Jueves, 14 de noviembre de 2019. Última actualización: Hoy

¡Alerta! Líderes del Cauca exigen garantías de vida

El martes 14 mayo, 2019 a las 5:20 pm
Francia Márquez – Víctor Hugo Moreno
Líderes del Cauca exigen garantías de vida

Cámaras y fotografías: Sophía Hernández y Óscar Moreno

Líderes del Cauca exigen garantías de vida

Si el presidente Iván Duque por asuntos de seguridad teme reunirse públicamente con las comunidades del norte del Cauca a pesar de ser el jefe del Estado, del Gobierno, suprema autoridad administrativa, comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, y el personaje más custodiado de este país, nadie en Colombia podrá estar seguro.

En consecuencia, todos subsistiremos vulnerables mientras el señor Duque sea presidente, fue la insinuación hecha por Francia Márquez a los medios de comunicación el pasado miércoles 8 de mayo, cuando, en la asamblea permanente de las comunidades negras, reclamó por ése argumento del jefe del Estado de no venir al Cauca. Francia dijo que “nosotros como pueblos sí estamos condenados a que nos asesinen, porque el Gobierno no muestra su voluntad efectiva para garantizar nuestros derechos de forma integral”.

Francia Márquez

A raíz del atentado del pasado 4 de mayo en la vereda Lomitas de Santander de Quilichao del que fueron víctimas los líderes de las comunidades afro, el presidente de ACONC, Víctor Hugo Moreno, y 16 líderes sociales, entre los que se encontraban delegados de Proceso de Comunidades Negras y delegados de la Asociación Municipal de Mujeres de Buenos Aires, exigieron seguridad para su gente. “Vivimos en un país muy inseguro, donde ni siquiera el presidente tiene la tranquilidad de recorrer el territorio que gobierna, no queremos que sigan muriendo líderes sociales, ni personas de la comunidad” indicó Francia Márquez “¿Estamos condenados a morir aquí? Esa es la pregunta que le hago al gobierno” concluyó.

Entonces, el presidente Duque, ratificándolo, decidió invitar a los dirigentes cívicos afros a una reunión con él en la Casa de Nariño, el próximo 21 de mayo.

Una vez más se demostró que el Gobierno a lo que teme es a los movimientos cívicos como agentes políticos con los que debe tratar de tú a tú; por ello, prefiere romper la unidad comunitaria en los territorios, criminalizar la protesta social con la excusa de que está infiltrada por actores violentos, y justificar, por consiguiente, la represión policial como una herramienta para resolver los problemas sociales.

Otras evidencias de la estrategia se dieron en el municipio de Caldono el pasado 9 de abril cuando el presidente Duque pretendió reunirse con dirigentes de las comunidades indígenas pero se frustró con la disculpa, acreditada por el fiscal general Néstor Humberto Martínez, que el movimiento indígena estaba infiltrado por grupos armados que iban a atentar contra el presidente. La maniobra también había sido utilizada antes, en diciembre pasado, por el canciller Carlos Holmes Trujillo. En aquella ocasión aseguró que las autoridades descubrieron planes para “posiblemente” atentar contra el presidente y señaló que tres ciudadanos venezolanos fueron capturados con armamento de guerra.


Viceministra Camila Rivera González y subdirectora de reparación colectiva, Juanita Ibáñez Santamaría. Imagen: http://bit.ly/2Vp7jlo

Hay entonces mucha incertidumbre sobre el futuro de estas comunidades, que reciben señales inciertas. Ese miércoles 8 de mayo ni siquiera vino la ministra del Interior, envió a una viceministra, Camila Rivera González, encargada para la Participación e Igualdad de Derechos y vino también la subdirectora de reparación colectiva, Juanita Ibáñez Santamaría.

A pesar de que las peticiones de las comunidades negras se dividen en cinco líneas: Territorio y proyectos productivos, Recursos para el Sistema de Salud y Educación, Derechos Humanos, Minería y Acuerdos de Movilización de Mujeres para el Cuidado del Territorio, no se llegó a ningún acuerdo entre las partes.

“Hay negligencia, nos vienen a plantear la misma estrategia que nos han planteado en el pasado y que no ha servido, y es construir una ruta, y la ruta sobre la ruta, y tenemos 50 actas sobre rutas que no se cumplen”, dijo Francia Márquez, mientras que Víctor Hugo Moreno reiteró: “Aceptamos la ruta planteada, pero en el marco de un decreto que obligue el cumplimiento de los acuerdos”. De acuerdo con la respuesta oficial, dictar un decreto que obligue al cumplimiento de los compromisos, es imposible.


Senador Carlos Antonio Lozada, representante Luis Alberto Albán Urbano (Marco Calarcá), senadores Pablo Catatumbo, Luis Fernando Velasco; secretario de gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes Guzmán, Francia Márquez, senadores Roy Barreras e Iván Cepeda.

Minimizados entonces la reclamación social y los atentados de que fueron víctimas los líderes afro en la vereda de Lomitas, y exaltados los supuestos asuntos de inseguridad del presidente, el viernes 10 de mayo, en Santander de Quilichao, se llevó a cabo una audiencia con algunos miembros de la Comisión de Paz del Senado, garantes del proceso de paz como la ONU, también con delegados de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Gobernación del Cauca, entre otros, con el fin de escuchar el clamor de la comunidad escéptica, agobiada por amenazas.


Secretario de gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes Guzmán, Francia Márquez, senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y Temístocles Ortega. Jason Marczak, representante de misión comercial de Estados Unidos, entre otros.

La Comisión insistió en la necesidad de la implementación de los acuerdo de paz para evitar un exterminio de líderes sociales, excombatientes y simpatizantes de los procesos de lucha que buscan la reivindicación de derechos.

El delegado de la ONU indicó que van 51 líderes asesinados en el país, sumado a la aparición de 11 panfletos de las ‘Águilas negras’ y más de 50 líderes amenazados. Por este motivo y con la ausencia del Gobierno se realizará un informe sobre la situación para que se convoque a un debate de control político.

General Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, enlace del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas (PAO), con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (quinto de izquierda a derecha).

Inclusive, estuvo presente Jason Marczak, representante de una misión comercial de Estados Unidos (Adrienne Arsht del Atlantic Council de Washington D.C.), quien expuso varios aspectos que podrían beneficiar en un futuro cercano las zonas de producción de los excombatientes de las Farc. Dijo que se encuentran interesados en conocer más a fondo el proceso que se adelanta en seis regiones del país y analizar su posible contribución y apoyo con inversiones para el sector agrícola como estudiar los mecanismos para la comercialización de los mismos.

Se concluyó que en este momento, el proceso de paz está en crisis, que el Gobierno no muestra interés en la implementación definitiva del Acuerdo Final de Paz, lo cual llevará a profundizar el problema de la tierra y las garantías cada vez son menores, y que existe una agudización de lo que bien podría llamarse guerra sucia contra quienes hoy quieren participar en política y representan poderes territoriales, quienes son reclamantes de tierra en el marco de la ley de restitución de tierras, son defensores de las comunidades étnicas y de sus intereses territoriales, quienes subsisten en medio de economías ilegales y extractivistas y a la vez reclaman sus derechos, y quienes como líderes ambientales se oponen a megaproyectos que pueden afectar a las comunidades aledañas.

En alerta, entonces, los líderes del Cauca continúan su lucha para exigir dignidad, intervención humanitaria del Estado y garantías de vida.

Otros editoriales de este autor: CLICK AQUÍ

Deja Una Respuesta