Una de las más recientes noticias respecto a estos intentos, corresponden al supuesto intento que hizo el uribismo con el Ejército de Liberación Nacional, luego de que el uribismo y sus aliados en el gobierno y el congreso colombiano, vociferaran en voz y cuerpo de su vocero Iván Duque, que lo de hacer trizas la paz iba y va en serio y que, por lo tanto; la negociación con ese grupo insurgente no tenía razón de ser, no obstante que, convenientemente, el mismo Álvaro Uribe, filtrara sus maniobras a espaldas del gobierno de Duque, al que supuestamente respalda.

La otra noticia, sobre intentos de salida negociada a la conflictividad armada, fue contada, a retazos, en la declaración que hiciera alias Otoniel, supuesto máximo líder del multifacético grupo armado: Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), a la JEP, señalando, de paso, que gracias a la oposición del controvertido ex fiscal general; Néstor Humberto Martínez, reconocido opositor al proceso de paz con la ex guerrilla de las FARC-EP; el proceso con el Clan Úsuga no pudo avanzar, no obstante, las declaraciones en contrario del ex fiscal, en su columna del periódico El Tiempo y las múltiples entrevistas de lavada de cara, que le concedieron los medios aliados al uribismo.

Lo cierto es que, el macabro conteo de asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, desplazamientos y amenazas, sigue una aterradora e imperturbable tendencia al crecimiento diario, sin que, hasta la fecha, los elegidos por el pueblo, ni mucho menos, las entidades encargadas de la salvaguarda de la vida y la paz de los colombianos, hayan hecho los esfuerzos necesarios para parar el espeluznante rio de sangre que baña al territorio nacional. Este aterrador conteo se ha disparado de manera, tristemente especial, en el departamento del Cauca, en donde la institucionalidad regional y local, solo atina a tímidos actos simbólicos y a la constante convocatoria a Consejos de seguridad, cuyas respuestas y salidas, corresponden al ejercicio de copiar y pegar de lo mismo, incluida la permanente, e inútil presencia del ministro de defensa.

Frente a esta inhumana inacción de la institucionalidad, los Pueblos Indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales y populares, reunidas en minga por la defensa y el cuidado de la vida y la Paz, proponen a toda la nación colombiana, pero directamente a la institucionalidad gubernamental y los actores armados, legales e ilegales; emprender una ruta de salida negociada de los conflictos armados, en el marco del DIH (Convenios de Ginebra), la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución colombiana, el Convenio 169 de la OIT y las resoluciones de Vitoncó y Jambaló. Esta ruta, busca que los actores armados, respeten a la población civil y cesen sus hostilidades en los territorios, lo mismo que cualquier tipo de agresión a la dignidad, los usos y costumbres de los pueblos ancestrales y de la comunidad en general, declarada como víctima y por lo tanto en emergencia humanitaria.

En términos sencillos, lo que se propone es que, en ejercicio de la soberanía, el pueblo, o parte de él, asuma la búsqueda de la paz y la protección de la vida, de manera directa, en diálogos con los actores armados, toda vez que; quienes actualmente fueron elegidos para representarlos y a quienes se les delego esta facultad, no lo han hecho, se rehúsan a hacerlo o insisten en hacer trizas la paz, incumpliendo la obligación constitucional de la búsqueda, promoción y mantenimiento del derecho a la paz que tiene la nación colombiana.

Ya que, a la actual clase dirigente de Colombia, ocupada auto alabándose en fotos y videos, buscando votos a punta de contratos, nombramientos, ladrillos, tamales y plata de alcaldías y gobernaciones; le importa un bledo la vida y la paz de los colombianos, les toca a esos colombianos, asumir el deber de proporcionarse a sí mismos, su derecho a la paz, para defender su propia vida; así de sencillo y así de complicado.