Por tal razón, cuando este gobierno pretendió junto con los congresistas que se aprobara la pena perpetua para los violadores, la Corte objetó esa ley.

Sin embargo, en un parágrafo de la norma de normas, dice que no podrá ser elegido para cargos de representación popular quien haya sido condenado por cualquier juez de la república.

Es decir, que se garantiza constitucionalmente una pena eterna.

Hasta ahora, que yo sepa, no se ha presentado nunca una demanda contra la coexistencia dentro de la misma Carta de dos normas que se contradicen. Ya la Constitución del 91, que para muchos es un sancocho, va a cumplir 31 años y todavía a su redacción contradictoria apelan los defensores de su contenido, así sea para tratar de atajar al exministro Murillo.

Algunos jurisconsultos que consulté me dijeron que, en el caso expreso del vicepresidente de Fajardo, bastaría con que presentara una acción de tutela ante la misma Corte Constitucional para que se le restituyera en 20 días el derecho fundamental a ser elegido, alegando que, además, en otra parrafada de la Constitución, se dice que no existirán penas imprescriptibles.

Obviamente, los asesores publicitarios de Fajardo, el aparentemente patito feo de la contienda presidencial, serán los que deciden si aprovechan el papayazo propagandístico que les da esta contradicción y resaltan el significado de tener un candidato a vicepresidente, negro, chocoano y perseguido.

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