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La torpeza del gobernante la paga el pueblo, y no es justo.

El domingo 9 abril, 2017 a las 4:28 pm

Por Alfonso J. Luna Geller

Mientras a los problemas y conflictos que se nos presentan cada día no se les dé el tratamiento adecuado de manera oportuna, eficiente y eficaz, para buscarles la solución más procedente o satisfactoria, lo más seguro es que se van dilatando y se convierten en atolladero, en un embrollo que al fin no sabemos cómo resolverlo, mientras que las otras instancias sí saben para dónde van y qué es lo que buscan.

Eso nos ha pasado a los quilichagueños con el alumbrado público, con la disposición final de residuos sólidos, con el frigorífico, con la terminal de transportes, con la nueva galería, con proyectos de pavimentación, con la seguridad ciudadana y los espacios públicos, con el microtráfico de estupefacientes y el consumo, con la sempiterna ‘casa de la cultura’, con el uso inadecuado e ilícito de la maquinaria de obras públicas, con la minería ilegal que sigue boyante y patrocinada desde algunas instancias oficiales, con la planeación sobre el desarrollo ordenado de la ciudad y sus sectores rurales, y hasta con el mismo “nuevo” hospital que al parecer pronto va a despegar a pesar de todos los enredos a que han sometido el proyecto, comodín para toda clase de informes de gestión y negocios de lotes… hasta hoy, un cuento que ha servido para todo.

Esa supuesta ignorancia burocrática para atender oportuna y eficazmente los asuntos públicos, nos ha conducido a que Santander de Quilichao, entre otros muchos problemas, hoy esté prácticamente sin alumbrado público y nos veamos abocados a pagar unos de 50.000 millones de pesos por este concepto, sin saber de dónde diablos saldrán los recursos que reclaman Cedelca y la Compañía Energética de Occidente que demanda el pago de 18.000 millones correspondientes a la venta de energía eléctrica con destino al alumbrado público de los últimos siete años.

Como ha quedado demostrado en estos años de desgobierno, los administradores elegidos, otros nombrados y otros ranchados en sus escritorios por cuenta de la infortunada carrera administrativa, sumados a otro séquito de asesores, que entre todos debieran administrar bien los intereses de toda la comunidad quilichagueña que es la que sostiene todo ése ejército, se dedicaron a otras cosas que hoy todos padecemos a punta de cuentos y mentiras, pues nunca supieron cómo salir del atolladero, y con el barro hasta las orejas amenaza con ahogarnos a todos.

A pesar de la gran cantidad de tecnicismos y leguleyadas distractoras que se esgrimieron y se siguen discutiendo en reuniones de emergencia, nada efectivo se ha hecho para resolver el conflicto que se le presentó a la comunidad quilichagueña hace muchos años, cuando el Gobierno Nacional decidió desconocer lo pactado en la famosa escritura pública 1572 de 1962 que defendía nuestras acciones e intereses en la moribunda empresa Cedelca S.A. Allí nació el problema, nos condenaron en primera instancia, y vamos para la segunda, mientras algún idiota despistado, en letras de molde, le echa la culpa al periodista que pone en evidencia el desbarajuste.

Lo cierto es que varias decisiones judiciales nos condenan a pagar y si no hacemos nada seguro y pertinente, nos tendremos que someter a la decisión final que llegará desde el Consejo de Estado la cual cerrará el capítulo de la impotencia propia para que brille la capacidad ajena. Cuando llegue, estaremos convocando al examen correspondiente de las responsabilidades porque al pueblo no puede condenársele a pagar la incapacidad y hasta la corrupción de sus administradores. Esto deberá revertirse y trasladarse a los verdaderos responsables, no al ciudadano común y corriente que es el que siempre paga el pato.

El problema del alumbrado público en Santander de Quilichao se presentó cuando el Gobierno Nacional, el presidente Uribe Vélez, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, desconoció las atribuciones legales de la comunidad quilichagueña, plasmadas en la escritura 1572, para en la urgencia de privatizar lo público, despojarnos de nuestros derechos adquiridos, liquidar sin indemnización nuestros intereses en Cedelca y entregarle a nuevos operadores privados el negocio de compra-venta de energía eléctrica.

Fue una decisión política del Gobierno Nacional que dejó como consecuencia a los quilichagueños metidos en semejante problema, sin que ninguno de nuestros gobernantes, ni políticos, se atreviera a decir esta boca es mía, porque ayer, como hoy, tiemblan todavía ante el Gobierno Nacional y también ante el temido y temible jefe del Centro Democrático. Y Uribe, como presidente, lo hizo porque el Gobierno Nacional era el dueño de Cedelca, donde las acciones mayoritarias eran del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Hacienda, con algo así como el 70% de las acciones. Era el que mandaba y tomaba todas las decisiones sobre el futuro de Cedelca. Lo hizo como jefe del Estado, en detrimento del Municipio de Santander de Quilichao. Caro favor que nos hizo el privatizador que no indemniza.

Cedelca, entonces, se reinauguró como una empresa nueva, de los trabajadores, que ya no tiene obligaciones con Quilichao, ni con nadie, y se liquidaron de un tajo los beneficios que teníamos los quilichagueños como socios de esa entidad, por lo cual hasta esa decisión política, se nos permitía tener alumbrado público sin tener que afectar el presupuesto público local. Ahora nos tocará pagar alumbrado público porque realmente los nuevos operadores ningún compromiso tienen sobre las calculadas decisiones que tomó el Gobierno Nacional en beneficio de la privatización.

Pues bien, todavía tenemos de dónde agarrarnos. Y es con el control político que obliga al Congreso de la República sobre las decisiones del Gobierno Nacional. Nuestra única tabla de salvación ante los fallos jurídicos que nos afectan, es un debate público que convoque la bancada parlamentaria del Cauca, donde se hagan presentes los ministros de hacienda y de minas y energía y respondan por las decisiones gubernamentales que afectaron a estas comunidades, para que puedan asumir las deudas que dejaron por los negocios mal hechos y que hoy nos quieren endilgar a los ciudadanos quilichagueños. Si no se hace así, si no se hace el debate parlamentario para que el Gobierno Nacional admita su responsabilidad, estaremos constreñidos a pagar lo que en su momento no pudieron defender las autoridades municipales ni regionales por no entender qué era lo que estaba pasando, o por permitirlo, pues sin engañarnos, el Estado nos despojó, inermes, de unos derechos que ya no vale la pena exigir porque no existen, y por eso los fallos jurídicos llegarán en contra de la comunidad.

No creo que haya otra forma de arreglar lo que no pudieron resolver oportunamente, pero creo que es una obligación de la actual bancada parlamentaria defender al pueblo, porque en sus atribuciones puede decidir sobre las nuevas medidas que deberá tomar el Gobierno Nacional sobre el alumbrado público de Santander de Quilichao, que definitivamente no es un asunto de los ciudadanos de esta atribulada y desprotegida ciudad del norte del Cauca, sino un daño que heredamos del Gobierno Nacional.

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