Me enaltece la resiliencia de nuestra sociedad y hago un llamado a que se mantenga la fe; anhelamos y queremos la paz. Y su búsqueda ha sido mi labor desde la Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público, desde la Comisión Legal Afrocolombiana, e inclusive, desde la de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral a las que he pertenecido.

Para mí, por ejemplo, ha sido un deber político colocar en el centro de la reconciliación nacional a quienes durante tantos años de violencia fueron los más afectados, en consecuencia, nuestro trabajo fue arduo para la aprobación del Acto Legislativo que creó las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, CETP, para que en 167 municipios ubicados en 19 de los 32 departamentos del país, las organizaciones campesinas, de víctimas (incluyendo desplazados), mujeres y sectores sociales que trabajan en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región, puedan elegir sus propios representantes.

Consciente de que la tarea de convivencia para el progreso colectivo que me he propuesto es uno de los retos más complejos que enfrentamos como sociedad, seguiré trabajando para enaltecer la paz y la justicia, y para propiciar políticas públicas que contribuyan a poner fin a esta nueva historia de violencia que nos acosa.

Igualmente, seguiré trabajando por los derechos de las mujeres y de los pueblos étnicos, que han sufrido especiales afectaciones debido al conflicto armado renaciente, promoviendo políticas, programas y proyectos orientados a la reducción de brechas sociales y económicas, la inequidad y la discriminación.

En términos generales, contrario a lo que se dice en algunas tertulias, me preocupa que después de cinco años de implementación del Acuerdo de Paz, los diferentes instrumentos técnicos, programas y planes de la Reforma Rural Integral, los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, de la reincorporación y de la reparación integral a las víctimas, diseñados para generar las transformaciones que darán sostenibilidad a la paz, aún no hayan logrado articularse para dar los resultados esperados por la comunidad.

Con preocupación, reconozco que el agravamiento de la seguridad continúa siendo uno de los mayores retos y obstáculos, por la ocurrencia recurrente de asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, así como de personas en proceso de reincorporación y sus familiares, desplazamiento forzado masivo, confinamiento y otras violaciones a los derechos humanos.

Esta evolución violenta me obliga a una nueva estrategia en la función de control político y en la facultad legislativa que me han delegado los caucanos para buscar mayor inversión, con prioridad en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, definidos por el Acuerdo de Paz), a mejorar la implementación normativa que aún falta en temas sensibles, y a luchar por superar el abandono histórico o la presencia precaria del Estado en importantes regiones del Cauca, buscando un modelo de desarrollo que las integre, reconozca y preserve en su diversidad, al tiempo que procure a sus habitantes mejores condiciones de vida.

Mi gran reto seguirá siendo la paz y la participación social con alternativas que permitan avanzar y construir en la diferencia.