La meta es sustituir aproximadamente 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito durante el primer año de su implementación en más de 40 municipios de los departamentos más afectados.

El programa no atenderá a los cultivadores que hayan sembrado después del 10 julio de 2016, fecha en la que se puso en marcha el esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en Briceño, Antioquia.

Para garantizar la participación de las comunidades, se creó un consejo de dirección permanente en el que tendrán asiento el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las comunidades.

El apoyo del Gobierno está condicionado al compromiso de los campesinos con la sustitución voluntaria y concertada así como el cumplimiento de las obligaciones pactadas, cuya esencia es el abandono de forma inmediata de los cultivos de uso ilícito, y de cualquier otra toda actividad relacionada.

Las familias que formalicen su compromiso con la sustitución voluntaria, la no resiembra, el no cultivar ni estar involucradas en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstos, se beneficiarán de la siguiente manera:

• Durante el primer año, un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.
• Un millón 800.000 mil pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.
• Nueve millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.
• A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional invertirá por familia, hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicional se creará una línea de crédito especial.
• Adicionalmente, se contará con asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de tres millones 200.000 mil pesos por familia. Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para acompañar a las comunidades.

La inversión en sustitución voluntaria produce resultados sostenibles, genera oportunidades territoriales e incide en la calidad de vida. Sin renunciar a la erradicación forzosa, el Gobierno Nacional aspira a que esta alternativa, por su costo-eficiencia, sea el instrumento predominante de reducción de cultivos de uso ilícito.