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Locombia de temblor en terremoto

El jueves 16 mayo, 2019 a las 1:28 pm
Locombia de temblor en terremoto
Locombia de temblor en terremoto

Locombia de temblor en terremoto

En un país con las fuerzas tectónicas y políticas en permanente ebullición, un nuevo sismo de alta intensidad acaba de remover la corteza terrestre, acostumbrada a reasentarse como si nada hubiera pasado después de cataclismos como la toma del Palacio de Justicia, y a los ocho días, la erupción del nevado del Ruiz y la destrucción de Armero por la avalancha subsiguiente.

La renuncia del fiscal Martínez se veía venir, después de su compromiso cada vez más evidente con el escándalo de Odebrecht, que en otros países ya ha enjuiciado y detenido a varios expresidentes, al representar a Corficolombiana, la compañía constructora del grupo Sarmiento Angulo, del que era su abogado estrella en acciones relacionadas con la firma de contratos, cuando fue superministro del gobierno de Santos, y documentos atinentes a cubrir el pago de sobornos al viceministro de Obras y otros funcionarios encargados de adjudicar los contratos de Ruta del Sol II.

La decisión de la JEP de liberar a Santrich y no autorizar su extradición, porque la justicia americana no le presentó las pruebas contundentes que demostraran su participación en el tráfico de drogas (después si divulgó un comprometedor video por los medios de comunicación) fue el detonante de la actual crisis; pero no hay que olvidar que la decisión de la JEP en torno a Santrich está sujeta a la apelación presentada por la Procuraduría General.

En el fondo lo que está en juego es el desmonte de la JEP y de puntos esenciales del acuerdo de paz con las Farc, que promueven el Centro Democrático y sus aliados políticos y de gremios productivos, a los que no les convienen puntos relacionados, por ejemplo, con la confesión de su patrocinio a grupos paramilitares, que plantea la Jurisdicción Especial de Paz y en lo relacionado a la Reforma Agraria Integral y Restitución de Tierras a familias desplazadas por las FARC, pero también por las AUC, de los Castaño, Mancuso y Cía.

La economía ilegal, el contrabando y el narcotráfico han permeado a la sociedad colombiana desde hace décadas y tanto sus dirigentes políticos, empresarios, guerrillas, paramilitares, delincuencia común y amplios sectores de la población han convivido y se han aprovechado de ellas, pero a la tapada.

Desde los gobiernos de López Michelsen, en 1974, y de Turbay Ayala, en 1978, ya se denunciaban los coqueteos de altos funcionarios del Estado con el “hombre Malboro”, que fue hasta senador, contrabandista de licores y otras mercancías, que se complementarían con el narcotráfico.

La polémica calificación que hace décadas hizo un embajador norteamericano, de que “Colombia es una narco-democracia”, no deja de ser válida si nos remontamos a los entrelazados vínculos y hasta participación directa que numerosos dirigentes políticos tuvieron con los ‘pioneros’ de la ‘bonanza marimbera’ exportando la  apetecida ‘punto rojo’ cultivada en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Cuando descubrieron que más rentable era la coca, los carteles se extendieron de la Costa Atlántica al resto del país y los cárteles de Medellín, de Cali, fueron protagonistas cuando Pablo Escobar fue representante a la Cámara y financió a otros de sus compañeros congresistas, y además, antes había puesto a su servicio a entidades del gobierno, como la Aeronáutica Civil de la que fue director Álvaro Uribe Vélez, cuando desde las pistas de la hacienda Nápoles y de Tranquilandia despegaban cargadas de coca rumbo al norte las aeronaves a las que esa entidad les había concedido generosos permisos.

Los bancos sin duda se vieron beneficiados de la avalancha de dólares urgidos de lavandería para entrar a la economía formal; y además de los financieros de exponencial crecimiento, surgieron como hongos muchas empresas y negocios con el fin principal de santificar los dineros ilegales.

Desde entonces la relación de la política con el narcotráfico y la economía ilegal fue indisoluble y cuando Pablo Escobar fue incontrolable, el gobierno colombiano, el DAS y la DEA no dudaron en aliarse con el Cartel de Cali, aliarse junto a Carlos Castaño y otros narcos para perseguirlo, y quienes también serían la semilla de las AUC, tan ligadas a Álvaro Uribe desde que fue gobernador de Antioquia y los parapolíticos lo catapultaron a la Presidencia en 2002.

Cuando subió Samper, con el proceso 8000 se desnudaron los estrechos vínculos entre el narcotráfico y la política y después que las Farc y otras guerrillas decidieron incursionar en el negocio para financiarse, la “narco-democracia” quedó perfecta.

La JEP ha pretendido que se sinceren  todos los políticos, empresarios y militares ligados a la violencia paramilitar y guerrillera y sus pasados vínculos disimulados con la economía ilegal.

Lo negativo es que algunos morrongos quieren autocalificarse como los “buenos” y lapidar de “malos” sólo a los guerrilleros.

Por lo pronto esperemos la apelación de la Procuraduría sobre Santrich.

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