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Liberados exfuncionarios del municipio de Guachené sindicados de auxiliar a las FARC

El sábado 15 marzo, 2014 a las 9:17 am
Felix Manuel

Felix Manuel Banguero

El día de ayer, a las 17:30 horas, aproximadamente, fueron liberados el exsecretario de gobierno de Guachené, Neisair Ramos Navas y el exsecretario de Cultura, Felix Manuel Banguero, acusados por la Fiscalía, de pertenecer supuestamente al sexto frente de las Farc.

Neisair

Neisair Ramos Navas

Ramos y Banguero obtuvieron su libertad por vencimientos en los términos, según explicó a Proclama del Cauca el abogado Diego Hurtado, apoderado de Neisair Ramos, quien sostuvo que la liberación se debió a que 359 días habían transcurrido desde la formulación de la acusación sin que se hubiera iniciado el juicio oral, situación que obliga a la liberación de los detenidos aunque sigue en pie el proceso hasta que se demuestren responsabilidades o inocencias.

La detención

Como lo reportó oportunamente este medio de comunicación, en el mes de Junio del 2012 Guachené fue conmocionado con la noticia de la captura y remisión al centro penitenciario de Villanueva en Cali, de los funcionarios Ramos y Banguero, reconocidos en su municipio por ser personas de bien, dedicados al servicio comunitario.

En este mismo contexto tras estas capturas, días antes se habían producido 14 capturas más en los municipios de Caloto, Corinto y Miranda, las cuales según Fiscalía especializada, hacían parte del desmantelamiento de una organización delincuencial al servicio de las Farc.

Faraon AngolaEl exalcalde de Caloto Faraón Angola

Igualmente, Proclama del Cauca informó que el miércoles 12 febrero, el exalcalde de Caloto, Faraón Angola Orejuela, fue detenido en el corregimiento de El Bolo, Palmira, Valle del Cauca, en cumplimiento de una orden de captura por presuntos vínculos con las Farc.

El dirigente político Angola Orejuela fue señalado de ser otro de los líderes con presuntos nexos con las fuerzas ilegales, igual que otras 26 personas, entre ellas varios funcionarios y líderes indígenas y campesinos, que fueron capturados a mediados del mes de junio de 2012, en una operación conjunta del CTI de la Fiscalía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía ejecutada en varios municipios del norte del Cauca.

Detenciones arbitrarias

En su momento, estas detenciones fueron consideradas por líderes y cívicos y comunitarios como arbitrarias y calificaron las operaciones como “una cacería de brujas” para individualizar y judicializar a dirigentes políticos y sociales.

Mari-Soliana-Colorado-1Liberación de Mary Soliana Colorado

En la mañana del primero de agosto de 2013 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán ordenó la liberación de Mary Soliana Colorado, estudiante de trabajo social de la Universidad del Valle que había sido detenida al ser sindicada de pertenecer a las FARC, en una acción oficial que en ese momento fue calificada como un “falso positivo jurídico”.

Estuvo detenida en la Cárcel de Mujeres de Popayán pero al fin la defensa, a cargo del abogado Elmer Montana, de la ‘Fundación Defensa de Inocentes’, logró demostrar que esta joven, de 24 años, lo que en realidad resistió, al configurarse su detención cuando apareció uniformada en una foto archivada en el computador del jefe guerrillero Alfonso Cano, fue un intento de reclutamiento forzado cuando apenas tenía 14 años; de allí el registro fotográfico que la hizo padecer doce años después ya no como víctima de las FARC, sino del Estado que la consideró comandante guerrillera, cuando contrariamente, pertenecía a una iglesia evangélica que protestaba contra las acciones violentas de las FARC.

Por cuenta de aquella expedita deducción sin pruebas sufrió un año de detención, pues había sido capturada el 5 de septiembre de 2012 sindicada de los delitos de rebelión, concierto para delinquir y terrorismo.

Hasta marchas se programaron

Una marcha pacífica se realizó el día martes 19 de Junio del 2012 en el municipio de Caloto con el objetivo de “rechazar, condenar y denunciar las arbitrariedades que está cometiendo la Fuerza Pública y el Gobierno” en contra de la enfermera jefe Mildred Gisela Mora Pino, según se argumentó en un comunicado que además consideró que: “De igual manera hacemos un llamado a las Instituciones, Organismos del Estado y ONG defensoras de los Derechos Humanos para que se pronuncien y hagan seguimiento a los procedimientos al debido proceso y velen por la garantía y la defensa de nuestros derechos”.

Otra marcha se realizó los días 28 y 29 de junio de aquel año, cuando se desplazaron las comunidades de la parte alta hacia el municipio de Miranda, veredas La Mina y La Calera, con el acompañamiento de las demás autoridades indígenas ACIN y CRIC, “con el propósito de visibilizar y denunciar, los actos de violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, según decía la convocatoria.

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