Por: Álvaro Jesús Urbano Rojas

Hace algunos días se radicó el proyecto de ley estatutaria 209 Senado de 2013, cuyo objetivo es modificar la Ley 100 de 1993, y darle a la salud el alcance de derecho humano constitucional fundamental garantizado por el Estado como directamente responsable de facilitar y tutelar el derecho a la salud para todos los colombianos, desde antes del nacimiento y hasta la muerte.

Con un Sistema Único de Salud, con aseguramiento de carácter social, todo colombiano estará cobijado por el Sistema en igualdad de condiciones, dentro de un Plan Único que garantice el derecho a la salud a través de prestación de servicios, estructurados sobre una concepción integral, que incluye promoción de ella, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, privilegiando la estrategia de atención primaria.

La nueva Ley pretende solucionar graves problemas, concentrados en la fragmentación del modelo de salud con incentivos de los agentes intermediarios hacia la extracción de rentas en detrimento de los objetivos de salud de la población. La salud se volvió un negocio altamente rentable para los especuladores y no tuvo impacto efectivo en la calidad de vida de los usuarios.

En el Cauca, el sistema dela ley 100 de 1993 fracasó, todas la EPS orientaron la prestación de servicios hacia la resolutividad en la alta complejidad con baja capacidad de ejecución de acciones preventivas y curativas, en un entorno de transición epidemiológica y alta carga de enfermedad; los recursos destinados al Plan de Intervenciones Colectivas y programas de Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad se perdieron o dilapidaron. En las auditorías al sector salud, se encontraron hallazgos con indicadores de gestión e impacto altamente negativos y preocupantes.

Por otro lado, un aseguramiento que se centró en el manejo financiero por encima del objetivo misional de gestión de los riesgos en salud. Muchos recursos se invirtieron en edificaciones ocupadas con edificaciones circundantes al Coliseo la Estancia, donde queda el interrogante, si se financiaron con las utilidades de los operadores del sistema de salud o con la desviación de recursos destinados a atender la demanda del servicios, desnaturalizando la buena atención con barreras de acceso, generadas por la limitada resolutividad de procedimientos, con tardío diagnóstico, fallas en el apoyo de referencia y contra-referencia; generando desviaciones y complicaciones de patologías sencillas, agravadas por falta de acceso a tecnología de alta complejidad. Muchos enfermos fueron a morir a Cali por el inoportuno servicio.

Aunque la esperanza de vida al nacer mejoró en el Cauca, la mortalidad infantil no disminuyó, la desnutrición infantil es preocupante, principalmente en los territorios indígenas; el embarazo a edad temprana se disparó, la tasa de mortalidad materna aumentó. Sin desconocer que los malos resultados tienen una correlación con los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, la injerencia del conflicto armado y la dificultad geográfica en el acceso en municipios como: Guapi, Timbiquí, López de Micay, Santa Rosa y Piamonte.

Esperamos que el nuevo modelo corrija los resultados en nuestro departamento y el Gobierno Nacional diseñe políticas públicas dirigidas a optimizar los determinantes de necesidades básicas insatisfechas que redunden en mejorar la calidad de vida en nuestros municipios entendiendo que la verdadera salud se garantiza con empleo, vivienda, nutrición, saneamientos básico, agua potable, deporte, recreación y ante todo educación formal y ambiental.