Por Álvaro Jesús Urbano

La lucha por la propiedad de la tierra ha provocado muertes y conflictos étnicos de difícil solución, por la incapacidad e indolencia de las autoridades estatales y los intereses particulares de legisladores que le dieron una dimensión electorera a la política agraria en el Cauca, teniendo como consecuencia la dispersión de tierras improductivas, que otrora atesoraran familias tradicionales, ahora en propiedades colectivistas con similares ineficiencias.

El fortalecimiento de los cabildos implicó que el eje de sus funciones, reducido anteriormente a la adjudicación de tierras y la protección de culturas ancestrales, asumiera nuevas dimensiones frente a la productividad de la tierra, la gobernabilidad, la autonomía territorial y la adjudicación de parcelas, muchas de ellas cedidas en arrendamiento o venta de mejoras, a personas no indígenas, que las explotan de manera eficiente por contar con recursos propios, dada la insolvencia y falta de capacidad crediticia de los parceleros indígenas en la sostenibilidad económica de sus proyectos productivos.

En el Cauca, el gobierno nacional en los últimos dos años, ha destinado cantidades exorbitantes de dinero para compra de tierras, más se ha quedado corto en financiar proyectos productivos y sostenibles, en detrimento del emprendimiento y la productividad de las tierras adjudicadas. Para compra, el gobierno nacional apropió más de 60 mil millones de pesos, pero en financiación de proyectos productivos no llega a los 4 mil millones, dejando de financiar iniciativas comunitarias destinadas a la optimización de la producción rural, apoyo a empresas rurales, mejoras en seguridad alimentaria, acciones efectivas en dinámicas de comercialización local y regional, impulso al desarrollo productivo de las organizaciones, e incentivos al fortalecimiento de Fondos de Capitalización e inversión agropecuaria.

En Coconuco se ha reactivado por parte de actores criminales, los daños a las propiedades de pequeños campesinos y empresarios del campo. En numerosas ocasiones a Cristina Mosquera le han picado la tierra y regado glifosato, deteriorando la capa vegetal del suelo de su finca lechera. A Tulio Parra, ex-alcalde de Puracé, semanalmente le pican los potreros en diferentes lugares y hasta le cercaron su propiedad para impedir su explotación. En la propiedad de Santiago Jaramillo, media hectárea de su finca fue quemada con glifosato y le despedazaron las mangueras de riego, destrozándolas en pedazos de cinco centímetros, dejando sin agua a las vacas; le cortaron también la tubería del equipo de ordeño y le destruyeron 3 líneas de cerca eléctrica, causándole daños y grandes pérdidas, con la aquiescencia displicente de autoridades prevaricadoras en el ejercicio de sus funciones judiciales y de policía.

Todos conocen de donde provienen las hostilidades, pero nadie hace nada, con tantos ofrecimientos y recursos apropiados para compra de tierras y la total impunidad de manos criminales con intereses mezquinos, que sistemáticamente provocan daños para contrariar a los propietarios, forzándolos a oferten sus predios al INCODER, quienes por falta de respaldo están abocados al cierre de sus empresas lecheras, muchas de ellas con los mejores indicadores productivos del país, generando empleo, desarrollo, crecimiento y riqueza en el municipio y en el departamento. En un país multicultural y pluriétnico que propende por el derecho a la diferencia y clama a gritos un proyecto de región, participativo e incluyente y no discriminatorio, donde quepamos todos y no se debilite a los empresarios del agro para obligarlos a ofertar sus predios.

Todos los sectores empresariales y gremiales del Cauca han rechazado las actitudes hostiles, discriminatorias, voraces y desmedidas que atenten contra la paz, orientadas a despojar a través de vías de hecho las tierras productivas y las empresas turísticas que con esfuerzo han incentivado la economía en el Cauca. Los empresarios del agro y el turismo en Coconuco, piden apoyo y protección al gobierno territorial y nacional, a las autoridades judiciales y de policía, para que frenen definitivamente su laxitud, contemplación y pasividad frente a sujetos criminales, que con agravios injustificados y actitudes vandálicas, pisotean los derechos humanos y económicos de empresarios y trabajadores del agro, con derecho a merecer una vida digna e igualdad de oportunidades en un Estado Social de Derecho, que defiende y garantiza la libre empresa y propende por el orden, la equidad y la justicia para todos.