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LAS INCONGRUENCIAS EN EL CASO DE LA HAYA

El martes 22 marzo, 2016 a las 10:20 am

Corte Internacional de Justicia - La Haya

Por: Carlos Eduardo Lagos Campos.
Abogado y experto en Conflictos Internacionales.

Los antecedentes de este conflicto se remontan a 1928 cuando se firmó el Tratado Esguerra-Bárcenas, el cual fijó los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua en el paralelo 82. Así las cosas, Colombia manifiesta que en virtud de este tratado, los territorios en disputa históricamente le han pertenecido, mientras que Nicaragua alega la invalidez del tratado, con la tesis de que este, se realizó sin la autonomía de su voluntad por estar en ese momento bajo la ocupación de los Estados Unidos, y que en la época de suscripción del tratado no estaba vigente el Derecho del mar, violándose el derecho de exclusividad marítima.

Nicaragua presentó en 2001 una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (C.I.J) organismo de carácter judicial de las Naciones Unidas encargado de decidir las controversias jurídicas entre Estados y emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas; la demanda está relacionada con el título sobre el territorio y la delimitación marítima en el Caribe.

En 2007, la C.I.J resolvió la solicitud, dando lugar a las excepciones preliminares invocadas por Colombia, en contra de la demanda presentada por Nicaragua, donde se reconoce la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos; no obstante, la C.I.J dejo sin definir la frontera marítima entre ambos países, para definirla en sentencia de Merito.

Esta se expidió en 2012 ratificando que el archipiélago le pertenece a Colombia, confirmando de esta manera la soberanía de Colombia en relación a las islas de San Andrés y Providencia, y los cayos; despojando a nuestro País cerca del 43% de su territorio marítimo caribeño.

El estado Colombiano renunció al Pacto de Bogotá, tratado por medio del cual Colombia aceptó la jurisdicción de la C.I.J. bajo el argumento de que: «Los límites no deben quedar en manos de una Corte», y que «dicho principio es compartido por otros países que han tomado la misma posición que hoy toma Colombia».

La C.I.J. recordó que el Pacto se aplica al denunciante hasta un año después de la renuncia, razón por la cual las demandas realizadas por Nicaragua en 2013 siguen siendo de su competencia. ¡Seguimos actuando tarde!

En 2013 Nicaragua solicita fijar el «rumbo exacto» de su plataforma continental con Colombia más allá de las 200 millas marítimas de su costa, y sobre supuestas violaciones de sus derechos soberanos. Colombia sostuvo que la C.I.J. ya se había pronunciado sobre este asunto; y la diplomacia colombiana pretendió impedir la causa, argumentando la falta de jurisdicción de la corte. La C.I.J. se declaró competente, lo que desató una serie de reacciones por parte de la Nación Colombiana; desembocando en la no comparecencia ante la C.I.J. frente la nueva demanda.

El Bloque de constitucionalidad junto con el Pacto de Bogotá, establecen la fuerza vinculante del tratado, por lo tanto si Colombia no comparece a este proceso se presentaría el fenómeno jurídico denominado contumacia ósea la renuencia de una parte para comparecer al proceso, perdiendo la oportunidad para pedir y presentar las pruebas de su defensa, como corolario Colombia se quedaría sin pruebas para demostrar sus argumentos; luego no hacerlo es un acto de irresponsabilidad, pues en estas circunstancias el sentido del fallo se prevé adverso; el fallo es obligatorio, en consecuencia si no se cumple, la corte correrá traslado al consejo de seguridad de la ONU, el cual tomara las medidas necesarias para su cumplimiento, de no hacerlo, se violaría el principio de la seguridad internacional.

El Consejo de Seguridad tiene la facultad de establecer cuando determinados actos pueden constituir una amenaza para la paz mundial. Desconocer la jurisdicción de La Haya es un acto de Temeridad Jurídica, y una grave incongruencia por parte de Colombia, de un lado solicitamos a la ONU ser garante de nuestro proceso de paz y por otro le estamos diciendo que no confiamos en ella y no aceptamos la competencia de su Corte.

En conclusión, ahora, Colombia no solo se ve abocada a enfrentar un conflicto con Nicaragua sino también con la ONU y su corte internacional.

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