1. Estos hechos venían siendo denunciados por medios de comunicación, altos funcionarios del Estado y por parlamentarios liberales desde hace mas de dos años y el Gobierno fue indolente para responder a los indicios, las denuncias, las incontrovertibles realidades de crecimiento de las pirámides. La responsabilidad política del Gobierno es evidente e inexcusable.

2. Es absolutamente injustificada la tardanza del Gobierno en tomar medidas para evitar y corregir esta gravísima situación. Desde hace muchos meses el Gobierno Nacional en cabeza del Ministro de Hacienda debió impulsar una intervención oportuna y de manera incomprensible no consiguió colaboración de la Fiscalía General para enfrentar este problema. Se debió controlar la captación ilegal de dineros del publico y el gobierno tenia facultades de orden preventivo y administrativo.

3. El Gobierno pudo impulsar desde hace muchos meses el reforzamiento de los poderes de las Superintendencias que apenas hasta ahora busca con sentido de urgencia. El Ministro de Hacienda ni siquiera mencionó el tema en el trámite de la Reforma Financiera en curso. El gobierno debió aplicar con rigor la legislación que estaba vigente en vez de presentar una nueva ley que proponía cambios marginales para prohibir lo que estaba prohibido desde 1982 y lo que se había penalizado desde ese mismo año.

4. Ha sido torpe la actuación de los funcionarios dedicados a un proceso de recriminaciones mutuas mientras que los recursos decomisados recibieron un tratamiento de botín, algunos se perdieron y otros fueron repartidos de manera improvidente.

5. La posible presencia de lavado de activos o narcotráfico en vez de convertirse en un agravante para actuar con sentido de urgencia se convirtió en una excusa para paralizar la acción gubernamental.

6. Las medidas tomadas por el Gobierno en desarrollo de la emergencia social se ven inconducentes para tratar la grave crisis que se ha originado. El tramite en la Corte Constitucional de los aumentos de penas y de la creación de nuevos delitos va a ser muy difícil porque hay doctrina reiterada en contrario. Además es difícil que la aplicación de estas normas se pueda extender a los delitos ya cometidos.

7. El crear una nueva categoría de delito para sancionar a miles de funcionarios de menor rango que invirtieron en las pirámides es una manera de sancionar a las víctimas mientras que los altos funcionarios que pecaron por grave omisión resultan eximidos de toda responsabilidad.

8. Las declaraciones del gobierno de que con las medidas adoptadas van a devolverle los recursos a los ahorradores son falsas. Con las medidas adoptadas estos van a recibir una ínfima parte de lo que depositaron. Esa es la dinámica de las pirámides y existe amplia literatura internacional y recomendaciones de Instituciones Multilaterales que muestran como el Gobierno Colombiano actuó de la manera más equivocada.