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Domingo, 4 de diciembre de 2022. Última actualización: Hoy

La reforma agraria en el Cauca

El martes 11 octubre, 2022 a las 10:57 am
La reforma agraria en el Cauca
La reforma agraria en el Cauca
Foto: Semana

La reforma agraria en el Cauca

Álvaro Jesús Urbano Rojas

El Ministerio de Agricultura para la vigencia 2023, asignó un presupuesto superior a los $4 billones, destinado a la formalización de tierras, incluidos los baldíos adjudicables y las ofertas voluntarias de venta de predios, sin asignar recursos para la expropiación judicial o administrativa, ni para atender el mejoramiento de infraestructura agraria, distritos de riego, vías terciarias, centros de acopio e inversión en tecnologías limpias, para hacer del campo un negocio productivo y competitivo.

Para presionar la reforma agraria, se invaden los ingenios azucareros en el norte del Cauca, algo más de 5.000 hectáreas de cultivos de caña, lo que, según Asocaña, genera la pérdida de 3.500 empleos y de más de 75.000 toneladas de azúcar. Colazos de un conflicto de vieja data y sin solución definitiva, pues la tierra podrá satisfacer las necesidades de todos los caucanos, más no la codicia de quienes pretende apropiarse del suelo, sin propósitos de productividad para impactar nuestra calidad de vida.

EL presidente Petro obtuvo en el Cauca 530 mil votos, lo que se retribuyó con el nombramiento, de Giovanni Yule en la Unidad de Restitución de Tierras, miembro representativo del Cric en la minga indígena de 2019 y promotor de las invasiones de tierras. Un departamento, donde las tierras de uso agropecuario en manos de los indígenas (según el DANE) ascienden a 129.000 hectáreas, de las cuales 30% son rastrojos improductivos. Tan sólo el 10% de los predios adjudicados, tienen algún tipo de cultivo.

La Mesa Nacional de Unidad Agraria, donde concurren actores sociales como la Organización Nacional Indígena, el pueblo negro/ afro, el Movimiento por la Defensa de los Territorios, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC, en el Foro de Desarrollo Agrario, proponen garantizar por parte del Estado, el acceso a la tierra para la población rural con criterio diferencial étnico y de género, afectando el latifundio improductivo en condiciones digna de trabajo para los asalariados del campo.

El conflicto exige soluciones concertadas, con criterios de justicia y equidad social, sin vías de hecho, ni acciones de violencia étnica. No podemos permitir que se irrespete la institucionalidad, viole la ley y se aproveche la inacción de la fuerza pública para el desalojo de las tierras invadidas. Es reprochable la falta de autoridad judicial y policiaca para resolver la problemática, cultivo para que grupos al margen de la ley y algunos funcionarios públicos corruptos, se enriquezcan con las invasiones, tal y como lo advirtió la Procuraduría Agraria.

Para estructurar nuestro modelo de desarrollo, necesitamos usar los documentos CONPES (3859 de 2016, 3951 de 2018 y 3958 de 2019), su implementación permitirá avanzar en el sistema de Catastro Multipropósito, formalizando la tenencia de la tierra, la seguridad jurídica de la propiedad predial, la creación del banco de tierras, permitiendo disponer de una base de datos actualizada y confiable para la administración de baldíos, destinada a apoyar su adjudicación a los campesinos que no tienen tierra o la tienen de manera ilegal.

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