los espacios públicos construidos. Para tal fin, elaborarán registros cartográficos y formularios mediante sistemas de información geográfica y alfanumérica. Realizado el estudio anterior, los alcaldes en el término de seis (6) meses posteriores a la realización de los estudios técnicos, deberán contratar la realización de un inventario de bienes de uso público y bienes afectos al uso público producto de la legalización de asentamientos humanos ilegales, los cuales se encuentren señalados en actos administrativos o que por 20 años o más, se han considerado como espacio público, independiente de quien ostente la titularidad del derecho real de dominio.

La ley permitirá sanear de manera definitiva la propiedad a lo largo y ancho de nuestro país, de esta manera generamos las condiciones para beneficiar a más de 36.000 de familias que viven en la actualidad en esta situación, que ocupan más 223 Hectáreas, casi el 25% de las áreas construidas en el municipio, asegurando la posibilidad de convertirlos en propietarios legítimos de los inmuebles que ocupan de manera ilegal. Estas familias formalizarán su situación para que desde la legitimidad puedan abrir nuevas puertas; concretar este propósito es sinónimo de dignidad y mejoramiento para la calidad de vida, pues podrán acceder a programas de mejoramiento de vivienda, servicios públicos, acceso al crédito, y ser sujetos del crédito al contraer obligaciones que puedan beneficiar su economía.

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